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Bogotá 7 Nov 2012 - 8:21 pm

Proyectos inmobiliarios tendrán que financiar hogares para los más pobres

Distrito busca que ricos y pobres vivan cerca

Camacol asegura que medida es ilegal y desacelerará la construcción.

Por: Juan Camilo Maldonado T. / Verónica Téllez Oliveros
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Según cifras oficiales, en Bogotá faltan 180 mil viviendas de interés prioritario. / Archivo

Una de las más polémicas medidas de la ya polémica alcaldía de Gustavo Petro está pronta a ver la luz. La Secretaría de Hábitat se encuentra dándole las últimas puntadas a un decreto que, una vez expedido, incrementaría considerablemente el número de áreas residenciales de Bogotá donde pobres y ricos vivirán puerta a puerta.

El Espectador conoció el borrador de este decreto que, palabras más, palabras menos, obligará a los constructores de la ciudad a destinar un 20% de sus proyectos inmobiliarios —sean estos en un exclusivo sector del norte de la capital, en el centro de la ciudad o en las áreas periféricas de expansión urbana— para la construcción de vivienda de interés prioritario, la más barata y menos rentable que hay hoy en el mercado.

El decreto aplicará para los constructores que pretendan desarrollar proyectos nuevos, ya sea en suelo urbano o de expansión, o en predios donde se intervenga una estructura preexistente de renovación urbana o de consolidación.

Una norma similar venía siendo aplicada desde 2004 por el Distrito. Sin embargo, según quedó entonces consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial, los constructores tenían la opción de construir vivienda de interés prioritario (máximo $40 millones) o social (máximo $73 millones y, por ende, más rentable). Por lo general, era la segunda la que se escogía.

Con la norma, a la que se le ajustan detalles, los proyectos inmobiliarios futuros serían obligatoriamente de interés prioritario. Adicionalmente, la norma se aplicará a aquellos constructores en predios de “consolidación”, es decir, aquellos donde, por ejemplo, un constructor compra una casa para luego construir encima un edificio. Este tipo de proyectos no cuentan con la misma obligación en la norma actual.

Adicionalmente, el mismo decreto obligaría a los constructores con planes parciales ya aprobados, siempre y cuando el proyecto no haya sido construido dentro de los tres años posteriores a la expedición del mismo.

Durante el primer año, la obligación será del 20%, mientras que desde el segundo año se incrementará al 30%. Quienes no quieran construir la vivienda sobre el mismo lote deberán “trasladar la obligación” a proyectos de vivienda de interés prioritario que adelanta el Distrito. Es decir, deberán hacerse cargo del equivalente a ese 20% en lotes como El Pulpo o Villa Karen, que actualmente le cedió el Distrito al Ministerio de Vivienda para que allí se construyan las viviendas gratis del gobierno nacional. Sólo “de manera excepcional” el Distrito permitirá que la “obligación” se efectúe mediante el pago de efectivo.

El borrador del decreto, que ha circulado ampliamente entre los miembros del sector constructor, ha causado una profunda molestia. Incluso la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) le envió una carta al alcalde, Gustavo Petro, en la que tilda la medida de ilegal y asegura que ésta desincentivará la construcción en la capital, “afectando en el corto y mediano plazo a indicadores tan importantes como la generación de empleo, el PIB y la atención del déficit de vivienda imperante en Bogotá”.

La administración ha negado en varias ocasiones que la medida desacelere aún más la construcción en la ciudad. Para sustentarlo, la secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, ha asegurado que una resolución aprobada en julio de este año, que obliga a la construcción de proyectos en más de 1.000 lotes de engorde que hay en la ciudad, incrementaría la disponibilidad del suelo, reduciendo así su precio y el costo de los proyectos inmobiliarios.

Independientemente de quién tenga la razón —los constructores o el Distrito—, el decreto promete abrir un nuevo aparte en la colección de tensiones ya existentes entre los actores privados de la capital y la administración progresista. Tanto es así, que la secretaria María Mercedes Maldonado le manifestó recientemente su molestia a la gerenta regional de Camacol, Martha Cecilia Moreno, por haber filtrado a los medios de comunicación un borrador del decreto que estaba siendo discutido por ambos lados. “Asumo entonces que con el documento hecho público por ustedes, se da por cerrado el intercambio de aportes y observaciones”, declara Maldonado en la misiva.

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