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La Administración Distrital, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) desarrolló un pacto por la madera, que busca garantizar que el material de este tipo que ingrese a la ciudad sea cien por ciento legal, puesto que Bogotá es capital de la industria forestal transformadora de madera en el país, y se ha consolidado como la ciudad que más demanda volúmenes de madera de bosque nativo: 500 mil metros cúbicos al año, aproximadamente.
El programa que adelanta la SDA fue denominado ‘Alianza Intersectorial por la Madera en Bogotá’, y busca que la madera que ingrese, salga, se comercialice, transforme y se utilice en la capital del país, sea cien por ciento legal bajo las normas que regulan el recurso forestal en Colombia. El pacto fue aceptado y firmado por depósitos, fábricas y comercializadoras de madera.
Al pacto se sumaron entidades nacionales y distritales como la Cámara de Comercio de Bogotá; las Secretarías General, de Integración Social, Hábitat y Planeación; el IDIGER; el ICA; la UAESP; la DIAN; y la Policía Nacional; además de más de 150 industrias forestales y otros.
La autoridad ambiental de Bogotá comunicó que mantiene vigilancia permanente a 2.891 empresas que tienen registro de operación, por lo que en los últimos 5 años se han decomisado más de 326 metros cúbicos de madera, equivalente a 32 camiones llenos del recurso. Asimismo, informó que avanza en el registro de nuevos establecimientos.
Según el Distrito, las especies más traficadas son el Cedro, Flormorado y Chingale, procedentes de bosque natural; y Eucalipto y Pino procedentes de plantaciones forestales.
La Secretaría Distrital de Ambiente realizó controles y promoción de acciones de prevención a 8 subsectores que tras luego del proceso logró identificar. Estos son: depósitos-aserradero, carpinterías, fábricas, talleres de artesanías, secadoras, comercializadoras, inmunizadoras y viveros.
Las sanciones para quienes utilicen madera de procedencia ilegal, puesto que su uso es considerado un delito de tráfico de flora silvestre, pueden alcanzar hasta los 35 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes y hasta nueve años de prisión, el decomiso de los productos y el cierre del establecimiento.