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La Secretaría de Educación a través de un comunicado oficial informó que varios de sus funcionarios son objeto de presión frente al proceso de contratación de refrigerios escolares que actualmente adelanta, cuyo rubro supera los 175 mil millones de pesos y con el que se beneficiará a más de 672 mil estudiantes.
“Se busca amedrentar o incluso hacer renunciar a funcionarios clave para favorecer intereses de algunos contratistas”, afirmó el secretario de Educación del Distrito, Óscar Sánchez Jaramillo, quien rechazó contundentemente este tipo acciones, por lo que ha presentado las denuncias respectivas a los organismos de control.
Adicionalmente, ha solicitado acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, Veeduría Distrital y Personería Distrital para que realicen seguimiento al proceso.
Uno de los hechos más recientes han sido los reiterados anónimos de los que ha sido víctima la directora de contratos, Lissette Murcia Rincón, quien el pasado 12 de marzo instauró ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia penal en contra de personas indeterminadas por el presunto delito de calumnia agravada, en atención a todas las presiones recibidas a través de dichos anónimos.
A esto se suma, el conflicto de intereses, competencias y entorpecimiento que se han presentado en los procesos de contratación para el suministro de refrigerios durante los últimos años, con los cuales ha tenido que lidiar esta Administración, la cual ha realizado todos los esfuerzos para blindarlos, generando mayor transparencia, seguridad, confianza y eficiencia en los procesos contractuales. Así como asegurar la calidad de la alimentación que se brinda a los estudiantes.
“En el actual gobierno se ha pasado de 477.000 suministros diarios a 672.200. El proceso de contratación de refrigerios para adjudicar este año tiene un valor de 175 mil millones de pesos, es la compra más grande que adelanta la Secretaría de Educación. Los proveedores interesados luchan a brazo partido por conseguir esos contratos.
La pregunta es: ¿luchan compitiendo entre los proveedores con productos idénticos para que se contrate a quien ofrezca el mejor precio dejando por fuera a otros? Esa libre competencia es lo que está en el espíritu de la norma que rige la contratación pública. ¿O luchan para hacer que la Secretaría de Educación ajuste los pliegos y procedimientos de compra a los intereses de quienes participan y quedarse todos con un pedazo del contrato al mayor precio posible? Y sobre todo, si es que la lucha que libran es más para presionar a la SED que para competir entre ellos, ¿con qué método presionan?, ¿se ponen de acuerdo para acordar si participan o no en bloque?, ¿se ponen de acuerdo para presionar por un precio?, ¿intimidan a funcionarios y hacen alianzas políticas que los protejan?
“Debemos aclarar de antemano que se trata de un asunto complejo, pues las dimensiones de lo que se distribuye en el programa de alimentación escolar en Bogotá son tan grandes que en algunos insumos hay un oligopolio natural. Además, las empresas medianas que están participando de este mercado dependen en gran medida de los contratos de la SED; y por lo tanto, ganar o perder un contrato en un proceso competitivo puede significar la prosperidad o la quiebra de esas empresas, y eso hace comprensible que luchen muy duro por mantener su participación en el negocio”, agregó el secretario de Educación.