Distrito está obligado a responder de fondo inquietudes sobre el metro

El Espectador

Que la alcaldía deje de hacer anuncios sin sustento, sobre la construcción de la primera línea del metro, fue la batalla que comenzó la representante a la Cámara, Angélica Lozano. Para demostrar que todo lo que se ha dicho hasta el momento el Alcalde Enrique Peñalosa no tiene respaldo técnico, la congresista radicó una serie de derechos de petición a la Alcaldía, Transmilenio y la secretaría de Movilidad. (LEA: “¿Otro cheque chimbo para el metro?”: Angélica Lozano)

Según ella, las respuestas siempre fueron vagas, incompletas y evasivas. Por eso decidió presentar una tutela, para que la justicia le ordenara a la administración responder de fondo a sus peticiones. La semana pasada, un juez le dio la razón a Lozano, y le ordenó al Distrito responder de fondo y con todos los anexos necesarios (para poder hacer control político)  a todas las peticiones de la congresista. (LEA: Así será el “alto y esbelto” metro del alcalde Peñalosa)

De acuerdo con el juzgado, la administración vulneró los derechos de Lozano, al no responder con todos los anexos sus peticiones. Aunque en su momento los funcionarios de la administración indicaron que no se pronunciarían frente al caso y que responderían de fondo al Juzgado, en el fallo se encuentra que la Alcaldía, la secretaría de Movilidad y Transmilenio se limitaron a pedirle al juez que desestimara la petición de la congresista, porque no se había violado ningún derecho.

Sin embargo, al analizar las peticiones y las respuestas, el juez encontró que efectivamente fueron incompletas y no resolvían de fondo las inquietudes de Lozano. “La pronta resolución no implica que deba brindarse una respuesta cualquiera, ambigua o no concreta frente a sus pretensiones. La misma debe estar orientada con el principio de la eficacia y la aceptación de lo pedido… Al analizar las respuestas se observa que se vulnera el derecho fundamental de petición, por cuanto las entidades accionadas impiden o limitan la efectividad de la realización del control político…”

“Se observa, además, que Transmilenio y Movilidad no ha prestado toda la colaboración en las peticiones, estableciendo límites que impiden la materialización efectiva de un verdadero control político, puesto que solo hasta que se interpuso la acción de tutela, se allegaron los anexos y se contestaron algunas peticiones. En otros casos no se allegó respuesta de fondo”, dice el fallo en el que el juez fue enfático en indicar que cuando un ciudadano manifieste el ejercicio de un control político no basta con información general, toda vez que debe emitir una respuesta de fondo.

La tutela
Con la tutela, explica la congresista, esperaba que un juez le ordenara a la administración entregar las copias de los soportes técnicos que respaldaron los anuncios del trazado y las características del metro elevado. Y en caso de no tenerlos, que reconozcan públicamente que no tienen nada. Para ella, el reciente anuncio de la expedición del Conpes “es otro cheque chimbo para el metro”.

Y agregó: “Si el metro elevado sin estudios cuesta $13 billones y el presidente dice que ya viene el desembolso, lo que pedimos son los soportes, para ver los estudios técnicos y la justificación. Si la respuesta es que no están listos, sencillamente lo que han presentado es carreta. O que reconozcan que están ocultando información y que no quieren que nadie los controle”.

Lozano explica que, si no hay documentos, soportes ni estudios técnicos, no puede existir un Conpes que garantice la transferencia de recursos de la nación. “En el presupuesto aprobado no hay un peso para el metro, porque todo ha sido un cuentazo”.

“Quiero equivocarme y pensar que sí existen, y que lo que hay es una obstrucción para negar información al Congreso, para que nadie los vigile y los acompañe en lo que está bien o para hacer las críticas a tiempo, no cuando el ojo esté afuera y llegue otro alcalde a empezar de cero”, concluyó.