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Tras seis años de críticas a un contrato de alquiler de vehículos para la Policía y el Ejército que el Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV) firmó en 2009, la entidad modificó el proceso: dejará de arrendar para comprar. El argumento es reducir costos. Así lo señaló el director del FVS, Máximo Noriega, quien reconoció que el arrendamiento fue un mal negocio para el Distrito. Paradójicamente, este mea culpa surge luego de que la actual administración le alargó la vida a ese convenio casi dos años, haciendo que un valor inicial de $64.695 millones terminara en $104.000 millones.
La necesidad de comprar carros obedece a que el próximo viernes termina el contrato de arrendamiento y a la administración se le acabaron las alternativas para seguir prorrogándolo y esta semana tendrá que devolver 196 patrullas, 100 camionetas, 144 automóviles y 10 camperos que estaban al servicio de los entes de seguridad. Para reemplazarlos, el FSV compró 166 motocicletas y 330 carros (automóviles, camionetas y patrullas tipo van) por casi $21.000 millones. La negociación se hizo a través de la Tienda Virtual de Estado, donde compró a un costo por debajo del precio del mercado.
“El FSV ya nos entregó las motos para reponer parte de los carros y se usarán en el Plan 75/100, ya que hay barrios donde sirven más. Los otros carros los recibiremos cuando estén los documentos en regla. Lo importante es que la entrega sea a tiempo, para evitar traumatismos en el servicio”, dijo el coronel Marlon Díaz, jefe administrativo de la Policía de Bogotá.
De acuerdo con Noriega, la compra se hizo a través del mecanismo de adquisición más transparente y económico que existe actualmente, “y decidimos comprar, porque vimos que el contrato de arrendamiento no era recomendable para la administración. Si se hacen cuentas, alquilar siempre termina más costoso que comprar. Por esta razón, dimos por terminado ese contrato de arrendamiento para adquirir los automotores”.
* Los carros alquilados
Sin embargo, detrás de esta compra y del argumento de hacerlo por ahorrar costos hay una pregunta: ¿por qué tardaron casi tres años en hacerlo? Aunque el director del Fondo de Vigilancia explicó que este contrato de alquiler fue una herencia de la alcaldía de Samuel Moreno y que se firmó en la época del carrusel de la contratación, es claro que la administración Petro pudo haberlo liquidado antes y renovado la flota de la Policía hace más de dos años. Sin embargo lo mantuvo vivo con adiciones, hasta que se le acabaron las opciones para seguirlo prorrogándolo.
Los vehículos que hoy deben devolver la Policía y el Ejército fueron alquilados tras un proceso de subasta inversa que ganó la firma Equirent, pese a que en varias evaluaciones resultó inhabilitada por aspectos que fueron subsanados. La entonces directora del FSV, Claudia Patricia Otálora (también procesada por el carrusel), adjudicó y firmó el contrato el 24 de diciembre de 2008. Desde el inicio se notaron posibles irregularidades: pese a que el Fondo tenía autorizados $61.300 millones (recursos propios y vigencias futuras) para el contrato y que según registros de la Cámara de Comercio el contratista tenía en 2009 una capacidad máxima de contratación de $53.000 millones, el contrato se firmó por $64.695 millones.
El objeto inicial fue alquilar 517 carros, de los cuales 42 eran para el Concejo (por 48 meses), 52 para el Ejército (por 36 meses) y 421 para la Policía (por 36 meses). El mantenimiento, los seguros y los impuestos corrían por cuenta del contratista. Terminado el plazo, la idea era abrir un nuevo proceso para renovar el parque automotor. Sin embargo, se hicieron 13 otrosíes que sumaron $40.000 millones más al contrato, con lo que mantuvo el alquiler sobre los mismos carros, a pesar de que habían cumplido su ciclo. Al final, las prórrogas llevaron este arrendamiento a un monto final de casi $104.000 millones, es decir, cerca de $17.000 millones anuales.
Al hacer cuentas, el Distrito pagó en promedio por cada automotor casi $230 millones en seis años, lo que supera la suma del costo del vehículo, impuestos, seguros y mantenimiento. Por ejemplo, los vehículos arrendados fueron camperos Gran Vitara (que hoy valen $60 millones), camionetas Mazda BT50 ($66 millones), vans Mitsubishi L300 ($60 millones) y automóviles Renault Logan Expression ($28 millones) y Kia Rio ($39 millones). Teniendo en cuenta estos precios de carros 2015, se muestra cómo el Distrito pagó en este tiempo entre tres y seis veces el valor de cada carro, un sobrecosto que se pudo ahorrar para invertir en otros aspectos de seguridad.
Y aunque los expertos en alquiler de vehículos señalan que esta es una buena figura cuando el objeto de la institución no es administrar carros, porque ayuda a distribuir mejor los recursos y reducir la carga administrativa, aclaran que “esto es negocio cuando se paga un precio justo”. De acuerdo con funcionarios de Renting Colombia, filial de Bancolombia, el costo del alquiler varía según el vehículo, la gama, el kilometraje, el servicio que va a prestar y los años del contrato. Si la entidad es pública, los precios son casi 20% más bajos.
Sin embargo, esto no fue lo que ocurrió con lo que pagó el Distrito en el contrato con Equirent. Por un lado, al cotizar el costo del alquiler de los mismos vehículos con otras empresas, se encuentra que en el mercado hay precios más bajos que los del contratista. Por el otro, sólo con los $64.000 millones que costó el contrato inicial de arrendamiento, el Distrito hubiera podido comprar el mismo parque automotor ($25.000 millones) y hubiera podido asegurarlo y garantizar el mantenimiento por los seis años ($7.000 millones anuales). Es decir, de $104.000 millones que finalmente costó el arrendamiento, la administración se hubiera ahorrado casi $40.000 millones que fueron a parar al bolsillo de privado.
Aunque es claro que el contrato lo firmó la anterior administración, la actual hizo poco por corregir a tiempo. Es más, con la mitad de lo que pagó en prórrogas también pudo haber renovado mucho antes el parque automotor para los organismos de seguridad. Sin embargo, sólo hasta ahora busca revertir el mal negocio de los carros alquilados, con otra cuantiosa inversión que asciende a $21.000 millones, cambiando gran parte de los vehículos por motos.
Aunque Máximo Noriega, jefe del Fondo de Seguridad y Vigilancia, finalmente reconoció que el contrato de arrendamiento con Equirent no fue conveniente y era una “herencia” de la época del carrusel, al preguntarle por qué la actual administración lo prorrogó y lo mantuvo por casi dos años, su respuesta es diciente: “Apenas llevo tres meses en el Fondo y procedí a dar la orden de liquidar ese contrato. Debo aclarar que, al igual que ese, estoy corrigiendo otros que vienen desde la anterior administración para evitar que privados se sigan lucrando con los recursos del Estado”.
Por ahora, como dice el coronel Marlon Díaz, jefe administrativo de la Policía Metropolitana, sólo resta esperar que el FSV cumpla con la reposición de los vehículos en la próxima semana para evitar traumatismos en el servicio de seguridad. Según el propio jefe del Fondo de Seguridad y Vigilancia, la entrega oficial será el 13 de noviembre en la Plaza de Bolívar, en un evento público, con lo que finalmente se cambia la modalidad de contratación para adquirir estos carros, que de haberse hecho antes le hubiera ahorrado al Distrito al menos $50.000 millones del erario.
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@alexmarin55