“En los ranchos vivíamos cuatro familias, once niños y siete adultos. Algunos llegamos desplazados de Caquetá y otros de Balboa, Cauca. De eso ya hace como cinco años. En esa época nos dijeron que en Ciudad Bolívar era fácil conseguir vivienda, así encontramos este terreno y preguntamos si podíamos construir algo. Primero fue una pieza pequeña, luego fuimos levantando el rancho, el baño, la cocinita, todo reciclado. Ya teníamos agua potable y luz, y estábamos bien. Eso era todo lo que teníamos hasta el fin de semana. Hasta el día en el que el fuego acabó con todo”.
Antes de seguir contando la historia, Ángela Ospina* hace una pausa, duda. Teme que las personas que quemaron su casa la encuentren y le hagan daño. Su primer infierno lo vivió cuando tuvo que salir huyendo de la violencia desde Cauca. El segundo empezó el pasado sábado en la madrugada.
Ese día la despertó el bullicio. Afuera, sobre unos escombros, yacía el cuerpo sin vida de un muchacho de 16 años. Después se daría cuenta de que se llamaba Carlos Andrés Cupitra. No pasaron dos horas cuando los familiares y amigos del muchacho ya estaban en el lugar lamentando su muerte, amenazando a los vecinos y lanzando piedras a los otros ranchos.
“Nos dijeron que si no decíamos quién lo había matado íbamos a pagar. Me fui a buscar un camión para sacar las cositas de la casa, pero cuando volvimos al otro día ya nos habían quemado todo”. Ayer los que quedaron en el barrio insistían a la Policía para que vigilara, temerosos de correr la misma suerte.
Su drama es sólo uno de los miles de casos que padecen los 350 mil desplazados que sobreviven hoy en Bogotá, de acuerdo con cifras de la Alta Consejería para las Víctimas. Sólo en Ciudad Bolívar se estima que son 8 mil y la cifra aumenta a diario.
Llegar a la ciudad no es ninguna garantía para estas personas. Pese a que semanalmente llegan a la ciudad 60 nuevas familias desarraigadas, son muy pocas las que logran superar los trámites del Distrito para acceder a salud, educación y vivienda. Eso sin contar con que, según la Secretaría de Hábitat, actualmente el déficit de vivienda es de 258 mil.
Sin embargo, los anuncios del alcalde Gustavo Petro prometen dar un giro al respecto. De acuerdo con Ana Teresa Bernal, alta consejera para las víctimas, Petro hará sus mejores esfuerzos para reparar a las víctimas y conseguir los $1,6 billones necesarios para permitir que accedan a una vivienda digna, lo que se lograría a través de una modernización tributaria que tendría que ser aprobada en el Concejo.
En esta zona de Ciudad Bolívar viven 53 personas, la mayoría son niños, la mayoría son desplazados y todos levantaron sus casas en terrenos de invasión. La cifra se la sabe de memoria Inocencio Cepeda, presidente de la junta de acción comunal del barrio y quien desde 2009 ha buscado por todos los medios que en el lugar pongan un CAI permanente de la Policía y les den una solución de vivienda a estas familias.
Parado al frente de las cenizas de lo que fuera la vivienda de Ángela, así resume Inocencio Cepeda su petición: “No podemos esperar a que pasen estas cosas para actuar, aquí hay gente vulnerable y ya es hora de que el Distrito les dé una vivienda. Espero que el alcalde de verdad cumpla con las víctimas como lo ha dicho”.
* nombre cambiado por seguridad