La necesidad y la premura por comenzar la recuperación del hospital San Juan de Dios han llevado a que la Alcaldía invierta en una propiedad que aún no es suya. El diseño de un plan para recuperar su valiosa arquitectura, contratos para “el mejoramiento de las coberturas vegetales” y el mismo arrendamiento hacen parte de los recursos que el Distrito ha destinado hasta ahora como preámbulo a lo que debe ser la intervención integral. Por eso, ante la incertidumbre en la que quedó la compra que la administración quiere hacer, cabe recordar que las implicaciones de que el negocio se frustre no sólo tienen que ver con más demoras para recuperar los edificios, sino con la posibilidad de que millonarios recursos queden a la deriva.
El Concejo ha criticado duramente las inversiones, pero el Distrito las justifica en la necesidad de intervenir inmediatamente para evitar que continúe el deterioro. Además, dice la directora del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), María Eugenia Martínez, la administración también cumple un mandato judicial: el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en 2012 ordenó a Alcaldía, Gobernación y Nación que no dejaran caer ese símbolo de la arquitectura y de la salud del país. Hasta ahora las inversiones han corrido por cuenta del Distrito.
En 2013 se destinaron $1.450 millones para que la Universidad Nacional diseñara un Plan Especial de Manejo y Protección, que entregó el pasado 16 de marzo y está en revisión. Tras un diagnóstico de las 24 edificaciones del complejo (ver gráfico), su futura aplicación es el gran sueño de la Alcaldía, porque da una hoja de ruta para las intervenciones definitivas y para la reapertura del centro asistencial.
Propone invertir $746.624 millones en cuatro etapas durante nueve años, para hacer una reapertura gradual. Sin embargo, solo podrá ejecutarse con la venia del Ministerio de Cultura (por tratarse de un patrimonio nacional) y una vez el Distrito sea el dueño del hospital. Es decir, aunque los diseños para recuperar el San Juan se pagaron y están listos, toca esperar a que el Distrito lo adquiera (un proceso que sigue enredado). Además, recuerda la directora del IDPC, para comenzar deben resolver el conflicto con los extrabajadores que habitan las instalaciones.
Mientras se terminaban esos diseños, el Distrito se arriesgó a firmar un contrato para ocupar las instalaciones en arriendo, buscando hacer intervenciones menores para las que no requiere la venia del Mincultura. La Empresa de Renovación Urbana (ERU) asumió la obligación en enero pasado con el liquidador de la Fundación San Juan de Dios para pagarle $750 millones mensuales ($9.000 millones por el año). Optaron por el arriendo, precisamente, porque el registrador encargado de legalizar la venta en la que se habían embarcado debía definir primero si esa Fundación era dueña del complejo, algo que, aunque ambas partes creían cierto, en ese momento no era claro. En caso de que se concretara la venta, lo que el Distrito pagara por arriendo serviría como abono a los $150.000 millones que costaba la transferencia total del complejo. La semana pasada, sin embargo, el registrador concluyó que la Fundación no puede vender porque la dueña es la Gobernación de Cundinamarca.
El dinero que se ha comprometido con el arriendo solo se salvará si, en segunda instancia, el superintendente de Notariado reversa la decisión y define que la Fundación es la dueña, pues así continuarán los planes del Distrito y del liquidador. Si, en cambio, confirma que la propietaria es la Gobernación, se perderán los $9.000 millones del arriendo, pues el liquidador, Pablo Leal, no los devolverá, como ya le confirmó él a este diario.
Esto no quiere decir que la Alcaldía nunca podrá adquirir el hospital. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, asegura estar comprometido a vendérselo por el mismo precio en caso de que la propiedad le corresponda a la Gobernación. Ese trámite implica, en todo caso, más demoras, pues Cruz debe presentar un proyecto de ordenanza a la Asamblea departamental pidiendo facultades para vender. En ese caso las obligaciones con los trabajadores ya no serían tampoco de la Fundación, por lo que la Gobernación debería asumirlas. Cruz dice que debe esperarse qué parte le corresponde a la Beneficencia de Cundinamarca (que administró el hospital hasta 1979) y qué parte al propio departamento.
Valiéndose del arriendo de los predios, la ERU, a nombre del Distrito, ha optado por hacer intervenciones previas a la compra para ir preparando la recuperación. Primero firmó un contrato por $100 millones con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) para “realizar un evento artístico”, buscando apropiación por parte de la ciudadanía. El 13 y 14 de marzo se celebró un concierto en las instalaciones y además Idartes mantiene programación allí. Con el Jardín Botánico, la ERU contrató “el mejoramiento de las coberturas vegetales”. La empresa aporta $1.000 millones y el Jardín, $200 millones.
Aunque Nicolás Corso, gerente (e) de la ERU, no respondió la solicitud que desde la semana pasada le hizo El Espectador para responder sobre este tema, este diario conoció que se pretende continuar con la ejecución de los contratos hasta que se defina de quién son los edificios.
La compra del hospital puede desenredarse y estas inversiones, rendir los frutos esperados. Por ahora, sin embargo, corren el riesgo de servir solo en un tiempo aún indeterminado.