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Bogotá 2 Mayo 2013 - 4:40 pm

Denunciado ante la Personería Distrital

Edil de Bogotá, en líos por posible discriminación

Álvaro Sánchez C. aseguró que no era apropiado destinar recursos para los LGBTI, agregó que magistrados, senadores y jueces están comprando niños para tener relaciones sexuales.

Por: Pilar Cuartas Rodríguez
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El edil Álvaro Sánchez Carrillo, de la localidad de La Candelaria de Bogotá, posiblemente enfrentará un proceso disciplinario ante la Personería Distrital por sus fuertes opiniones contra la comunidad LGBTI y por haber hecho graves acusaciones contra funcionarios públicos. El político, no solo expresó abiertamente su rechazo contra las políticas públicas de la administración del alcalde Gustavo Petro, encaminadas a la protección de la comunidad LGBTI, sino que indicó que senadores, magistrados y jueces estaban comprando niños para tener relaciones sexuales. La polémica opinión de Sánchez Carrillo está consignada en una grabación (ESCUCHAR AUDIO), que hoy es el principal respaldo de la queja disciplinaria que presentó un docente de derecho ante la Personería Distrital, en contra del edil.

El episodio, que hoy enreda a Sánchez Carrillo ocurrió el 12 de enero de 2012, cuando la Junta Administradora Local discutía la elección del representante al Comité Territorial Participativo Distrital (CTDP). Ese día su intervención inició afirmando: “La persona que escojamos debe representar nuestras posiciones, porque esto es algo muy grande para la ciudad. El fortalecimiento de la familia es uno de los principios más importantes. Sin embargo, en las últimas dos administraciones se ha promovido mucho el LGBTI”.

A renglón seguido cuestionó el hecho de que la administración del alcalde Gustavo Petro estuviera invirtiendo dinero en “estas minorías”, sin consultar democráticamente al pueblo de si se debe o no invertir en esta población. Y agregó: “Se deben respetar los derechos, pero no pueden promulgar como si fuera algo positivo o como si eso fuera algo bueno… lo que vemos es que hay una minoría del cero punto algo, que está haciendo lo que se le da la gana”.

Pero las afirmaciones del edil no se limitaron a cuestionar el apoyo a la comunidad LGBTI, sino que fueron más allá. En su intervención la emprendió contra funcionarios públicos. La mayoría de la comunidad LGBTI “están metidos con los jueces y hay una cantidad de perversos o pervertidos…se acuestan con 5, con 20 o 30 personas. Se acuestan con niños. Se acuestan con niñas…porque los que están comprando eso niños son jueces de la República, senadores y magistrados. Y tenemos un gran problema y es que la gente se hace elegir y no dicen si son o no LGBTI. Se eligen homosexuales y bisexuales, pero si el pueblo supiera qué clase de personas son no votarían por ellos, pero es que acá se le miente al pueblo” concluyó Sánchez Carrillo.

Juan Carlos Prieto, director de diversidad sexual de la Secretaría Distrital de Planeación, calificó estas afirmaciones como desafortunadas, porque “promueven el odio y siguen reproduciendo el imaginario errado de que los LGBTI son ciudadanos de segunda categoría”. Prieto le recordó al edil que los servidores públicos tienen una responsabilidad de garantizar los derechos de las personas, sin importar la orientación sexual, la raza o la etnia. Y ante las críticas por los recursos que invierte el distrito en la protección de esta comunidad, señaló que la política pública LGBTI de la capital desafortunadamente es la que menos recursos tiene, pero que en la administración actual se le ha dado un mayor impulso.

Por su parte, Juan Pablo Monrroy, docente de derecho y quien instauró la queja ante la Personería, indicó que las intervenciones del edil exponen una actitud discriminatoria contra la comunidad LGBTI, que se tipifica dentro de los nuevos tipos penales enmarcados en la ley Antidiscriminación, y también posibles calumnias contra los funcionarios públicos, razón por la que lo deben investigar y sancionar.

El Espectador se comunicó con el edil Álvaro Sánchez Carrillo pero este se negó a dar una declaración vía telefónica.

Datos:

-Según el Código Disciplinario Único Ley 734 de 2002: son deberes de todo servidor público:

Articulo 34 Numeral 38: Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

-Articulo 35 A todo servidor público le está prohibido:Numeral 23: Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las personas que intervienen en los mismos

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