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Por primera vez desde que se promulgó la Constitución de 1991, una decisión administrativa acabó ayer, prematuramente, con el mandato que el voto popular había designado en la capital. La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General la dejó en firme: Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años por su responsabilidad disciplinaria en los errores que rodearon la implementación del esquema Basura Cero. Para el mandatario, el Ministerio Público cometió “un abuso de poder” y, una vez más, tildó de “fanático religioso” al jefe de ese organismo, Alejandro Ordóñez. Además, le pidió al presidente Juan Manuel Santos no “caer en la trampa del procurador. Debe esperar la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Una vez se conoció la noticia, los seguidores del gobierno de Progresistas, los indignados con las actuaciones del procurador y quienes consideran que el fallo disciplinario constituye una injusticia, fueron convocados a la Plaza de Bolívar de la capital para protestar. Anoche, con la multitud frente a su balcón, Petro manifestó su esperanza de gobernar hasta el final de 2015 y añadió que, si se conocen noticias de la justicia durante esta semana, habrá una gran celebración en el centro de Bogotá. Mientras tanto, convocó a una “movilización nacional por la democracia, con sentido constituyente. Vamos a terminar haciendo una nueva Constitución con garantías de aplicación”, aseguró.
Petro dijo que deberá irse del gobierno distrital sólo si el presidente Santos ratifica la decisión. La Procuraduría, entre tanto, advirtió que el alcalde destituido en segunda instancia debe dejar el Palacio Liévano una vez sea notificado, personalmente o mediante edicto. Incluso, Ordóñez dijo en declaraciones a la prensa: “Le pido al presidente Santos, cuando esta sanción esté en firme, que cumpla sin dilación la destitución del alcalde dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la misma. El presidente encarna la institucionalidad y le corresponde defenderla”.
Ambas interpretaciones no sólo distan en cuanto al momento en que Petro debe dejar su despacho en la Alcaldía. También en lo que respecta a si existe o no un camino alternativo para que el único desmovilizado de un grupo irregular que ha llegado al segundo cargo político en importancia de Colombia no pierda la dignidad de alcalde mayor de Bogotá.
El petrismo cree que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede, mediante medidas cautelares, frenar los efectos de la decisión de la Procuraduría. El alcalde le pidió al presidente que esperara a que la CIDH se pronunciara sobre el tema. También su abogado Mario Iguarán dijo que el Tribunal Superior de Bogotá puede tomar una medida preventiva para detener el fallo disciplinario. Mientras tanto, Ordóñez decía en una rueda de prensa que aún si la CIDH se pronuncia en favor de Petro, esa decisión no tendría que ser adoptada por el Gobierno colombiano. “El Sistema Interamericano es una justicia complementaria, no sustitutiva”, apuntó.
En la Casa de Nariño tienen claro que así el presidente Santos considere improcedente destituir a Petro, no entrará a cuestionar la autoridad de la Procuraduría de Ordóñez para emitir este fallo. Una vez el primer mandatario sea notificado de la destitución (lo que ocurrirá a más tardar el 29 de enero, según el jefe del Ministerio Público), le dará ejecutoria y nombrará a alguien de su despacho para que se haga cargo de la administración capitalina. Luego, en un plazo máximo de dos meses, se convocará a elecciones atípicas para que Bogotá tenga un gobierno elegido democráticamente hasta el próximo 31 de diciembre de 2015.
Lo único que podría frenar este trámite es que, antes de que el presidente deje en firme el fallo, la CIDH le otorgue las medidas cautelares a Petro. Ese freno se daría siempre y cuando el Gobierno colombiano, como es su tradición, obedezca y las conceda. No obstante, en el Gobierno y en los sectores más conservadores del espectro político se comienza a insinuar la tesis de que lo único del Sistema Interamericano que es vinculante son las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, superior jerárquico de la Comisión.
Al tiempo, fuentes del Gobierno y algunos especialistas consultados por este diario dicen que sería improbable que la CIDH conceda las medidas a Petro y que Santos las acate, pues se abriría la posibilidad de que todos los funcionarios elegidos popularmente y destituidos por vía administrativa se apegaran a esta jurisprudencia para pedir que se les restituyan sus cargos. Además, sostienen que lo más probable es que la Comisión le pida al alcalde destituido que, si mantiene su versión de que la actuación de la Procuraduría viola sus derechos políticos, someta el caso a la Corte Interamericana, proceso judicial que podría tardar entre cinco años y una década.
El camino a la destitución
La inclusión de los recicladores en el modelo de basuras —ordenada por la Corte Constitucional en 2011—, las altas tarifas y las excesivas ganancias de los operadores privados, Aseo Capital, Lime, Ciudad Limpia y Atesa, fueron los principales argumentos por los que Petro decidió jugársela y crear un nuevo esquema, acorde con su visión de “defensa de lo público”. Lo hizo en la tarde del 23 de agosto de 2012, cuando en una tertulia con periodistas de la ciudad, y sin mayores detalles, anunció que a partir de diciembre la ciudad tendría una empresa pública para hacer las tareas de recolección, barrido y limpieza. Días antes, el mandatario había advertido a los empresarios que, de no reducir la tarifa al usuario, no prorrogaría sus contratos.
El anuncio del alcalde fue seguido por una polémica sobre cómo se haría la recolección de basuras desde diciembre de 2012, en medio de anuncios como el que hizo en El Espectador el exgerente del Acueducto Diego Bravo, acerca de hacer la recolección de los residuos incluso con volquetas. Pese a la controversia y las advertencias de los entes de control distritales y nacionales sobre los riesgos de que Petro implementara su modelo, el esquema comenzó a operar el 18 de diciembre. Ese día la ciudad vivió un desorden en la recolección por cuenta del tránsito de la operación de manos de los privados a las del Acueducto de Bogotá.
No había pasado siquiera un mes, cuando el 15 de enero de 2013 la Procuraduría anunció la apertura de la investigación disciplinaria contra el alcalde Gustavo Petro. Meses más tarde, el 21 de junio del mismo año, formuló el pliego de cargos contra el mandatario por la “falta de planificación y la constante improvisación” en las decisiones adoptadas para el servicio de aseo. El Ministerio Público consideró entonces que, con estas decisiones, “se puso en grave riesgo la continuidad de la prestación del servicio de aseo en Bogotá”.
Así, el 9 de diciembre, con su sede custodiada por miembros del Esmad, el procurador Alejandro Ordóñez anunció la destitución e inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos del alcalde Gustavo Petro, señalando “la evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre (de 2012) por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo”. De acuerdo con el Ministerio Público, el alcalde les entregó el servicio de aseo “a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. Además, sostuvo el organismo, la “deliberada improvisación” llevó a que el propio Distrito tuviera que alquilar compactadores nuevos y usados “con evidentes detrimentos al patrimonio público”.
No obstante, la administración ha dicho que con su esquema la ciudad logró fortalecer lo público y que los cuatro operadores de aseo se convirtieran en contratistas del Distrito. La Uaesp ha señalado que, hasta diciembre, 4.079 recicladores se habían visto beneficiados por el nuevo esquema de recolección en el que fueron incluidos. Ayer en su discurso en la Plaza de Bolívar argumentó que con el cambio de modelo, a la ciudad “se le ahorró $50.619 millones que dejaron de ir a operadores privados”.
Luego del anuncio de la destitución, el alcalde convocó a los ciudadanos a apoyarlo en la Plaza de Bolívar y manifestarse en contra de la decisión del procurador. Fueron tres marchas multitudinarias en las que los bogotanos repitieron una y otra vez el mensaje “Petro no se va”. El pasado viernes, en la cuarta marcha convocada por el mandatario, éste advirtió que en el momento en que Ordóñez confirmara su fallo, pediría a la ciudad y al país comenzar la manifestación permanente en la Plaza de Bolívar y declararía la “alerta democrática”.
El paso a paso de la destitución de Petro
2011- Diciembre
La Corte Constitucional tumbó la licitación para la recolección de basuras por no incluir a los recicladores. Los contratos con los operadores privados (Lime, Atesa, Ciudad Limpia y Aseo Capital) fueron prorrogados.
2012- Abril
La Uaesp declaró la urgencia manifiesta en el servicio de aseo y de nuevo se prorrogaron los contratos de los operadores privados hasta el 16 de septiembre.
2012- Agosto
El Distrito volvió a prorrogar los contratos hasta el 17 de diciembre. El alcalde Gustavo Petro anunció que una empresa pública sería la encargada de un nuevo esquema de aseo a partir del 18 de diciembre.
2012- Diciembre
Para esta fecha el alcalde Petro ya tenía una denuncia en la Fiscalía, dos quejas disciplinarias en la Procuraduría y una demanda en la Superintendencia de Industria y Comercio.
2012- Diciembre
El alcalde expidió un decreto para reestructurar el esquema de aseo que incluyó dejar en manos de la Uaesp la recolección, en las del Acueducto el alquiler de una flota de camiones y en las de los bogotanos la de separar residuos.
2012-Diciembre
El día 18 empezó el nuevo esquema con una flota de 362 volquetas y 1.500 conductores, operarios y supervisores, pero el programa no dio abasto con la recolección. Dos días después se firmaron nuevos contratos con los operadores privados.
2012- Diciembre
El alcalde Gustavo Petro reconoció el error en la implementación de su esquema al no alcanzar la máxima capacidad. La Procuraduría presentó un informe de seguimiento a Petro al considerar que no cumplió con las metas propuestas.
2013- Diciembre
Por el ‘caos’ de las basuras, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años al exgerente del Acueducto de Bogotá, Diego Bravo, y por 15 a Gustavo Petro. Surgió movilización ciudadana en apoyo al alcalde.
2013- Enero
Nuevas movilizaciones ciudadanas convocadas por el alcalde. Petro recusó la decisión del procurador Ordóñez y solicitó que se declare impedido. El procurador negó la recusación y ratificó la destitución.