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Dos colombianos, señalados de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico de migrantes en el Urabá antioqueño, comparecerán ante los jueces de Estados Unidos luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara su extradición. No son coyotes de menor calaña: son los presuntos responsables de un atroz crimen que ocurrió en septiembre de 2016, cuando asaltaron y asesinaron a sangre fría a dos cubanos que buscaban llegar ilegalmente a EE. UU.
Se trata de Jhoan Stiven Carreazo Asprilla y Carlos Emilio Ibargüen Palacios. Al primero lo conocen con el alias de Playboy y al otro con el de Carlos. El testimonio de una de sus víctimas, quien logró escapar de la muerte, les permitió a las autoridades saber que esos dos hombres —que tendrían nexos con el clan del Golfo— trataron como mercancía a dos ciudadanos cubanos y, tras someterlos a varios vejámenes, les quitaron la vida en la ciénaga de Matuntugo (Urabá).
Según el concepto de extradición emitido por el alto tribunal, que está a la espera de la firma del presidente Juan Manuel Santos, tres ciudadanos cubanos, dos hombres y una mujer, que querían llegar a EE. UU. salieron de su isla natal rumbo a Guyana y posteriormente, tras pasar por Venezuela y Brasil, ingresaron en agosto de 2016 a Colombia, en donde establecieron contacto con los coyotes para que les ayudaran a entrar en la selva del Darién y cruzar la frontera con Panamá, para luego llegar a México y finalmente a su destino.
Las víctimas establecieron contacto con un miembro de la red en un hotel de Cúcuta (Norte de Santander). Él les dijo que su organización había “logrado pasar a mucha gente de contrabando”. Como prueba de su trabajo les enseñó fotografías de varios cubanos a quienes habían transportado previamente. Los migrantes se convencieron de que los ayudarían, llamaron a sus familiares en Miami (EE. UU.) y les pidieron que le giraran al coyote US$500 como pago inicial.
Tras ser llevados hasta Turbo (Antioquia), le hicieron un nuevo giro a otra persona de la red por US$1.400. Fue cuando el coyote que coordinó la operación los puso en contacto con Playboy y Carlos. Entre la evasión a las autoridades y las gestiones para pasar la frontera llegó el 6 de septiembre, fecha que tenían fijada para emprender el viaje hacia el norte.
Los llevaron a un puerto en el que tenían lista una embarcación cuyo capitán era Carlos. Pero una vez zarparon empezaron a hundirse. La tripulación regresó y se alojó en la casa de uno de los coyotes. Al día siguiente zarparon rumbo a la frontera con Panamá. Sin embargo, cuando navegaban a la altura de la ciénaga de Matuntugo (ver gráfico), Playboy y Carlos sacaron un arma de fuego y un cuchillo, amarraron a los dos hombres y “los tiraron por la borda, pero los mantuvieron a flote y los anclaron con la cuerda a la parte interior de la embarcación”.
En ese instante, según el testimonio del sobreviviente, los atacantes agredieron sexualmente a la mujer y luego la degollaron. Los cubanos, pese a estar amarrados, se las arreglaron para enfrentarse con los coyotes.
Una de las víctimas logró liberarse y se escondió en los manglares hasta el otro día, cuando un pescador lo encontró y fue auxiliado por la Armada Nacional.
El sobreviviente condujo a los uniformados hasta donde ocurrieron los hechos, les dio una descripción detallada de los asesinos y de cómo los había contactado. También les dio los datos de los otros dos ciudadanos, quienes fueron identificados como Edelvis Martínez Aguilar, novia del sobreviviente, y Dunieski Eliades Lastre.
“Los marineros recogieron los cuerpos, a quienes les habían cortado el cuello y el estómago. Estaban amarrados juntos en el agua”. Transcurrió una semana para que el CTI de la Fiscalía ubicara a los dos hombres en una vivienda y los pusiera a órdenes de un juzgado de Turbo.
Las víctimas, Dunieski Eliades Lastre y Edelvis Martínez Aguilar.
La petición de EE. UU.
A pesar de que el crimen ocurrió en Colombia y fue contra dos cubanos, la Corte del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos) emitió un indictment conocido por El Espectador, en el que pide la extradición de cuatro coyotes, entre ellos Playboy y Carlos, para que respondan en ese país por tráfico de migrantes. Según el documento, firmado por el fiscal Wifredo Ferrer, la solicitud contempla dos cargos: “Conspiración para instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en los EE. UU.” e “Instigar e inducir a los extranjeros a llegar y residir en EE. UU. (…) sabiendo que dicha entrada es o será en contravención de la ley”.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, indicó que la ley estadounidense guarda relación con los artículos del Código Penal que hacen referencia a los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes, cuyas penas pueden alcanzar en Colombia hasta 14 años de prisión. Aunque los dos hombres son señalados de cometer doble homicidio, el alto tribunal aclaró que ese delito “no fue objeto de solicitud específica por parte de las autoridades estadounidenses”, razón por la cual la Corte no emitió concepto alguno al respecto.
Los procesados podrían ser extraditados antes de ser juzgados en Colombia por el atroz crimen. Sin embargo, vale resaltar que en Estados Unidos el doble homicidio sería un agravante que podría generar que la condena por tráfico de migrantes llegue hasta la cadena perpetua. Eso sí, la sentencia final no puede ser superior a la máxima permitida en Colombia, que alcanza los 60 años.
Para el abogado penalista David Teleki, los delitos por los que Playboy y Carlos están siendo pedidos en extradición son “muy graves”. “La trata es un delito transnacional que afecta a varios países, que comprende circulación de personas con fines de explotación sexual o para someterlas a la esclavitud. Es un delito de afectación internacional”. En ese sentido, precisa, no se está hablando de impunidad: “Eso no significa que en Colombia no vayan a ser investigados. Pueden ser juzgados en ausencia”.
Para que Playboy y Carlos aborden un vuelo rumbo a Estados Unidos y sean puestos en el banquillo de los acusados sólo falta la firma del presidente Santos, un acto que en estos casos suele ser protocolario. Las autoridades de ese país, sin embargo, están tras la red criminal de trata de migrantes que opera en Colombia. Por eso, la petición a la justicia colombiana incluye otros dos nombres: Fernando Rivera Weir y Freddis Valencia Palacios, quienes, según las investigaciones, serían responsables de este delito que desborda las fronteras y los alcances de la normatividad colombiana.