El barco de la revocatoria de Peñalosa se hundiría por error en sus filas

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Los promotores de la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa han batallado por mantener su iniciativa a flote. De sobra, tienen las firmas necesarias para impulsar el proceso; han contenido los intentos del Consejo Nacional Electoral (CNE) por cambiar las reglas de juego sobre la marcha, y han ganado en los tribunales casi todos los pulsos legales. Sin embargo, un error en sus filas llevaría al traste todo ese trabajo. El Fondo Nacional de Financiación Política del CNE encontró errores en la contabilidad del Comité “Unidos Revocamos a Peñalosa”, suficientes, en apariencia, para que el Consejo rechace sus cuentas. Si eso ocurre, la Registraduría no tendría cómo expedir el certificado para que se pueda convocar a los ciudadanos a las urnas. (Vea también: Registraduría, a certificar las firmas de la revocatoria de Enrique Peñalosa)

El análisis lo hizo el contador Diego Mejía Castillo, adscrito al Fondo de Financiación, quien envió el pasado 28 de agosto sus conclusiones al magistrado Emiliano Rivera Bravo. Los errores evidencian situaciones que, en principio, serán difíciles de explicar. Por ejemplo, posible violación de topes de financiación; facturas a nombre de empresas que ya no están activas; transacciones no registradas en los libros contables o registradas a destiempo, y cheques registrados como donaciones, pero que iban para otras organizaciones. La conclusión es diciente: “La información contable y los soportes no dan certeza de su relación con los hechos económicos, según las normas que regulan la contabilidad en general en el país”.  (Lea también: Hay que buscar un equilibrio en el trámite de la revocatoria)

La norma de financiación expedida por el Consejo Nacional Electoral señala que para los procesos de revocatoria como el de Bogotá, los comités pueden recaudar y gastar máximo $415 millones. Además, que un donante no puede aportar más del 10 % de ese tope, es decir $41,5 millones. Aunque el primer requisito lo cumplieron los miembros de “Unidos Revocamos a Peñalosa”, ya que reportaron ingresos cercanos a $111 millones, el segundo está en duda. Según el estudio del Fondo de Financiación, solo Sintrateléfonos (Sindicato de Trabajadores de la ETB) aportó casi $70 millones.

Las cuentas

El pasado 18 de mayo, dos semanas después de radicar casi 700.000 firmas, el Comité entregó la contabilidad de la campaña, cuyas principales donaciones provenían de sindicatos y dos partidos políticos. Casi un mes después, el CNE devolvió las cuentas al encontrar inconsistencias como falta de recibos, cuentas que no coincidían y documentos que respaldaran el origen de los recursos.  Aunque los promotores supuestamente aclararon las cuentas, el segundo informe no los deja bien parados.  

Según el análisis que hizo el contador Mejía, el primer hecho que resaltó fue la información que comprendía un periodo entre el 9 de febrero y el 16 de mayo. Y a pesar de esto, encontró movimientos que se hicieron fuera de ese periodo y no se reportaron, como dos transacciones hechas el 20 y el 26 de enero.  La primera tiene que ver con 2.000 fotocopias de las planillas para recolección de firmas, que sacó el Sindicato del Distrito y que, a pesar de estar reportadas en un acta de junta de la organización, no las reportó el Comité como donación de campaña. 

La segunda es una factura del 26 de enero, por $560.000 por concepto de 20.000 fotocopias. El documento está a nombre del establecimiento La Candelaria, pero tiene dos particularidades: que la reportaron en los libros como una compra hecha el 26 de febrero (un domingo, cuando dicho establecimiento no trabajaba) y que la persona que aparece como beneficiaria no tiene nada tiene que ver con ese negocio.  Para completar el panorama, el funcionario del CNE encontró que existen dos cuentas de cobro a nombre de una empresa que canceló su matrícula mercantil el 12 de julio de 2015, y varios comprobantes que no tienen relación con lo que se reportan en los libros. 

En cuanto a las transacciones reportadas, resalta el contador, hay varias donaciones hechas por Sintrateléfonos sin respaldo de acta de donación. Entre febrero y abril, esta organización reportó tres contribuciones por $43 millones, consignadas a la cuenta de Gustavo Merchán Franco, como vocero del comité de revocatoria. A estas se suma una transferencia, por casi $7 millones, que no tiene justificación.  “De acuerdo con el extracto bancario de la cuenta de Merchán Franco, la entidad Sintrateléfonos contribuyó al comité $49,5 millones, monto que no estaría acorde con la relación de ingresos suministrados por el señor Merchán”.

Cuestiona, además, que a pesar de que Germán Reyes donó el 14 de marzo $6,5 millones y en la justificación aporta copia de transferencia electrónica, en los comprobantes de ingreso del Comité dicen que dicha contribución fue hecha en efectivo. Otro episodio que destaca el informe tiene que ver con un cheque por $2 millones, que reposa en los libros como una donación hecha por la Unión Nacional de Empleados Bancarios. Sin embargo, al verificar el recibo de egreso de la organización, encontraron que, si bien el cheque aparece a nombre de Merchán Franco, en el detalle se indica: “aporte económico a Sintrateléfonos”.

“Es decir, la donación fue para Sintrateléfonos, ya que fue recibida con firma y sello de la tesorería del sindicato, a cargo del mismo Merchán Franco. En el extracto de la cuenta de Merchán no se registra la consignación del cheque. Por lo tanto, se hace necesario requerir a la entidad bancaria para verificar la trazabilidad del endoso. Por lo expuesto, se presenta inconsistencias por cuanto el señor Gustavo Merchán actúa en calidad del vocero de Unidos Revoquemos a Peñalosa y como tesorero de Sintrateléfonos”, indica el contador.

Frente a este panorama, el encargado del informe concluye que la información no cumple todas las normas de la contabilidad en general; que presume que hay una superación de topes de financiación, al encontrar que Sintrateléfonos entregó casi $70 millones; que no hay coherencia con donaciones como la que hizo Germán Reyes, y, finalmente, “que los hechos económicos evidencia improvisación al momento de realizar el informe contable, ya que la información no se llevó de manera ordenada y soportada”.

Y agrega: “en varios comprobantes allegados aparentemente la firma del beneficiario no coincide con la firma de la factura o copia del Registro Único Tributario (RUT), como también en algunas cuentas de cobro, para lo cual se debe aclarar estas inconsistencias mediante estudio grafológico”.

Rechazan el informe

Tras conocerse el estudio hecho por el Fondo de Financiación Política del CNE, se escucharon las primeras voces de rechazo de los promotores de la Revocatoria. Uno de ellos fue el representante a la Cámara, Inti Asprilla (Alianza Verde), quien indicó que no iban a permitir que el Consejo Nacional Electoral “nos robe la revocatoria”.

“El informe es una nueva chambonada del CNE queriendo inventarse irregularidades que no existen. En el caso de los dineros registrados con origen en el sindicato Sintrateléfonos, no se han sobrepasado los límites de financiación, porque una parte corresponden a un préstamo. Además, la misma Ley que regula los mecanismos de participación ciudadana establece límites, pero para las entidades con ánimo de lucro, excluyendo expresamente a los sindicatos”.  

Por su parte, Carlos Carrillo, miembro del sector político del Comité, expresó que se encuentra confiando sobre la posibilidad de que la organización pueda aclarar las dudas frente al informe. “Si bien yo no conozco al detalle los balances, creo que el trabajo de la contadora Flor María Hernández se ajusta a las leyes electorales. Lo que sí quiero subrayar es la evidente mala fe del CNE; que recordemos, es el mismo organismo que no vio millones de dólares de Odebrecht en las últimas dos campañas presidenciales, pero sí demora la certificación de un proceso que apenas superó los $100 millones. Es insólito que en un país en el que los Ñoños y los Musas compran votos a manos llenas, el CNE ponga tanto esmero en averiguar por unas fotocopias”.

Y agregó: “Si algo no hubo en esta campaña fue plata, muchos hemos puesto tiempo y esfuerzo sin recibir nada a cambio, porque creemos que este pésimo alcalde le está causando daños irreparables a Bogotá y debe irse. Esta es una más de las trabas que esperábamos de un organismo completamente politizado, compuesto por políticos disfrazados de magistrados a quienes más que acatar las normas les interesa pagarle el favor a quienes los sentaron en esas sillas. Sobre los casos puntuales que menciona el informe, confiamos en que pueden ser subsanados”, concluyó.

“Hay una serie de presunciones. Hay cosas que manifiestan una clara mala intención de poner trabas al proceso y que espero se aclaren. Sin embargo, como no he tenido acceso a los balances, desde mi posición, como vocero del comité político, no me puede referir a profundidad”. El comité se reunirá este lunes, para analizar los pasos a seguir.