El concejal de Chía, ¿es Colombia?

 El Concejal de Chía: “un anti-héroe 100% colombiano”, rezaba el titular de un artículo publicado el pasado martes en la página web de la BBC Mundo en su sección de América Latina. Me dio la impresión que mientras los medios nacionales castigaban duramente al cabildante y crecía la indignación ciudadana que lo reprobaba con contundencia en redes sociales, el reconocido medio inglés nos metía a todos en el mismo saco sin más ni más, en una suerte de categoría indeseable ubicando nuestro gentilicio al lado de la palabra “anti – héroe” y que, sin importar cuánto nos indignáramos como sociedad frente al comportamiento del hoy ex concejal, los políticos y los ciudadanos colombianos representábamos más o menos lo mismo para los medios y países en el exterior.

Entonces recordé el informe decenal de cultura ciudadana que publicó Corpovisionarios hace par semanas en la capital del país, una extensa radiografía que recoge los comportamientos, hábitos y creencias de los habitantes de Bogotá en los últimos 10 años. Mi molestia con la BBC pasó a vergüenza cuando conecté los resultados del informe con el escandaloso incidente, pues el comportamiento de Martínez y hasta sus declaraciones en los medios de comunicación, parecían coincidir con algunos resultados relacionados con las justificaciones para desobedecer la ley y para usar la violencia que, vale decir, no reflejan una clase política corrupta que abusa de su poder sin vergüenza alguna, sino al conjunto de la sociedad capitalina representada por sexo, nivel socioeconómico y edad. Dichos indicadores, además, no varían mucho entre ciudades de otras regiones del país.

Si bien el informe da cuenta de un amplio repertorio de justificaciones a la hora de desobedecer la ley, cito aquí un grupo que Antanas Mockus ha calificado como las justificaciones “prosaicas”: actualmente en Bogotá, 2 de cada 10 ciudadanos justifica desobedecer la ley cuando se trata de alcanzar los propios objetivos –los propios objetivos puede ser cualquier cosa según la persona en cuestión–; la justificación por percepción de impunidad repuntó de manera importante –cuando se cree que es bastante seguro que no habrá castigo–, pasando de 9% en 2003 a 16% por ciento en 2013. Hay también ciudadanos que justifican desacatar la ley porque otros lo han hecho y les ha ido bien, indicador que llega al 10% y que se duplicó con respecto a 2003, y finalmente está la penosa justificación “porque es la costumbre”, la cual aumentó de 7% a 11% en los últimos diez años.

Si los números anteriores no parecen muy elevados, aterricémoslos un poco más: a 2013, 1’600.000 ciudadanos en Bogotá cree que está bien desobedecer la ley cuando se trata de alcanzar objetivos individuales. Otro 1’280.000 cree que puede hacerlo porque seguramente no será castigado; 800.000 justifican desacatar la ley porque los demás lo hacen y les va bien y otros 800.000 porque consideran que es la costumbre. ¿Existe un pie de fuerza policial capaz de contener semejante batallón de ciudadanos dispuestos a pisotear la ley con justificaciones que, además, evidencian un profundo egoísmo y una dificultad para pensar en el bienestar del otro? Creo que ni con el ejército en pleno se lograría. Cuando el concejal de Chía le dijo a los medios de comunicación –con esa testarudez tan impresionante– que si la policía lo volvía a requerir en un procedimiento que a él no le generara confianza no dudaría en actuar igual, lo que queda claro es que en su invertida escala de valores su beneficio personal está muy por encima de las leyes y las autoridades.

Y fue tan caradura el señor Martínez que, sin titubear, repitió una y otra vez ante 45 millones de colombianos estupefactos la frase “yo no hice nada malo”, quizás impulsado por su madre quien en un insólito acto –ese sí de heroísmo– se atrevió a llamarlo “héroe nacional”. Sin embargo, y más allá de lo cantinflesco de la situación, hay otro dato en el informe que puede ser revelador en este contexto: el 20.1% de los ciudadanos afirma que si desobedecen la ley pero, atención aquí, su conciencia les dice que actuaron bien, nunca o casi nunca aceptarían ser castigados. De nuevo, otro 1’600.000 habitantes exhibiendo una disposición rebelde ante la ley. Tal parece que no solo los objetivos personales, la impunidad y la costumbre nos dan permiso para hacernos los locos con las normas, sino que además nuestra conciencia también. Lo contradictorio en este escenario es que 9 de cada 10 ciudadanos afirma, al mismo tiempo, que la palabra “norma” y “regla” les despierta un sentimiento positivo o muy positivo, pero 2 de cada 10 personas consideran también que lo que ordena la ley no coincide ni con la costumbre ni con la conciencia, es decir, la identificación con la norma es nula. Parece una inferencia sensata pensar que una cosa es lo que decimos que creemos sobre las leyes y las normas, y otra distinta es cómo nos comportamos frente a ellas. Por lo tanto, generar un acuerdo de nación sobre el respeto a la ley, sin distinciones ni privilegios entre ciudadanos, es una necesidad apremiante.

Un segundo tema muy preocupante en Bogotá y en todo el país es el de las justificaciones para el uso de la violencia. Confieso que sentí una terrible desesperanza cuando escuché a ex concejal Martínez decir “claro que yo soy agresivo, claro que soy violento, pero ¿para qué? Para defender los derechos de los demás”. Hoy sabemos que ese tipo de justificaciones ha dado lugar a genocidios en el mundo entero y, de nuevo, el informe de Corpovisionarios nos lleva a posar la mirada sobre nuestra sociedad: 1 de cada 10 ciudadanos en la capital justifica el uso de la violencia para defender a un desconocido, 1 de cada 10 para defender el honor, 2 de cada 10 para defender a la familia y cerca de 80.000 ciudadanos (4%) para alcanzar los propios objetivos. En total, el 57% de toda la población en Bogotá justifica usar la violencia por distintos motivos. Con seguridad no existen recursos suficientes en el Estado para contener vía represión tal potencial de violencia, y tampoco es deseable. Como ciudadanos libres y autónomos tenemos la tarea pendiente de transformar estas creencias para poner la vida en el centro de nuestra escala de valores, y apoyarnos en el respeto por la autoridad y en el diálogo pacífico como herramientas esenciales para la sana convivencia.

Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con estos políticos que a diario nos indignan y que nosotros mismos hemos elegido? Lo primero es creernos el cuento de que tenemos el poder de elegir, y en ese sentido la invitación es a que empecemos a jugar con el balón en nuestra cancha –si me permiten aprovechar la feliz jerga futbolera por estos días–. Dice Mockus que los malos gobernantes son elegidos por buenos ciudadanos que no salen a votar y, a juzgar por los datos, sí: aunque la mitad de la población capitalina afirma que los asuntos públicos son importantes en su vida, la participación en espacios de gestión o control en asuntos públicos se ubica en un anémico 5,6% y ni qué decir de la participación en grupos o partidos políticos, cuyo indicador está en 4.9%. Llama la atención que si bien el 86% de los ciudadanos asegura que estaría dispuesto a ayudar a modificar una ley, la participación en actividades colectivas como marchas y manifestaciones bajó de 30.3% a 13.8% en los últimos 5 años, mientras la abstención electoral se mantiene por encima del 50%. Twitter y Facebook tienen sus límites, y aún cuando los clicks y las etiquetas parecieran estar ayudando cada vez más, la movilización real y el voto efectivo en las urnas será lo que de verdad debilite las élites corruptas. Las elecciones de 2014 son una espectacular oportunidad para transformar un congreso tan deslegitimado y elegir un presidente que nos represente en plena conciencia.

Lo segundo, es reconocer que todos en este país contribuimos diariamente a que sea lo que es, para bien y para mal. No existe tal cosa como dos bandos en donde los políticos son los malos y los ciudadanos los buenos; un ciudadano que ha decidido lanzarse a la política no se despierta malvado como por arte de magia una vez ha asumido su puesto de poder. En el fondo, todos respondemos a un repertorio de comportamientos, hábitos, creencias y valores que hacen parte de nuestra cultura y que nos atraviesan, indefectiblemente, hasta los huesos, y que experimentamos en lo cotidiano cuando buscamos una palanca para hacer un trámite más fácil, cuando intentamos “tranzar” al policía para evitar el comparendo, cuando usamos la violencia para imponer nuestra voluntad y cuando criticamos al vecino por su vida privada pero toleramos al corrupto que nos perjudica en lo público. Sí hay una forma de cambiar la clase política, y es eligiendo mejor. Pero me temo que si no nos transformamos como sociedad y reorganizamos nuestros acuerdos y valores como país, nadie podría asegurarnos que los políticos nuevos de mañana sean diferentes ni mejores que los de hoy.

Lo tercero, es empezar. Con pequeños actos, nosotros mismos.