Desde el Concejo invitan a bogotanos a protestar contra Claro

Buscan que la multinacional pague la deuda de más de 134 mil millones de pesos.

EFE

Desde el Concejo de Bogotá buscan que los ciudadanos se manifiesten en contra de Claro por la deuda de 134 mil millones de pesos que esa entidad tiene con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

“Una de las empresas más rentables económicamente del país cuyo dueño es el señor Carlos Slim; poderoso millonario de las telecomunicaciones, le debe a la ETB 134 mil millones de pesos más intereses y hasta el sol de hoy no le ha pagado un solo peso a la empresa de los bogotanos”, señaló el concejal William Moreno.

El cabildante calificó de absurdo que una multinacional “haga lo que quiera en nuestro país”.

Moreno agregó que lo que más le preocupa es la soledad de la Alcaldía de Bogotá dando la pelea. “En esta ocasión nadie ha salido a decir nada en favor de la empresa pública de la ciudad. Muy distinto fue cuando todos salieron a defender a los megaempresarios de la basura. ¡No hay derecho!”.

Por estos motivos, el concejal William Moreno invitó a la ciudadanía a participar en la jornada simbólica que se llevará a cabo todos los martes en diferentes puntos de servicio de la entidad para rechazar las actuaciones de Claro por no pagar la deuda que tiene con la ETB y “por el mal servicio que viene prestando la multinacional a los bogotanos”.

La protesta comenzará este martes 16 de abril a partir de las 10:30 a.m. en las instalaciones de Claro en la avenida Suba #128-30.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se ha pronunciado en repetidas oportunidades por los más de 134 mil millones de pesos que Claro le debe a la capital de la República. Le solicitó al presidente Juan Manuel Santos su intervención para que se le pague a los bogotanos.

Esos millonarios recursos la ETB los recuperó judicialmente con apoyo del Consejo de Estado.

El pleito se remonta al año 2006 cuando la ETB fue condenada por los tres tribunales arbitrales a pagar la millonaria suma a Comcel.

La disputa jurídica tiene que ver con un contrato de interconexión de redes firmado en 1998 por la empresa de teléfonos de Bogotá con las compañía Occel y Celcaribe (que fueron adquiridas por Comcel).

La demanda obedece a que el uso de la plataforma tecnológica de Comcel para el manejo del espectro electromagnético por parte de la ETB y las demandas interpuestas por parte de la compañía de telefonía celular se adelantaron sin una serie de consultas previas a normas de carácter comunitario establecidas en el pacto de la comunidad Andina.
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