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En plena Ley de Garantías, a través de un “acta contrato”, el gerente general de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, Alberto Merlano Alcocer, pretendió que Caudales de Colombia (antes Gestaguas), compañía con grandes líos financieros, prestara por 10 años un servicio de venta de agua a municipios aledaños a la capital, que ya proporcionaba la empresa pública. Aunque el acta no se firmó, la idea de lanzarle un salvavidas a esta polémica empresa se sigue contemplando.
Todo empezó con un convenio interadministrativo suscrito entre la Empresa de Acueducto de Bogotá y Caudales de Colombia, una empresa mixta, cuyo 14% pertenece a privados y el 86% a Aguas de Bogotá (propiedad del Acueducto). Este convenio abrió la puerta para “definir las condiciones comerciales, financieras, administrativas, técnicas y operativas para proyectos conjuntos”.
Según el documento, con fecha del 8 de noviembre de 2013 y que conoció El Espectador, allí quedó pactado un compromiso amplio: “Celebrar contratos de obra civil, interventoría, consultoría, diseño, estudios económicos, técnicos o de cualquier otro tipo, los cuales tengan relación con la prestación de los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y saneamiento básico, así como todas las actividades relacionadas con el ciclo integral del agua”. Esto, a pesar de que Caudales de Colombia S. A. reportaba deudas, embargos y otros señalamientos.
De acuerdo con un certificado de la Cámara de Comercio, 18 de diciembre de 2013, justo un mes después de la firma del mencionado convenio, un juzgado decretó el embargo de un establecimiento de Caudales de Colombia, producto de un proceso ejecutivo que adelantó Empresas de Servicios Públicos y Domiciliarios de Melgar (Empumelgar) contra esta sociedad, e Hydros Melgar, empresa de la que Caudales también es socia.
Pero este no es el primer lío de Caudales de Colombia. En junio de 2012, cuando su razón social era Gestaguas S. A., fue señalada de poner en aprietos económicos a la Empresa de Acueducto de Bogotá, luego de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Según un informe de la Contraloría de Bogotá, de julio de 2012, la junta directiva de Aguas de Bogotá, a la que pertenecía también en su momento Alberto Merlano, ya había adquirido por $8.000 millones” el 86% de las acciones de Gestaguas y el interés social de todos los gestores en las sociedades Hydros Melgar, Hydros Mosquera e Hydros Chía. Compra que luego, a criterio de la Contraloría, constituyó un detrimento patrimonial al Acueducto de Bogotá, que le generó un proceso de responsabilidad fiscal e su exgerente Félix Betancourt.
El salvavidas
Pero las obligaciones de pago de Caudales de Colombia también son con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Un oficio de esta entidad, del 4 de marzo de 2014, reporta que Caudales de Colombia debe responder por las deudas de renta que tiene Hydros Melgar, que ascienden a los $1.457 millones. La preocupación no era menor, y en una carta del 10 de marzo de 2014, el gerente de Caudales de Colombia, Luis Alejandro Tovar, quien fue asesor en la empresa de Acueducto de Bogotá del destituido exgerente Diego Bravo y miembro de la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), le pidió a la empresa Aguas de Bogotá un crédito para pagar estas acreencias.
Valor que fue negado, como era de esperarse, al no tener esta empresa funciones crediticias. Unos días antes, en plena Ley de Garantías, la fórmula para salvar Caudales de Colombia se pensó en una controvertida acta que redactó el Acueducto de Bogotá. El documento ordenaba contratar durante 10 años con Caudales de Colombia el suministro de agua en grandes volúmenes para La Calera, Chía, Cajicá, Tocancipá, Mosquera, Funza, Madrid, Sopó y áreas urbanas de Soacha. Labores que ya realiza el Acueducto y a un menor costo: cobra $250 millones al año y Caudales de Colombia propone cobrar $700 millones por esta función.
Sin embargo, el “acta contrato” no se llevó a cabo, entre otras razones por un concepto legal que Sofía Bordamelo, jefa de la oficina de Asesoría Legal del Acueducto, dio sobre el tema. Aquí señalaba que si bien llevaba el título de acta, este documento era un contrato y no se podía firmar. Esta situación es la que viene denunciando la concejal distrital María Victoria Vargas.
Por lo pronto, llama la atención el interés de la Empresa de Acueducto de firmar un contrato con Caudales de Colombia, una empresa que según otra auditoría de la Contraloría de Bogotá, de 2013, “presenta riesgo de no mantenerse como empresa desde el punto de vista financiero, toda vez que sus ingresos provienen principalmente de las Hydros, y en el caso de Hydros Chía, por orden judicial, tiende a ser liquidada y la sanción a Hydros Melgar, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, queda en una situación crítica de no incursionar en nuevos negocios”.
¿Era el “acta contrato” la oportunidad para salvar esta empresa de la que también son socios privados la familia de Luis Vicente Cavalli Papa y cuyo miembro de la junta directiva también es William Morales Rojas, este último quien trabajó con Diego Bravo en la CAR, como secretario general? Por lo pronto, la empresa de Acueducto, consultada por El Espectador, aseguró que Caudales de Colombia no está quebrada, aunque reconoce que sí tiene líos de liquidez.
Frente a estos problemas, según la empresa pública, hay varias opciones: “La primera, liquidarla y no hacer nada para recuperar la inversión que el Acueducto hizo en ella, y la segunda, brindarle el apoyo que necesita y apostarle a su recuperación”. Por esa razón, la empresa de Acueducto sigue contemplando que Caudales de Colombia asuma la comercialización de agua en el territorio y para ello se hacen nuevas evaluaciones financieras y jurídicas.