En una bodega, que antes fue una cafetería, reposan montones de chatarra, separados según el material. Montones de cachivaches de cobre, bronce, acero y aluminio. “Metales no ferrosos, para fundir, aunque aquí no fundimos”, aclara la administradora, Ányely Ávila, empacada en un delantal azul oscuro. Ella cumple su labor de llenar papeles y llevar cuentas detrás de un escritorio ubicado a la entrada del lugar, entre la puerta y la chatarra. No queda mucho espacio para el visitante. Menos para un carro.
–A usted le piden que el descargue de material sea adentro.
–Sí –concede–. Aquí le recibimos al que lo trae en su bicicleta o al hombro. O en su carro, pero la bodega no está adecuada para que entre un vehículo.
–¿Y qué carros le traen la mercancía?
Ányely señala al frente un camión de dos ejes, que solo podría entrar en la bodega despedazado como chatarra. El local está en la zona industrial de Puente Aranda, donde pululan camiones parqueados en largas filas sobre las calzadas.
La exigencia del descargue dentro de las bodegas, como la de Ányely, está en un decreto que firmó en noviembre pasado el exalcalde Gustavo Petro. El documento, además de otras obligaciones, establece el próximo jueves como fecha para cumplir la norma. Son requisitos urbanísticos, como los lugares donde pueden operar, su tamaño mínimo, el uso del espacio público que las rodea, etc. Faltan días y los representantes de los bodegueros aseguran que no lo lograrán.
Incumplir implica exponerse a sanciones y posibles sellamientos. De ser así, se generarán traumatismos en la cadena del reciclaje. Las bodegas son los lugares a donde acude la mayoría de recicladores a vender el material que recoge. Allí se lo reciben, lo almacenan y clasifican para luego venderlo a la gran industria o a bodegas más grandes. En junio de 2015 la Uaesp había autorizado a 188 de ellas a pesar reciclaje. Solo en estos sitios se reportan 821 toneladas diarias de residuos aprovechables.
Así crecieron
“En las primeras bodegas, hace 40 años, se almacenaban cartón, papel y botellas. Era lo que los recicladores recogían y ofrecían en la calle: ‘¡Botella, papel!, ¡botella, papel!’”. Así comienza a esbozar Wilson Cifuentes, representante de la Asociación Nacional de Pequeños Industriales del Reciclaje (Anir), que agrupa dueños de bodegas, la historia que conoce de este negocio. Cuando los recicladores se metieron a los botaderos de basura a cielo abierto, como los de El Cortijo, en el noroccidente, cerca de la calle 80, y Gibraltar, en Bosa, al suroccidente, las bodegas brotaron en sus alrededores.
El Cortijo estuvo abierto por 20 años, hasta que la Alcaldía lo cerró en 1985. Gibraltar operó entre 1979 y 1988, cuando lo cerraron para abrir el relleno Doña Juana. Un estudio de la consultora Aluna, que recoge la historia del reciclaje en Colombia, anota que entre 1986 y 1990 la Fundación Social impulsó la creación de organizaciones de recicladores, a las que dotó, entre otras cosas, de bodegas y centros de acopio.
Con el fin de los botaderos, recuerda Wilson, “las bodegas comenzaron a concentrarse en El Cartucho, donde había casas grandes”. No existía regulación y los recicladores arrimaban el material en zorras y carros esferados. Así transcurrieron los 90, hasta que al final de la década, Enrique Peñalosa, en su primer gobierno (1998-2000), ordenó el derrumbe de El Cartucho. Así comenzaron a disgregarse los espacios donde se compraba reciclaje. En medio de un panorama escaso de normas, las bodegas se siguieron instalando sin licencias de construcción, incluso en zonas de riesgo o en la estructura ecológica principal de la ciudad (corredores ambientales).
¿Cómo están funcionando las bodegas?
La Contraloría concluyó, en un informe de 2014, que “la existencia de las bodegas de reciclaje se ha percibido como un elemento marginal, informal y en no pocas ocasiones estigmatizado como ilegal. Son muchas las que se encuentran en lotes sin ningún tipo de infraestructura o en garajes de inmuebles destinados a vivienda y que se convierten en espacios generadores de ingresos en contravía de normas urbanísticas, de uso del suelo, sanitarias e inclusive evadiendo y eludiendo el pago de impuestos y tarifas de servicios públicos”.
Asimismo un censo que realizó la Universidad Javeriana en 2011 reveló que en Bogotá operaban 1.186 bodegas. Un año después, la Universidad Distrital detectó 1.625. La Contraloría, en su informe, habló de 866 privadas y cinco públicas. Este diario contactó a la Uaesp desde el pasado 2 de marzo para precisar las cifras, pero al cierre de esta edición no lo había hecho. Es claro que se cuentan por cientos y tienen un peso importante en el negocio del reciclaje bogotano. La U. Distrital contó, además, 13.771 recicladores y estableció que el 80 % (unos 11.000) comercializa en las bodegas el material que recupera. A 500 recicladores, el bodeguero les arrienda el medio de transporte para recoger material y al menos 70 vivían en bodegas.
De decreto en decreto
Desde mediados de la década de 2000 surgieron normas que previeron la obligación de fijar reglas urbanísticas para estos espacios. La razón siempre ha sido la necesidad de estructurar un sistema organizado de reciclaje, pero solo fue en 2010, en el gobierno de Samuel Moreno, cuando la Alcaldía se metió de lleno. Ese año expidió un decreto que fijó las bases de las inquietudes que hoy mantienen los bodegueros.
La lectura que hacen Wilson Cifuentes, de la Anir, y Nohra Padilla, de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), es que se cocinó justo en ese momento para que coincidiera con la licitación de las basuras, que comenzaba a estructurarse y definiría las empresas que se encargarían de recoger los residuos en distintas zonas de la ciudad. Al fijar exigencias tan estrictas, dicen, se debilitarían los pequeños bodegueros y esa parte del negocio quedaría en manos de los peces más gordos del sector. Esa licitación la tumbó la Corte Constitucional, pero el decreto siguió vigente.
La norma estipuló, por ejemplo, que en una bodega el área de cargue y descargue de la mercancía debe estar “dentro del predio”, donde también debe localizarse el área de estacionamiento de vehículos. La intención es loable: que los vehículos no invadan el espacio público. Sin embargo, se fijó igual para bodegas grandes, medianas y pequeñas. También deben ejecutar, con acompañamiento del Distrito, “acciones de mitigación”, como el mantenimiento de andenes contiguos al predio y la construcción de áreas para aglomeración de personas, entre otras.
Ante las dificultades para cumplir la norma, Petro firmó otro decreto en 2013 que modificó algunas medidas y amplió el plazo, pero debió expedir un decreto más en noviembre pasado, que fijó el plazo final para el 31 de marzo.
Nohra Padilla advierte que ya lo demandaron pidiéndole a un juez que lo anule. Ella, que administra una bodega mediana en Puente Aranda, critica que las exigencias sean sobre uso del suelo y urbanismo, y no sobre el manejo adecuado de los materiales, con lo que sí deben estar comprometidos los bodegueros.
La Uaesp, en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos que firmó Petro en diciembre pasado, con vigencia de doce años, sienta una posición según la cual, en medio de la proliferación de bodegas, se favoreció la creación de locales pequeños en los que no puede ser transformado el material y sirven, si mucho, para organizarlo y pesarlo. Eso los convierte en intermediarios que influyen en la baja remuneración de los recicladores. La sugerencia es incentivar la consolidación de bodegas más grandes, donde se pueda transformar el material y no sirvan solo como receptoras que luego lo llevan a otra industria de mayor tamaño.
Un depósito grande, de 2.100 metros cuadrados, es el que administra Sandra Castiblanco cuadras más abajo de Nohra y Ányely. Allí arriban 70 carros diarios, que mueven 150 toneladas de material. El lugar cumple con todo lo que exige el decreto, pero ella también anda preocupada, porque su negocio no tendría flujo de chatarra en caso de que sus proveedores, que son bodegas más pequeñas, sufran inconvenientes una vez entre en vigencia la norma.
El plan para regular las bodegas les da prioridad a aquellas que deben ser reubicadas por estar en zona de riesgo o en corredores ambientales. La Contraloría ha advertido, además, que en casi la mitad “no se estarían garantizando condiciones que preserven y garanticen la integridad de todos aquellos que intervienen en el proceso de reciclaje”, pues carecen de un concepto de salubridad favorable. La Uaesp también ha consignado en sus informes, como argumento para justificar la regulación, que “además de reportes de conflictos por el pesaje y el pago de la tarifa, algunos estudios han señalado casos en los que se paga con licor o droga a los recicladores”. Nohra Padilla pide no generalizar.
La Uaesp está en reuniones con la Secretaría de Planeación (el otro despacho encargado del tema) para definir cómo manejará el tema, pero el decreto, por lo pronto, se mantiene.