El Fondo de Vigilancia prácticamente tiene sus días contados. Los continuos escándalos por posible corrupción, irregularidades en contratación, intereses y aparentes malos manejos la convirtieron en una de las entidades distritales más desprestigiadas. Las dudas alrededor de su gestión, que vienen desde la época del carrusel de la contratación, obligaron en varias oportunidades a replantear su futuro.
Ahora, que cursa en el Concejo el proyecto para crear la nueva secretaría de Seguridad, pasará a ser una dependencia que se recibirá los fondos y ejecutará el plan de inversión que defina el jefe del despacho. Escándalos como los posibles intereses y direccionamientos en la modernización de la Línea 123; los líos en la construcción de la sede de la Policía Metropolitana; las dudas en la compra de vehículos y su mantenimiento, y de cámaras de seguridad son algunos de sus casos más sonados.
Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad (próximo secretario de seguridad), y Sandra Borráez, actual gerente del Fondo de Vigilancia, cuentan cómo encontraron la entidad y cuáles son los retos de cara al nuevo despacho que se encarga de apoyar los organismos encargados de combatir la criminalidad en la ciudad.
¿Cómo encontraron el Fondo de Vigilancia?
Sandra Borráez: Un desorden administrativo. Uno va a buscar carpetas y no las encuentra. Hay contratos que se están venciendo o dejaron vencer y los supervisores no dicen nada. Es un desorden contractual de una magnitud total. En eso estamos organizando la casa y revisando los grandes procesos.
Daniel Mejía: Un desorden total. Se estaban brincando todas las reglas de contratación. Hallamos un exagerado número de contratistas y de contratos con problemas, como algunos de obras, de equipamiento de temas de cámaras de seguridad, de vehículos, de motos; CAI de la Policía que les faltaban detalles para entregarlos y no lo hicieron; una cantidad de temas descuidados. En parte, porque el Fondo de Vigilancia se volvió un fortín político de anteriores administraciones, donde se asignaban contratos a dedo. Lo que estamos haciendo es, tema por tema, poner la casa en orden.
¿Cuáles fueron los temas más complejos?
D.M.: Para nosotros, el primero, es el del edificio de la sede de la Policía Metropolitana. Fuimos y sin ser ingenieros, a simple vista, se notan las placas pandeadas. Era un contrato de $42.000 millones, se habían invertido $31.000 millones y es una obra que lleva paralizada casi 15 meses. La Policía no tiene una sede moderna, funcional, donde estén todas las especialidades. Ese es un tema relevante y que me trasnocha. Tenemos que destrabarlo y salir adelante.
¿Ese edificio toca tumbarlo y volverlo a hacer?
D.M.: El constructor dice que es un tema de diseño. El encargado del diseño dice que es un problema de la construcción. Lo que hicimos fue pedir un tercer concepto. Contactamos a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nos reunimos con ellos para pedirles ese concepto. Ellos están evaluando si emiten el concepto sobre qué pasó y qué hay que hacer. Necesitamos una cosa bien hecha.
¿Qué va a pasar con esa obra del edificio de la Policía?
S.B.: Sabemos que es un contrato desde Samuel Moreno, pero la anterior administración tampoco hizo mayor cosa. La única decisión fue multar al contratista el 26 de diciembre.
D.M.: Y lo hicieron para decir, algo hicimos. Sin embargo fue a último minuto, mal hecho… Es una lavada de manos impresionante.
¿Qué otro tema les preocupó?
D.M.: El convenio de la modernización para la Línea 123. Es crucial, porque si algún día a la ETB le da por dejarnos sin línea de emergencia, lo hace y punto. Bogotá no tiene cómo responder. La ciudad no es dueña de esa plataforma. Por eso creemos que la capital tiene que ser dueña de esa plataforma, la controle y que sea el Distrito quien la maneje. No puede seguir en manos de un tercero. Es un tema que debemos resolver rápido. Sin embargo, como es un tema cuantioso y es una decisión complicada, debemos tomarla con toda la información tecnológica y conocer bien los pro y los contra.
¿Qué alternativas tienen?
D.M.: Está la plataforma de la Policía, que es una alternativa que funciona en casi todas las ciudades y en todas, excepto Medellín, lo maneja la propia Policía. Esa es la alternativa que más me gusta, pero también hay unas opciones en el mercado buenas, que no son gratis. Aún no tenemos claro el paso a seguir, no hay una decisión perfecta, pero analizando pros y contras la tenemos que tomar a más tardar este semestre.
El Fondo de Vigilancia, en la pasada administración, declaró el incumplimiento del convenio que firmó con la ETB para la modernización de la Línea 123. ¿Cómo fue el proceso?
S.B.: Lo hizo, en primera instancia, pero solo por el incumplimiento en la entrega del edificio donde operará la Línea 123. Sin embargo, fue el 30 de diciembre a la medianoche. Sin embargo, la ETB interpuso los recursos a esa medida. No hay decisión de fondo y estamos analizando el tema. No obstante, vemos que la sanción fue por un tema que la ETB aún tenía tiempo de cumplir y que parece va a cumplir. Obviamente hay otros aspectos de ese convenio que tenemos que revisar.
D.M.: Cuando llegamos encontramos que esas obras estaban paradas. Hablamos con el nuevo presidente de la ETB, le dijimos que teníamos que destrabar eso y se reactivaron las obras.
¿Una resolución, un 30 diciembre a la medianoche no suena a lavada de manos?
D.M.: Tal parece que ellos hicieron eso para después decir ‘sí hicimos’ algo contra la ETB, pero es llamativo cuándo lo hicieron.
S.B.: ¿Qué podrían estar pensado ahora? Le dejamos esto a la nueva administración y si la sanción se cae (porque la pusieron mal y no hubo debido proceso), podrán decir que lo hicimos nosotros. Algo parecido hicieron con el contrato del edificio de la Policía, en la que multaron al contratista a último momento, pero nunca lo atendieron… casi que otra lavada de manos y salieron y se fueron. Nos dejaron el problema, que estamos verificando cómo resolver de fondo.
Cortesía Fondo de Vigilancia
¿Cuál es entonces la situación del convenio de modernización?
S.B.: El convenio viejo, que supuestamente liquidaron para dar paso al de la modernización, sigue vivo. No se ha liquidado. Por su parte, el convenio de la modernización lo han venido prorrogando y haciendo modificaciones, porque era un contrato demasiado etéreo, en el que no había obligaciones detalladas. En el camino lo fueron detallando. Nos encontramos que ese contrato está vigente hasta marzo y hasta que no sepamos qué vamos a hacer con la plataforma, tendrá que seguir vigente para garantizar el servicio.
D.M.: Vamos a tener equipos nuevos, pero lo que tenemos que definir es el futuro del software, que era lo que se iba a adquirir con la modernización.
¿Cómo está operando la Línea 123? ¿sigue el subcontrato con Itelca? ¿Cómo están pagando esa operación?
D.M.: A la ETB se le está pagando el arrendamiento mensual de esa plataforma.
Pero el convenio de modernización decía que se pagaba a la par con el cambio de equipos, pero luego se habló de cobros de la ETB por servicios que no prestaba.
S.B.: Nos estamos reuniendo con la ETB, porque realmente las cuentas no están claras. La ETB nos envió unos cuadros en las que tratan de explicar los cobros, porque hasta hoy no tenemos datos que justifiquen los pagos. Pero estamos en esas mesas de trabajo. Estamos haciendo los cruces de facturas para saber qué vamos a pagar y saber dónde está la plata, pero estamos en eso.
¿Entonces sí había algo raro en ese convenio con la ETB?
S.B.: Podemos decir que posiblemente falta de planeación y un posible direccionamiento de lo que querían para adquirir la nueva plataforma.
¿Qué va a pasar con el convenio con la ETB para la modernización de la Línea 123?
S.B.: Ese proceso está en revisión.
¿Qué les contó el nuevo presidente de la ETB? ¿Cómo encontró ese proceso?
D.M.: Él también llegó a una institución complicada que estaba manejando unos temas delicados. Lo cierto es que también llegó a tratar de destrabar temas como lo del edificio donde funcionará la Línea 123.
Ustedes quieren revisar el futuro de la plataforma, pero ¿la ETB no tenía el proceso adelantado?
D.M.: Me preocupa que me metan intereses. No se imagina la cantidad de gente que nos ha buscado para decirnos que tienen lo que necesita la ciudad. Pero lo queremos hacer por nuestra cuenta, para tener más claridad. No estamos recibiendo a nadie.
¿Cuál es la claridad que buscan?
D.M.: Saber cuál es la mejor decisión para la ciudad y cuál es la plataforma que necesita Bogotá. Es una gran inversión para muchos años. Y si lo que queremos es tener un gran centro de control, el primer eslabón es de la Línea de Emergencia.
¿Y la idea de mantenerlo con la ETB?
D.M.: Esa idea no me gusta, porque vamos a seguir en manos de un tercero. Y si la idea es vender la ETB, ¿en manos de quién vamos a quedar?
S.B.: Además, el objeto de la ETB no es hacer esa plataforma y el actual presidente Jorge Castellanos lo reconoce, porque tendrían que subcontratar. Pero hay que mirar que vamos a hacer.
Tampoco era función de la ETB manejar la pauta publicitaria del Distrito y sin embargo tuvieron un multimillonario convenio para hacerlo
D.M.: Imagínese… saltándose las reglas de contratación.
S.B.: Tenemos que tomar la mejor decisión, con la información técnica y jurídica suficiente para saber qué es lo mejor para la ciudad.
¿Cómo encontraron la planta actual de la Línea 123 como tal?
S.B.: Había como 500 contratistas y pasaron a casi 250 a la planta provisional de la secretaría de Gobierno y, como muchas cosas, lo hicieron en diciembre. Esas personas que durante toda la administración fueron contratos por prestación de servicios, las dejaron amarradas.
D.M.: Por ahora nos toca respetar, pero la alternativa será abrir el concurso y que se queden los que pasen. Pero tenemos que hacer varios trámites antes de dar ese paso.
¿Hay algún proceso ante organismos de control?
S.B.: Todo está en conocimiento de ellos. Especialmente ese proceso del edificio, uno de la compra de cámaras y el de la Línea 123.
¿El futuro del Fondo de Vigilancia definitivamente es la liquidación?
D.M.: Así se planteó en el proyecto de la secretaría de Seguridad. Pasará a ser un fondo cuenta, que tendrá estatus de subsecretaría, a donde llegarán los recursos de seguridad, como el 5% que se reciben por obras públicas. Se encargará a la contratación, estudios jurídicos y técnicos de la contratación, para que quede bien hecha.
S.B.: La diferencia es que se tendrá un mayor control y mayor coordinación con los organismos de seguridad. No como antes, donde por esa descoordinación, no miraban que necesitaban los entes de seguridad y el Distrito compraba lo que se les ocurriera. De ahí los problemas que con las motos eléctricas, algunos carros, las cámaras de seguridad. Ahora, cada inversión debe ser concertada y verificada, para saber cómo beneficia la seguridad de la ciudad.
¿Van a tener cuatro años de bonanza?
D.M.: Pues deberíamos, porque Bogotá invierte muy poco en seguridad. Menos del 1% de su presupuesto y es la preocupación número uno cuando se le pregunta a la gente. Y la ciudad está rezagada en cámaras, equipamiento, infraestructura, en todo está rezagada. Por fortuna la situación no es más grave. Aunque tenemos una tasa de homicidios baja, las lesiones personales, hurto y microtráfico ha tenido 10 años de continuo crecimiento.
¿Otro tema que generó suspicacia fue la compra de las cámaras de reconocimiento facial? ¿Qué encontraron en ese tema?
D.M.: Estamos en el lío de que Transmilenio, con toda la razón, nos dice que no nos puede recibir esas cámaras que valen un mundo de plata. ¿Por qué? Porque no tienen el banco de rostros para cruzar con la gente que llega a las estaciones y saber si alguien es un criminal. Le preguntamos a la Policía sobre la falta de esa base de datos y la respuesta fue que el Distrito nunca los invitó a la firma del convenio.
S.B.: Están instaladas y recogen información, pero no están operando para lo que es.
¿Proyecciones de la Secretaría de Seguridad?
D.M.: Hay unos recursos que son los que maneja el Fondo de Seguridad y lo que se destina a la subsecretaría de seguridad, que suman alrededor de $250.000 millones al año. Pero como se sabe, el Fondo recibe el 5% de las obras, probablemente el año entrante puede haber un aumento y en dos años pues mucho más, cuando empiecen a contratarse esas obras. Por ejemplo, si el metro se contrata, serían una cantidad de recursos los que nos llegarían. A esto se sumará la campaña que pretende hacer el Distrito de invitar a la gente a que con su pago de impuestos done el 10% para seguridad.
¿Hay quejas de que el enfoque será más policivo que preventivo?
D.M.: La ciudad necesita las dos cosas. Negar que hay bandas de crimen organizado, es imposible y esas bandas no se combaten con cultura ciudadana y prevención. Lo que sí se puede hacer son programas de prevención bien diseñados como el de entornos escolares seguros, pero se necesita hacer la parte dura policiva, de investigación criminal, mejores recursos para la Fiscalía, para que adelante sus investigaciones; mejores laboratorios de criminalística, para que las investigaciones sean más efectivas. Y una cosa que he insistido es que autoridad no es autoritarismo. Es decir, una policía que reaccione bien y haga las captura, buena investigación e inteligencia, ¿Qué es lo malo?
¿Una meta concreta con la nueva secretaría?
D.M.: Reducir la tasa de homicidios en Bogotá, que cayó muy rápido hasta 2011, pero se estancó en 17 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si logramos la consolidación del 25%, llegamos a una tasa de 14. Tenemos que empezar a reducir hurto a personas, que afecta mucho a la población; combatir el microtráfico, y el énfasis será microtráfico cerca de colegios.