El caos en el manejo de la contratación que se vivió en el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) le sigue dando motivos a la Fiscalía para continuar sus indagaciones alrededor de varios negocios que celebró la entidad y sobre los que recaen sospechas por posibles actos de corrupción.
La captura el pasado miércoles del exgerente del FVS, César Augusto Manrique Soacha, a quien procesan por interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación, es la evidencia de que el ente acusador está revisando con lupa cada uno de los procesos. Su caso está relacionado con las posibles irregularidades en la compra de 100 motos eléctricas para la Policía, que costaron casi $4.300 millones. Este negocio, según la investigación, supuestamente violó la ley de contratación, ya que, en vez de abrir licitación, se hizo a través de contratación directa. Según la Contraloría, se provocó un posible detrimento patrimonial cercano a los $1.200 millones.
La compra se hizo en 2012 y a la fecha sólo 33 de las 100 motocicletas están en funcionamiento, mientras 66 están fuera de servicio a la espera de mantenimiento y una se declaró en pérdida total, luego de que se incineró a causa de un cortocircuito en el motor. Vale recordar que Manrique fue el segundo gerente de los ocho que tuvo el Fondo de Vigilancia durante la administración de Gustavo Petro.
Sandra Borráez, actual gerente del Fondo, dijo que la nueva administración revisa todos los contratos para tomar decisiones y corregir los problemas que dejaron las gerencias pasadas. En menos de un mes, dice, se darán noticias positivas de cómo se destraban varios de esos procesos.
El caso de las motos eléctricas se suma a otros contratos, como el de la construcción del edificio de la Policía, la modernización de la Línea 123 y la compra de cámaras de seguridad, celebrados por el Fondo de Vigilancia en los últimos años y que, por las posibles irregularidades, están en mira de la Fiscalía. Se espera que avancen las investigaciones, ya que, ante la inminente liquidación de la entidad, serán líos que heredará la nueva Secretaría de Seguridad.
Contratos en la mira
Nueva sede de la Policía Metropolitana
Contrato: 740 de 2010
Valor: $44.000 millones
Plazo: 15 meses
Contratista: Castell Camel
Inconvenientes:
- El contrato estuvo suspendido 14 meses y tuvieron problemas para las licencias de urbanismo y construcción.
- Faltó planeación. Esto generó incumplimientos en el cronograma de la obra, contratación de personal y control de temas que no estaban previstos.
- Hay posibles fallas estructurales. Falta identificar si son por problemas de diseño o de obra.
Estado actual:
- La administración pasada sancionó al contratista en las últimas semanas de diciembre. Esta decisión es estudiada por la actual gerencia para determinar su viabilidad, toda vez que, al parecer, se violó el debido proceso, tanto al contratista como a la aseguradora. Hay que determinar las fallas de la obra.
- Se solicitó concepto técnico a un panel de expertos, para hallar responsabilidades, soluciones, plan de acción y tiempos de terminación de la obra. Este estará listo en tres meses.
Línea 123
Convenio: 561/ 2014
Valor: Sin cuantía. Se han hecho aportes por $45.000 millones.
Plazo: 120 meses
Contratista: ETB
Inconvenientes:
No hay migración de datos ni puesta en marcha de la nueva plataforma con geolocalización.
Estado actual:
- Por incumplimiento del cronograma, la pasada gerencia declaró el siniestro del convenio frente a la construcción de las nuevas instalaciones de la línea (COE). Sin embargo, la decisión se suspendió porque la actual gerencia está resolviendo el recurso que interpuso la ETB.
- Se tiene prevista la entrega del COE, incluyendo sala de crisis, a finales de mes.
- Se programa reunión con especialistas técnicos para determinar la puesta en marcha de la nueva plataforma.
Cámaras Verytel
Contrato: 620 de 2010
Valor: $40.277 millones
Plazo: 15 meses
Inconvenientes: El contrato era para instalar 538 cámaras en colegios, pero sólo se instalaron 333 y, de éstas, 115 reportan fallas. Pese a que se pagó todo el contrato y se liquidó, 205 cámaras quedaron en las bodegas del contratista, quien no las instaló porque, dice, se agotaron los recursos. A finales de 2015 se le hicieron los últimos pagos, sin exigirle la instalación de todos los artefactos.
Estado actual:
- Se tiene un cronograma de trabajo para habilitar en tres meses las cámaras que tienen fallas.
- En las bodegas de Verytel hay 205 de ellas. Dicha situación está en análisis del área jurídica para determinar un plan de acción.
- Se dio aviso a los órganos de control para que investiguen los pagos efectuados en las últimas semanas de 2015, sin ejecutar todo el contrato.
Cámaras de Transmilenio
Contrato: 880/2014
Valor: $7.754 millones
Plazo: tres meses
Inconvenientes:
Compraron 24 cámaras de reconocimiento facial y 140 cámaras IP. Si bien están en buen estado y graban, para las cámaras de reconocimiento facial no gestionaron con la Policía la base de datos de delincuentes.
Estado actual:
Se estableció un grupo interdisciplinario con reuniones semanales para poner en marcha la operabilidad de las cámaras. Este grupo lo integran la Policía, la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, la Subsecretaría de Seguridad, Transmilenio y el Fondo de Vigilancia.
Mantenimiento de vehículos
Contrato: 689 de 2015
Valor: $600 millones
Plazo: 9 meses
Contratista: Autocars
Inconvenientes:
Se tomaron como precios de referencia los de contratos anteriores, en los que la Contraloría había hecho hallazgos de posibles sobrecostos en algunos repuestos.
Estado actual:
- Terminación anticipada del contrato.
- En trámite para adelantar nuevo proceso contractual.