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Hace tres años el gran sueño de los pequeños transportadores de Bogotá era hacer parte del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), un propósito que, además, fue la opción para democratizar el transporte en la ciudad y evitar que el nuevo modelo quedara en su totalidad en manos de las poderosas familias que habían concentrado el negocio en Transmilenio.
Justo antes de que en noviembre de 2010 se adjudicaran las 13 zonas a las nueve empresas que operarían el SITP, resultaba increíble imaginar que esos pequeños transportadores, sin más experiencia que el hecho de haber manejado buses por décadas, lograrían su objetivo. Competían con pesos pesados de amplia trayectoria en el sistema bancario y la gestión técnica del transporte masivo en el país y el mundo.
Por eso no fue poca la sorpresa cuando Coobus, la cooperativa que agrupó a 1.400 pequeños transportadores, se quedó con una de las zonas más codiciadas: Fontibón, que incluía la troncal de Transmilenio en la 26. Otra de las empresas que acogieron a los propietarios de buses fue Egobus, a la que se le asignaron las zonas de Bosa y Suba. Hoy ambas, especialmente la primera, afrontan una grave crisis económica que da cuenta del triste fracaso de la democratización del transporte.
El incumplimiento de Coobus en la entrega de buses articulados para el comienzo de la operación del SITP en junio de 2012 fue uno de los primeros dolores de cabeza de Transmilenio, como lo contó El Espectador en julio de ese año. Detrás de ese incumplimiento estaban los problemas internos de gobernabilidad (al fin y al cabo, a diferencia de una empresa tradicional, la cooperativa tenía complejos mecanismos de decisión que involucraban a 1.400 propietarios). Se trataba de una empresa con un complejo esquema organizacional cuya junta directiva siempre tuvo diferencias y no logró capturar la confianza de la banca, a tal punto que le negaron créditos y comenzó con un hueco fiscal por $87.000 millones hace un año.
Tras la crisis de las firmas han quedado dudas sobre el futuro de sus contratos y el servicio en el sistema. Fernando Sanclemente, gerente de Transmilenio, dijo a este diario que a Coobus se le impuso una multa por $3.200 millones y quien tiene que responder en estas circunstancias es Seguros Cóndor, su aseguradora.
Aunque Seguros Cóndor está intervenida por la Superintendencia Financiera, la entidad nacional asignó un agente interventor que será el encargado de llevar adelante el proceso con Transmilenio para definir el futuro de los contratos de Coobus. Por otra parte, Egobus por ahora sólo está en proceso sancionatorio y “vamos a ver qué suerte corre”, dijo Sanclemente.
Según el funcionario, la aseguradora tiene dos opciones para responder por el incumplimiento de Coobus. Una de ellas es pagar la garantía de la empresa, lo que significa que tendría que cancelarle cerca de $35.000 millones a Transmilenio. En este caso la empresa de transporte masivo declararía la caducidad del contrato y asignaría la prestación del servicio a otros operadores, mientras estructura un nuevo proceso licitatorio para adjudicar la zona de Fontibón.
La otra opción, y la que más suena de momento, es que la aseguradora indique que toma posesión de Coobus y sugiera a uno o varios operadores para que se hagan cargo del contrato. “Lo que han sugerido es que sea Express del Futuro. En eso vamos”, anotó el gerente de Transmilenio.
Express del Futuro actualmente opera en la troncal de la calle 80 de la Fase I de Transmilenio, de manera que asumir el servicio de Fontibón en el SITP la dejaría con mayor participación en el negocio del transporte, pues, además, uno de sus grupos aliados, Consorcio Express, tiene a cargo los buses de Usaquén y San Cristóbal.
Entre tanto, los propietarios a los que Coobus agrupó y con quienes se comprometió a comprarles sus buses piden a gritos que el contrato quede en manos de alguna de las grandes compañías que tienen músculo financiero para seguir adelante en el SITP.
Ese es el caso de Óscar Muñoz, quien hace tres años decidió hacer parte de Coobus con sus tres buses de servicio público. Como él, son cientos los transportadores a los que la cooperativa no les pudo cumplir con la compra de los vehículos o con el pago de rentas mensuales por 24 años que prometieron cuando los invitaron a hacer parte de su empresa.
Por ahora la única operadora con pequeños propietarios del transporte que avanza con normalidad en el SITP es Este es Mi Bus, que maneja la zona de Calle 80 y Tintal - Zona Franca. En ella hay unos 700 transportadores que suman el 64% total de la firma y están agrupados en Mi Bus S.A., según explica Jimmy Zuleta, presidente de la asociación. Para él la crisis de Coobus y Egobus se debe a que les prometieron a los transportadores pagarles una renta, además del valor del vehículo, y al hecho de no haber buscado un accionista con un capital importante. “Nosotros buscamos uno y con eso logramos salvarnos”.
vtellez@elespectador.com
@VeronicaTellez