Este lunes se conocerá la lista de candidatos a contralor y personero de Bogotá, luego de que presentaron una prueba escrita de conocimientos en la Universidad Nacional. Comienza entonces la recta final para elegir a quienes dirigirán los organismos de control durante la administración de Enrique Peñalosa. El caso de la Personería ha sido objeto de una discusión particular, toda vez que, por ley, debe ser un concurso en el que primen los criterios técnicos. Sin embargo, está claro que lo político también tendrá margen, por cuenta de cómo quedó diseñado el proceso.
En la convocatoria al concurso, la mesa directiva del Concejo estableció que la universidad definirá el 90% del puntaje: 60% por la prueba de conocimientos, 20% por estudios y experiencia y 10% por competencias laborales.
El 10% restante les corresponde a los concejales, que en una plenaria del 3 de mayo escucharán a los candidatos y los calificarán. Será la etapa política del concurso, y aunque parece un 10% insignificante, o al menos minoritario, desde un comienzo se han hecho advertencias sobre la posibilidad de que pueda ser decisivo.
La razón es la siguiente: a la entrevista llegarán quienes hayan obtenido hasta ese momento el puntaje más alto (después de la evaluación escrita, laboral y de estudios) y quienes estén hasta 10 puntos por debajo de ese puntaje. Es decir: si, por ejemplo, el que tenga el puntaje mayor hasta antes de la entrevista marca 80 puntos, ingresará él y todos los que estén hasta 10 puntos por debajo (70).
Para concejales críticos de esta decisión, como Manuel Sarmiento, del Polo Democrático, se trata de un margen muy amplio, que no garantiza que solo los mejores lleguen a la entrevista. Puede ocurrir, entonces, que una coalición de concejales se ponga de acuerdo para calificar bien en la entrevista a un candidato que hasta ese momento no necesariamente haya sido el mejor, y en esa medida, inclinar la balanza a su favor. El criterio político, entonces, interferiría con el técnico.
La forma como se realizará la entrevista también ha sido objeto de inquietudes. La idea es que cada candidato se presente y responda “una pregunta, escogida al azar, que se le formule de un banco de preguntas elaboradas por los concejales que la mesa directiva organizará”. La liberal María Victoria Vargas preguntó en una intervención qué garantizaría la transparencia en la escogencia de las preguntas.
Una vez se fijen los puntajes de la entrevista, el concurso vuelve a manos de la Universidad Nacional, que consolidará los resultados y definirá una lista de elegibles. El Concejo debe elegir al que obtenga el primer puntaje.
El presidente del Concejo, Roberto Hinestrosa (Cambio Radical) responde ante las dudas: “Las bancadas tendrán sus opiniones políticas porque en esa etapa hay un criterio político, pero durante la entrevista también se deben tener en cuenta la hoja de vida, la experiencia y la forma como los candidatos expongan. El 10% es un peso importante y puede darle un puntaje mayor a cualquier candidato, pero hay que recordar que el mayor peso lo tienen las otras etapas”.
Hinestrosa confía en que, después de los tropiezos que sufrió no solo la convocatoria para elección de personero sino la de contralor, los procesos continúen sin cortapisas. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que siguen en curso procesos judiciales en contra, como los que ha impulsado la Red de Veedurías. (Lea también: El difícil comienzo de Hinestrosa en la Presidencia del Concejo)
Cabe recordar que en el caso de la Contraloría, el margen que tiene el criterio político es más amplio, pues además de la potestad para otorgar puntaje en la entrevista, los concejales no están obligados, una vez la Universidad consolide los resultados, a votar por quien ocupe el primer lugar.