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El “monstruo”, así se refieren varios pobladores de Suesca a la cementera que desde hace seis años funciona a tan sólo 50 metros del casco urbano y lo empolva todo: las calles, las ventanas, las plantas, los techos, las personas. Es imposible no verla. Ahí está, con sus dos enormes hornos cilíndricos y un domo envejecido que un día fue verde, por la misma época en que los empleados de la empresa prometieron que el impacto sería mínimo, casi imperceptible. Desde entonces, mucho polvo ha ido y venido y quienes celebraron la llegada de la industria y renegaron de los opositores del proyecto son quienes hoy firman a la salida de la misa para frenar las pretensiones de la cementera.
Es esa comunidad, crítica y más organizada, la que obstaculiza hoy la posibilidad de que la cementera explote a cielo abierto la piedra del cerro Chitiva, luego de que las autoridades ambientales les despejaran ese camino. Al menos trece peros jurídicos y una acción popular son las medidas que tienen listas para impedir que el pueblo sufra mayores impactos ambientales, patrimoniales y a la salud por el apetito del “monstruo”.
Cementos Tequendama pasó de agache. Llegó a Suesca en 2003 y pronto reglamentó su actividad como fábrica de aditivos de cemento en 30 hectáreas. Durante este proceso, ante la Alcaldía del municipio, la cementera argumentó que no necesitaba licencia ambiental, y ante la falta de claridad y reglamentación de la ley, así legalizó su producción.
Para construir la planta de la cementera, hoy con un área de 32.000 metros cuadrados, sólo necesitaron una licencia de construcción de la Alcaldía. Y la consiguieron, independientemente de que el Esquema de Ordenamiento Territorial de Suesca dice que es un municipio de vocación agropecuaria y ecoturística. A través de una circular de Planeación de Suesca, la empresa logró que se cambiara el uso del suelo de rural a industrial para esa área. Esto gracias a otro abismo jurídico, ya que la Ley de Ordenamiento Territorial señala que si el tipo de suelo de un lugar es ambiguo, se puede emitir una circular para darle una vocación.
Suesca, junto a sus farallones de roca y rutas de escalada que atraen a los viajeros, está ubicada en la sabana de Bogotá, ecosistema prioritario y resguardo de agua de la capital, según la ley ambiental del país. Por eso la explotación de materiales de construcción y arcillas está reglamentada sólo para ciertas áreas. Suesca nunca ha estado en ese mapa de explotación. Pero como Cementos Tequendama argumentó que no producen materiales de construcción sino arenas silíceas, que aunque son usadas en la fabricación de cemento no tienen esta categoría, legalizaron su actividad por encima del sentido común de algunos, que decían que los daños serían irreparables.
“¿Puedes creer eso?”, cuestiona Leyla Cárdenas, profesora, escaladora y parte del Colectivo Ciudadano por Suesca, el movimiento social más grande que se opone a la presencia de la cementera. Cárdenas habla indignada mientras señala con el dedo dos hornos y el triturador gigante de material que ruge día y noche. De ahí sale el clínker, el principal componente del cemento.
Con los años, la cementera solicitó nuevos permisos de ampliación. Todos le fueron concedidos, hasta que la actual Alcaldía le exigió una nueva licencia de construcción para ampliar la planta, que luego le negó con el argumento de que la verdadera vocación del suelo era agropecuaria. Por esa razón, la cementera tiene demandada a la administración local por cerca de $500 millones.
El 29 de noviembre de 2006, el entonces Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) le otorgó un título minero de 280 hectáreas. Tras la exploración, la empresa determinó cuatro áreas, de 20 hectáreas cada una, donde existía el material para explotar.
El 7 de octubre de 2014, cuando la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le otorgó la polémica licencia ambiental a Cementos Tequendama para explotar a cielo abierto 15 de esas 80 hectáreas, la comunidad pegó un grito. Se organizó, revisó y exigió documentos. Así fue como encontraron un controvertido concepto técnico que la empresa pagó y la CAR avaló. En él se reconoce que el área que la cementera quiere explotar a cielo abierto está en una zona de recuperación, pero que este proceso supuestamente “no se llevará a cabo por medios naturales ya que se evidencia en el registro fotográfico la falta de capa vegetal”, por esto “la restauración se deberá hacer por medio de la intervención que plantee la empresa luego de extraer el material de interés”.
“Son unos descarados”, dice Roberth Sánchez, otro miembro del Colectivo Ciudadano por Suesca, artesano y guía turístico, convencido de que la minería no es la forma de recuperar las zonas áridas, y preocupado por las que aún tienen bosque y pasto y serían explotadas. Estamos en la vereda Chitiva Alto. Allí donde vive María Salgado en una casa campesina: “Nos sentimos muy perjudicados con la empresa por la polvareda tan tremenda. Uno se enferma en todo momento; los niños tienen los bronquios infectados. Toca tapar todo, el carro tiene plásticos y telas, porque se daña. Antes sembrábamos maíz, haba, alverja; ahora la tierra no da nada: el polvo las cubre y no les llega la luz y el viento las quema”.
El viento rápido, que viene del cañón de Chocontá, golpea el cerro de día y de noche fumiga el pueblo con polvo. Suesca tiene 19 veredas, pero la empresa afecta seriamente a Chitiva Alto, Chitiva Bajo, Guayá y el casco urbano, en el que viven alrededor de 7.000 personas. La empresa genera menos de 280 empleos directos, el 4%, para los habitantes del municipio.
Otra de las afectaciones más graves es la circulación permanente de camiones cargados con material pesado. “Nosotros creemos que el tráfico de las mulas es lo que nos viene agrietando las casas”, dice Jorge Andrés Benavides, habitante de la parte baja de la vereda Chitiva Alto, y señala las baldosas rotas y desniveladas de la cocina y el baño.
En Suesca, todos los días hay tráfico de mulas, que se incrementa desde las seis de la tarde hasta la madrugada. Vienen cargadas de roca que traen de las minas de Boyacá y procesan en la cementera. Transitan por una pequeña carretera rural, según les autorizaron, y levantan tanto polvo y hacen tanto ruido que hoy, con la entrada principal cerrada por mantenimiento, los pobladores custodian las vías y les cierran el paso para que no pasen por ahí. Otros, resignados, cubren sus casas con cartones e icopor para aislarlas del ruido. Los viejos dicen que si bien ya no pueden protestar en la calle por los “abusos”, lo harán en los estrados.
Esa es la posición de Gratiniano Bueno, de 82 años, abogado, dueño de una casa de 202 años que es patrimonio cultural e histórico de Suesca: “Ahora que decidí venir a la casa de la familia a terminar mis años, me encuentro con este monstruo. No me aguanto los olores, el ruido, el polvo. Toda fábrica de cementos tiene elementos químicos en la molienda que perjudican a la gente. Lo más triste es el detrimento económico; nadie quiere comprar aquí. Les faltó ubicarse en la plaza principal, no cumplen la norma de estar a mínimo 600 metros de la población”.
Para Roberth Sánchez, la cuestión pasa también por pensar en la salud y asegura tener una estadística del hospital de primer nivel del municipio, que muestra un incremento gradual de las enfermedades respiratorias en los últimos años. Esto coincidiría con una tesis de grado de la Universidad Central, que advierte sobre la mala calidad del aire del municipio por la presencia de altos índices de material particulado.
Por su parte, Luz Estela Vargas, directora social de Cementos Tequendama, sostiene que la empresa cumple con estándares internacionales de calidad y respeto al medio ambiente, que hace poco cambió de tecnología para optimizar su producción y acabar con el efecto chimenea, que pagan $700 millones anuales por impuestos y que aún no han llegado a un punto de equilibrio que les permita saber un promedio de utilidades. Además, cree que su impacto social ha sido positivo, porque es la única fuente de empleo formal en el municipio. También que las emisiones son controladas por la CAR, que sólo explotarán a cielo abierto cuando la decisión quede en firme y conforme a las leyes, y que 200 personas de la comunidad estuvieron de acuerdo con este proyecto en una audiencia pública de 2009.
“Al principio tuvimos una política ambigua con la empresa, porque nos congraciamos con las dádivas y atenciones que nos daban. Hoy entendemos que todo son migajas ante el impacto ambiental y de bienestar que vivimos. Por eso pedimos ser consultados y tenidos en cuenta. Suesca tiene otras alternativas de desarrollo económico, agropecuario y turístico, que no podemos perder por el monstruo”, concluye Leyla Cárdenas.
nherrera@elespectador.com