El papel del 'samperismo' en la capital

Expresidente Ernesto Samper. / Archivo

Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, los hermanos Samper Brush, hijos del “gran ciudadano” Miguel Samper Agudelo, hicieron importantes aportes a Bogotá, entre ellos la Empresa de Energía Eléctrica, la fábrica de cementos, el Gimnasio Moderno como opción laica a la educación confesional y la Cruz Roja. Pero es desconocido el liderazgo que Tomás, uno de los menores, jugó en el bloqueo que en 1910 los bogotanos le hicieron a la compañía norteamericana dueña del tranvía, Bogotá City Railway Co. Tomás dirigió la junta cívica organizada contra los atropellos de dicha empresa y, al final, diligenció con su familia el préstamo con el que el municipio adquirió el tranvía volviéndolo público.

Pasados 70 años, un biznieto de Tomás, Ernesto, incursionó en la política bogotana con el movimiento Poder Popular, inscrito como de “centro-izquierda”, que, compitiendo contra Luis Carlos Galán, alcanzó algunos escaños en el Concejo. Ernesto Samper venía del equipo de la fallida campaña de reelección de López Michelsen y acrecentó su base electoral, durante cuatro años, en las dos alcaldías conservadoras, hasta 1986. El movimiento alcanzó escala nacional y llegó al Senado con varios de sus nuevos conmilitones, entre ellos Álvaro Uribe Vélez.

Samper, como jefe de dicha vertiente, se presentó en 1990 a la consulta electoral del Partido Liberal por la Presidencia, fue derrotado por César Gaviria y terminó siendo su ministro de Desarrollo y, luego, embajador en España. Promovió una de las listas liberales en la “operación avispa” a la Constituyente, con Horacio Serpa, y en 1994 se convirtió en presidente de Colombia, venciendo a Andrés Pastrana.

Para consolidar su carrera presidencial, como lo denuncia Juan Martín Caicedo (alcalde de Bogotá en 1990) en el libro Hay que tumbar al alcalde, Samper, valido de algunos alfiles, empujó una conspiración que lo destituyó y mandó a la cárcel. En 1996, Caicedo fue absuelto por la Corte de los cargos que años antes le imputaron, según él, con propósitos torticeros.

Salido de la Presidencia —y con el Proceso 8.000 como inri—, el poder político del samperismo en Bogotá se extinguió. A esa dilución ayudaron las dos alcaldías alternadas de Mockus y de Peñalosa, que lo marginaron. La ocasión volvió a presentársele en 2003 con Lucho Garzón. Una vez desmontada por la dirección liberal la candidatura de Jaime Castro, se pactó un “acuerdo programático” con quien al final resultó elegido como primer alcalde de la “izquierda”.

Aunque Garzón reiteraba que el acuerdo no era “burocrático”, el samperismo puso buenas fichas en el gabinete distrital, entre ellas, exfuncionarios de su gobierno y del equipo de la campaña de Serpa, su fiel escudero en 2002. Tantas que López Michelsen, al conocerlo, exhortó a Lucho a que “de verdad, pusiera a gobernar a la izquierda”, pues por allí no aparecía. Garzón entregó al samperismo las secretarías de Integración Social, de Educación, de Tránsito y Transporte, el programa Bogotá sin Hambre, la dirección de Acción Comunal y la gerencia de Transmilenio. Y puso en la Energía al exsecretario de Presidencia José Antonio Vargas Lleras, quien además disparó el proceso de la “descapitalización” de la empresa. Igual de importante fue la toma de los dos organismos de control, la Personería y la Contraloría, en manos de dos íntimos: Herman Arias y el exsuperintendente de Sociedades Óscar González. A su vez, el presidente Álvaro Uribe nombró en 2006 a Samper como su embajador en Francia, nominación que al final se frustró.

El “gran salto” burocrático del samperismo llegó con la administración de Samuel Moreno. Seis de los 13 subsectores principales de la Alcaldía quedaron bajo su control, además de la EAAB y Transmilenio. Vale recordar que en todos esos años, el oligopolio privado del transporte estuvo bajo su alero, representado por Marco Tulio Gutiérrez, samperista de viejo cuño y a quien Petro intentó poner como gerente de Transmilenio.

En 2011, al preguntare a Samper en una entrevista por tan copiosa representación, solo reconoció a Yuri Chillán (a quien acaba de trastear como su asistente en Unasur, donde ejerce ahora como hombre de confianza de Santos) y a Mónica de Greiff, actual presidenta de la Cámara de Comercio. No obstante, basta mirar páginas sociales de eventos y parrandas de círculos cercanos, lanzamientos de libros y despedidas para que estos exmiembros del gabinete de la “Bogotá Positiva” estén presentes, como llamados a lista. También mantuvo su influencia en los órganos de control, en especial en la Personería, donde ofició Rojas Birry, escudero de la causa de Samper en el Proceso 8.000. Con razón afirmó, en entrevista para El Espectador en julio de 2011: “Respaldé a Samuel y a Lucho y lo hice a conciencia, pues los programas sociales que proponían eran fundamentales. No me arrepiento”. La transformación del samperismo de corriente electoral a una claramente burocrática en Bogotá —aunque con votos prestados— marcó la pauta en los gobiernos de Garzón y Moreno, añadiendo que varios de dichos exfuncionarios y socios adjuntos, como Juan Fernando Cristo, han sido “salpicados” por el “carrusel”, en condición de piezas de la funesta trilogía de políticos-administradores-empresarios.

Este recuento vale a propósito de las elecciones este año para elegir alcalde y Concejo. ¡Ojalá volvieran a reeditarse en Bogotá historias como la de Tomás Samper, que han sido relegadas, y enseñan el verdadero valor de la subordinación del interés particular al auténtico bienestar general! Algo que Bogotá demanda con apremio. Por consiguiente, si algo contradice tales afanes de 8 millones de bogotanos es que se estén fraguando los convenios burocráticos, disfrazados de "programáticos". Con los antecedentes nombrados se cae de su peso la inconveniencia".

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