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Bogotá 3 Dic 2011 - 9:00 pm

Un documento de hace 34 años paralizaría los planes de desarrollo de 27 municipios

El papel que nadie leyó

Una declaratoria ordena la protección forestal de 243.000 hectáreas de Cundinamarca, incluyendo 800 donde Bogotá desarrollaría proyectos de vivienda. La verdad detrás del desacuerdo entre Clara López y Gustavo Petro sobre el POT.

Por: Viviana Londoño Calle / Juan Camilo Maldonado T.
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El proyecto de expansión de Nuevo Usme, donde se construirían 200 mil viviendas también está dentro de los límites de la reserva de la cuenca alta del río Bogotá. / Óscar Pérez

Un documento firmado hace 34 años tiene hoy en la cuerda floja proyectos como la Operación Nuevo Usme para la expansión urbana de Bogotá, el crecimiento de municipios como La Calera y Subachoque, así como el destino de miles de campesinos de otros 19 municipios de Cundinamarca que sobreviven de trabajos agropecuarios. Se trata de la Declaratoria de la Reserva Forestal de la Cuenca Alta del Río Bogotá, la misma que, pese a ser emitida en 1977, acaba de ser desempolvada de los archivos del Ministerio del Medio Ambiente.

Aunque la junta directiva del Inderena —autoridad ambiental de la época— aprobó mediante la Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura la creación de dos reservas forestales: una en los cerros orientales —que hoy sigue en un limbo jurídico— y otra en la cuenca alta del río Bogotá. Esta última había estado soterrada hasta hace pocos años, cuando el Distrito se percató de que existía, en su intento por modificar el Plan de Ordenamiento Territorial que sirve como instrumento para definir el uso del suelo en cada municipio.

En 1993 desapareció el Inderena para dar paso al Ministerio de Ambiente. Nadie, entonces, retomó esta declaratoria y nadie recuerda hoy quiénes eran, en esa época, los encargados del tema.

Entre tanto, los municipios de Cundinamarca siguieron creciendo, ignorando (o queriendo ignorar) que muchos de ellos expandían planes de construcción y desarrollo en áreas que, para la autoridad superior, eran consideradas reservas forestales y que, por ende, debían ser protegidas.

Para el año 2000, cuando se diseñaron los primeros Planes de Ordenamiento Territorial, ninguno de los 22 municipios por donde se extendía la reserva la incluyeron en sus proyectos y mapas. Sus alcaldes argumentaron, dice Roberto González, funcionario de la Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma Regional (CAR), que la declaratoria no contaba con límites claros. La CAR, entidad encargada de administrar la reserva, siguió expidiendo permisos ambientales y el Ministerio de Ambiente nunca se pronunció al respecto.

En su momento, como lo explica el concejal electo y ambientalista Diego Bejarano, la reserva era ideal para preservar los valores ambientales de la región. Sin embargo, hoy generaría un grave impacto para el desarrollo y la economía del centro del país. No se equivoca: cuando fue creada esta reserva forestal, de carácter nacional, se buscaba que 245.420 hectáreas, que cobijan parte de 22 municipios del departamento, se mantuvieran verdes. Pero 34 años después muchas ya están urbanizadas y con su cumplimiento no sólo se afectaría casi la totalidad de municipios como Villapinzón, Chocontá y Suesca, impidiendo su futuro crecimiento, además tendría que cerrarse el relleno sanitario Doña Juana y habría que desestimular la producción agrícola para dar paso a la producción forestal.

Lo más preocupante es que esta es la hora en que la reserva, que en tamaño es casi el doble del de Bogotá, sigue vigente y se debe cumplir. Así lo dispuso en una comunicación, en agosto pasado, el Viceministerio de Ambiente, que le ordenó a la CAR hacer valer lo dispuesto en la Resolución 076 y frenar cualquier actividad que atente contra la polémica reserva.

¿Por qué hasta ahora?

Aún es un misterio por qué hasta ahora sale a la luz un documento tan viejo y tan trascendental para los destinos de miles de personas que tienen intereses económicos en las áreas rurales de Bogotá, Zipacón, Sibaté, Soacha, Bojacá, Mosquera, Madrid, Facatativá, Cota, Tenjo, La Calera, El Rosal, Chía, Sopó, Cajicá, Tabio, Subachoque, Tocancipá, Gachancipá, Guatavita, Sesquilé, Cogua, Tausa, Suesca, Nemocón, Chocontá y Villapinzón (ver mapa).

Hay quienes dicen que durante el proceso de modificación excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, la Secretaría de Planeación del Distrito descubrió, al consultar a la CAR, que dicho documento existía. Otros aseguran que fue a pedido de organizaciones ambientalistas que el Ministerio del Medio Ambiente desempolvó sus archivos, delimitó el área de la reserva y se lo comunicó a la CAR.

Aún hay muchas preguntas sin respuestas en todo este lío, que tiene actualmente a la alcaldesa Clara López y al alcalde electo, Gustavo Petro, enfrascados en una agria discusión sobre el futuro del POT de la ciudad.

Clara vs. Petro

A mediados de noviembre, Gustavo Petro le envió una carta pública a la alcaldesa Clara López, en la que le solicitaba que declinara su intención de reformar el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito sin antes “analizar en conjunto la pertinencia de mantener algunos de los puntos de desacuerdo que surgieron en el trámite de concertación de los asuntos ambientales con la CAR”.

Debido a la complejidad técnica de este tema, sumado a la brevedad de la misiva, nadie se enteró de que el principal punto de desacuerdo entre la CAR y el Distrito tiene que ver con la reserva forestal de la cuenca alta del río Bogotá. El mismo en el que no se han podido poner de acuerdo la alcaldesa saliente y el alcalde entrante.

El tema no es de poca monta. En medio de esta disputa técnica en torno a la reserva se encuentran 800 hectáreas de la localidad de Usme, que actualmente son la carta de salvación del Distrito para solucionar el déficit de 280.000 viviendas que tiene la capital y que año a año aumenta en 50.000.

Fue el alcalde Enrique Peñalosa quien, en el año 2000, imaginó la posibilidad de que Bogotá creciera hacia Usme. Desde entonces, el Distrito ha desarrollado un proyecto en estas 800 hectáreas en las que aspira a construir, a través de Metrovivienda, 53 mil viviendas, con una inversión aproximada a los $300 mil millones.

Diez años después el panorama del proyecto urbanístico, considerado por la Secretaría de Hábitat distrital como el más importante de Bogotá en los próximos 20 años, es bastante oscuro. En su oficina en la CAR, Roberto Emilio González señala que en agosto la entidad le notificó a Metrovivienda de la existencia de la Resolución 076. Según González, de los cuatro planes parciales diseñados para la nueva ciudadela, sólo podría terminarse el primero, denominado Tres Quebradas, pues tiene un avance significativo y tuvo luz verde por parte del Distrito desde 2008. Los demás quedarían sólo en el papel.

Frente a esta encrucijada, la administración actual insiste en seguir adelante sin que esto se resuelva. Gustavo Petro, por su parte, es partidario de esperar a que las autoridades ambientales saquen a Usme del limbo.

“La mejor forma de solucionar ese tema es que, antes de avanzar en más inversiones, se realicen los estudios del caso dirigidos a realinderar esa reserva. Mientras tanto es un riesgo aún para el plan parcial ya aprobado, de aproximadamente 300 hectáreas, denominado Tres Quebradas. El Distrito además enfrenta el problema de que no concertó con la CAR el plan de ordenamiento zonal de Usme, a pesar de estar obligado a hacerlo”, asegura María Mercedes Maldonado, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y parte del equipo de empalme del alcalde electo, Gustavo Petro.

Maldonado añade además que la CAR es apenas la entidad administradora de la reserva y que la entidad competente para realinderar y definir los usos es el Ministerio de Ambiente, por tanto, es la única que puede destrabar el tema.

Pero Xiomara Sanclemente, directora del área de ecosistemas del Ministerio, advierte que esa cartera está dispuesta a replantear los límites de la reserva, siempre y cuando la CAR adelante los estudios técnicos pertinentes que determinen cuáles áreas definitivamente no pueden considerarse como zonas de protección.

Desde hace dos meses, la CAR empezó a devolver proyectos urbanos que estén dentro de la reserva. Entidades como Catastro también la están incluyendo en los certificados de usos del suelo. Sin embargo, todavía no han empezado a realizarse los estudios que menciona Sanclemente.

¿Quién tiene la culpa?

Cuando se trata de determinar responsabilidades frente al olvido de este importante documento, tanto el Ministerio de Ambiente como la CAR se limpian las manos. Según González, la CAR permitió que se aprobaran distintos proyectos urbanísticos en la reserva durante todos estos años porque, hasta agosto pasado, no se habían definido los límites de la reserva.

Sanclemente tiene otra versión: asegura que desde 2004, con apoyo del Instituto Agustín Codazzi, se establecieron los límites de la reserva. Dice también que desde entonces la CAR conocía la declaratoria, pero nunca la quiso cumplir. Además, asegura que la reserva no es una amenaza, sino una oportunidad para preservar miles de hectáreas que serán la despensa de recursos de la región en el futuro.

Independientemente de quién tenga la razón, lo cierto es que en la medida en que esta conciliación no se lleve a cabo, 22 municipios y miles de sus habitantes verán surgir trabas a sus aspiraciones similares a las que ahora enfrentan los bogotanos que sueñan con vivir en la ciudadela de Nuevo Usme.

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