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La semana que termina mostró a Bogotá como un eje de apoyo al proceso de paz, con la Cumbre Mundial de Arte y Cultura para la Paz y la marcha del 9 de abril, hechos que de alguna manera pretendían legitimar los diálogos de La Habana. Se trata de un impulso en el que influyó el alcalde Gustavo Petro, que ha puesto su administración en función de un apoyo frontal al proceso. ¿Pero qué tanto peso debe tener la discusión sobre la paz en la campaña por la Alcaldía?
Primero, un contexto. La Secretaría de Integración Social indica que en Bogotá hay 620.000 víctimas del conflicto. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), por otra parte, atendió en Bogotá en el último año a 2.974 excombatientes de grupos armados ilegales, 11% de los atendidos en todo el país. Aunque una minoría, la capital ocupa el segundo lugar en el país, solo por debajo de Antioquia.
El director de la Agencia, Joshua Mitrotti, explica además que grandes ciudades serán los principales destinos de quienes dejan las armas, pues allí encuentran “una infraestructura de servicios públicos que permite absorber a quienes busquen mejor calidad de vida. En ese sentido, Bogotá puede absorber a unos 4.000, cosa distinta a Putumayo o Caquetá”.
Es apenas una muestra de realidades que ya han enfrentado las últimas administraciones, pero que, de cara a los posibles acuerdos, parecen ineludibles. El debate, sin embargo, es si los candidatos deben asumirlas como un eje central ante la coyuntura que vive el país o si deben ser apenas un punto dentro de una agenda en la que movilidad, seguridad, vivienda y asuntos de corte urbano se presentan como igual de importantes para la vida diaria de los habitantes.
Las visiones de los precandidatos son variadas. Quienes llegan de la entraña de Progresistas apuestan por mantener la “línea con lo que ya viene trabajando el gobierno distrital”, dice María Mercedes Maldonado. Retorno, vivienda y generación de ingresos para las víctimas son para ella objetivos importantes debido “al débil compromiso de la Nación”. Hollman Morris pretende ser más abarcador: un plan de gobierno llamado “Bogotá: capital de la paz y del buen vivir”, pues considera que “será el motor y escenario de implementación de los acuerdos”. Las estaciones del metro, pone como ejemplo, deberán ser monumentos a la memoria.
Petro, en efecto, ha revestido sus políticas de un discurso en función de la paz. Su administración ha capacitado a 6.270 personas como gestoras de paz, que explican en las localidades lo discutido en La Habana; incluso promovieron la marcha del pasado jueves. El secretario de Integración Social, Jorge Rojas, agrega que han pretendido engranar la política social con la agenda de La Habana: desarrollo agrario, por medio de la promoción de una zona de reserva campesina en Sumapaz; política de drogas, implementando los Centros de Atención Móvil para Drogodependientes, y víctimas, con la creación de la Alta Consejería para las Víctimas.
Clara López, del Polo Democrático, también piensa en una visión transversal de las políticas de paz, con énfasis en programas sociales y culturales. También hace énfasis en la atención a víctimas.
Rafael Pardo (Liberal-Partido de la U) piensa estructurar “una política que sirva de verdad al posconflicto”, que considera fundamental para Bogotá.
Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, pide precaución con el debate. Cree necesario, como los demás, trabajar en la atención a víctimas, pero afirma que “no se puede hacer populismo barato metiendo la paz en todas las discusiones. Mejorar la movilidad es una necesidad urgente que no pasa por la consecución de la paz. Tampoco toda la política de seguridad ni toda la política social”.
Para Francisco Santos (Centro Democrático), la agenda de paz “no es una prioridad porque es un tema más nacional”. Soluciones en movilidad, seguridad, educación y salud son para él las que necesitan los bogotanos. Sí considera pertinente prepararse para afrontar el posible incremento en la inseguridad que, como coletazo, surja tras un acuerdo por los desmovilizados que sigan delinquiendo.
Habrá que ver si la campaña por la Alcaldía repetirá el pulso de las presidenciales del año pasado alrededor del proceso de paz (ver parte superior de esta página). Para Santos, sería desviar el debate; para Clara —además integrante de la Comisión Asesora del proceso— se trata de un “elemento esencial de esta campaña”. La agenda de discusión dependerá de coyunturas que viva la ciudad (más críticas sobre movilidad, falta de ejecución, etc.) o de lo que salga de la propia La Habana. De la habilidad de los candidatos para poner sus temas sobre la mesa, uniéndose o apartándose de esas coyunturas, dependerá un posible triunfo.