El 28 de diciembre pasado, tres días antes de culminar el gobierno de Gustavo Petro, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) adjudicó la concesión para renovar el coliseo El Campín. El proceso andaba sin mayores contratiempos. Ese mes, sin embargo, una vez Cine Colombia * manifestara formalmente el interés de ejecutar las obras, fue rechazado por el distrito con argumentos que no lo convencieron y sin posibilidad de subsanar las aparentes inconsistencias en los documentos que había presentado, así que demandará. En juego está un contrato por $70.000 millones.
La empresa Colombiana de Escenarios se quedó con el contrato, que prevé hacer las intervenciones durante dos años contados desde que le otorguen la licencia de construcción. Esa firma fue la que propuso, en 2012, la adecuación del coliseo bajo el esquema de una Alianza Público Privada (APP), en la que todos los recursos los aporte el particular. El IDRD, después de poner algunas condiciones sobre la iniciativa, declaró viable la oferta en septiembre pasado, y en octubre ambas partes firmaron un acuerdo “en el que se establecen las condiciones de participación para que terceros manifiesten interés en ejecutar el proyecto de renovación”. Es una posibilidad prevista en la Ley de APP (1508 de 2012).
Cine Colombia, entonces, manifestó su intención, pero lo rechazaron por incumplir con dos requisitos: por un lado, el IDRD consideró que el documento con que acreditó parte de su experiencia “carece de valor legal”. Por otra parte, porque “tampoco cumplió con la condición de acreditar en debida forma la capacidad de financiación requerida”.
Una vez el IDRD descartó dichos documentos procedió a firmar el contrato con Colombiana de Escenarios. Julio César Ortiz, abogado externo de Cine Colombia, argumenta que el Distrito debió haber surtido un proceso para escoger entre ambas propuestas, como lo prevé la Ley de APP. Además, advierte que no sólo se debió publicar el informe con las observaciones frente a la propuesta, sino que les debieron garantizar su pronunciamiento “sobre las razones de descalificación y ejercer el derecho de contradecir el informe”.
La respuesta del Distrito está en la resolución en la que el IDRD descartó la posibilidad de que esa empresa se metiera en la puja, documento que firmó su entonces director, Aldo Cadena. De acuerdo con éste, “las inconsistencias evidenciadas (…) no pueden ser subsanadas”, pues, para este caso, la ley “no prevé dicha posibilidad”. Los afectados, sin embargo, califican esto como una violación al debido proceso.
Eso los lleva a considerar que el proceso está viciado y, por lo tanto, interpondrán acciones judiciales para que el proceso sea declarado nulo y la ejecución del contrato sea suspendida.
Las obras
Aunque está por verse el futuro que puedan tener esas acciones judiciales, es claro que, más allá del dinero, también está en juego la puesta en marcha oportuna de un escenario pensado para la recreación y el ocio de los ciudadanos. El objetivo es que sirva para eventos deportivos, musicales y culturales. Se llamará Arena Metropolitana y, de acuerdo con el IDRD, su aforo será para unos 14.000 espectadores.
Además de reforzar la estructura del actual edificio, se construirá otro de cuatro pisos. Contará con accesos al escenario a través de ocho escaleras y cinco ascensores para 20 personas cada uno. Se instalará una cubierta nueva, se levantará otra fachada en vidrio templado, tendrá iluminación led, circuito cerrado de televisión y obras de urbanismo exterior en 13.500 metros cuadrados.
El concesionario deberá pagarle al Distrito el 2% de los ingresos brutos que obtenga por la explotación del lugar y tendrá que prestarlo para eventos de entidades distritales hasta 12 días al año.
El cronograma establece que la licencia de construcción sea aprobada el 3 de marzo próximo, cuando comenzarían las obras, que deberían terminar el 14 de marzo de 2018. La concesión será por 25 años.
* Cine Colombia forma parte del mismo grupo empresarial al que pertenece El Espectador