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“Temo por mi seguridad personal y la de mis hijos, mi esposa, mi señora madre y mi hermana, pues siempre se ha oído de un pacto de silencio en el que el que habla se muere”. Con esas palabras, el patrullero Nelson Giovanny Tovar contestó la última pregunta del interrogatorio que rindió ante la Fiscalía el 27 de marzo de 2015, que ratificó en una declaración jurada el 11 de marzo de este año y el pasado lunes ante un juez.
El Espectador conoció ambos documentos, que hacen parte de las evidencias con las que la Fiscalía intenta demostrar que alrededor de la muerte de Diego Becerra, el grafitero de 16 años asesinado por el patrullero Wílmer Alarcón el 19 de agosto de 2011, hubo un armazón de mentiras orquestado por policías y civiles para desviar la investigación.
En el relato de Tovar se desenredan varios aspectos claves: cuenta cómo consiguió el arma, que luego fue plantada en la escena del crimen para hacer parecer que Becerra era un delincuente; establece el supuesto rol del coronel Nelson de Jesús Arévalo, uno de los tres oficiales procesados en el caso, y cómo, luego de que las mentiras sobre las circunstancias de la muerte de Becerra se empezaron a desvanecer, comenzó una nueva cruzada, forjada a punta de amenazas, para imponer el silencio en el caso.
Así apareció el arma
Los patrulleros Nelson Tovar y Fleiber Zarabanda estaban en el CAI de la Alhambra cuando llegó su colega Freddy Navarrete (otro testigo de la Fiscalía que ya fue condenado a cuatro años por este caso) a preguntar si alguien tenía un arma adicional a la de dotación. Tovar, en efecto, la tenía. Días antes, se había encontrado una pistola “Sterling, calibre 22 largo, pequeña, niquelada y de cacha negra”. Zarabanda sabía del arma y le insistió a su compañero que la pusiera a su disposición. Hasta ahí, en el razonamiento de los patrulleros, Becerra era un bandido y un policía estaba en aprietos por haberle disparado. “Zarabanda me dijo que por qué no le colaborábamos, que mañana podíamos ser nosotros los del problema”, cuenta Tovar.
Pero el patrullero tenía dudas y se fue a buscar al coronel Arévalo, entonces comandante de la estación de Suba. Ese oficial es uno de los tres coroneles investigados que este año quedaron libres por vencimiento de términos. Entonces, Tovar y Zarabanda lo encontraron sentado en un andén junto a la escena del crimen, en la avenida Boyacá con calle 116. Lo saludaron, se le presentaron y le preguntaron si tenían que “colaborarle” a Alarcón. El oficial contestó que “si se iba a hacer algo tocaba hacerlo bien hecho, o si no, no”. “Dimos por entendido que él conocía sobre lo que nos había dicho Navarrete”, agrega Tovar.
Tovar, que siempre tuvo el arma en su poder, guardada en la cajuela de la moto, se fue junto con Zarabanda, supuestamente a buscar la pistola. Navarrete los llamó y les dijo que se dieran prisa. Cuando volvieron a la escena del crimen la encontraron llena de gente. Tovar se asustó al ver a tantos, entre ellos a un hombre vestido de negro que Navarrete le señaló como el asesor jurídico de la Policía de Bogotá. Luego supo que se trataba del abogado Héctor Hernando Ruiz.
Tovar, que conversaba con Navarrete, estaba a punto de entregarle el arma cuando Ruiz, quien estaba cerca y había escuchado la charla, se acercó al patrullero y le preguntó si la pistola ya había sido disparada. Al recibir un no como respuesta les dijo: “Vayan y la disparan a la vuelta”, cuenta el patrullero.
Ambos arrancaron en la moto. Se detuvieron en una esquina, cuando pasaban por el humedal Córdoba. Allí Zarabanda disparó “hacia el potrero”. Cinco minutos después volvieron a la escena del crimen. Allá se encontraron con Navarrete, Alarcón (quien le disparó a Becerra) y el abogado Ruiz. Tovar le entregó el arma a Alarcón, le dijo que se la tenía que pagar (algo que nunca sucedió) y se marchó a seguir patrullando. En el relato dice que Alarcón sabe quién plantó el arma.
En los siguientes días, Tovar vio en los noticieros cómo crecía el escándalo. “Nos empezamos a dar cuenta de que ese muchacho no era una bandido. Que la idea que nos habían vendido era otra”. En agosto de 2014 fue capturado y conducido a la cárcel de Facatativá, donde, dice, comenzaron las presiones.
Las presiones
Desde que el patrullero Tovar llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, intentó acudir ante un juez en tres ocasiones, para declarar. Pero las amenazas que se cernían sobre él y su abogado, Jairo Acuña, impidieron que la audiencia se realizara. Sólo el lunes pasado pudo ratificar ante la justicia lo que ya les había contado a los investigadores.
Las presiones habían comenzado desde que llegó a la cárcel de Facatativá. Allí se encontró con varios de los procesados, con quienes se había cruzado la noche de la muerte de Becerra. Los abogados de algunos de ellos empezaron a buscarlo para que cambiara de defensor. Jaime Gutiérrez, apoderado de Alarcón, le decía que Acuña no conocía el caso y se ofreció a representarlo. Alarcón y Juan Carlos Leal (otro policía procesado) le decían que no les gustaba su abogado y que era necesario vigilarlo, porque podía estar de parte de la Fiscalía.
Pero Tovar siguió con Acuña, quien le recomendó que contara la verdad de lo que sucedió la noche de la muerte de Becerra. Y así intentó hacerlo. La primera vez que acudió a la Fiscalía guardó silencio. “Estaba asustado porque todos se enteraban cada vez que salía y el ambiente se tornaba pesado. Cuando vieron que yo ya había tomado una decisión, Zarabanda me dijo que no lo metiera a él (…) y que no metiera al abogado Ruiz (…). Le dije que ya había tomado una decisión y él respondió que me había tirado el proceso”.
Luego vinieron las intimidaciones. Fueron varios episodios. En una ocasión, su esposa le contó por teléfono y entre lágrimas que cuando fue a recoger a su pequeña hija al jardín vio un taxi parqueado al frente. Adentro había tres hombres que las fotografiaron. Luego, su madre le contó que un día, cuando salía de su casa para visitarlo en la cárcel, vio a un hombre en una moto y se lo volvió a cruzar ese día, cuando hacía la fila para entrar al centro penitenciario. “Hemos tenido audiencias en las que nos hemos encontrado con los otros procesados y sus familiares. Y ellos murmuran: ‘Ahí llegó el sapo, el que se tiró el proceso’”, cuenta.
En enero de este año, el patrullero, ya en libertad, encontró un sobre en su casa. Adentro, una hoja blanca con letras recortadas y pegadas plasmaban una sentencia: “Muerte a Tovar”. Su abogado también ha sido amedrentado. El pasado 30 de diciembre, desconocidos entraron a su casa, robaron documentos del caso y mataron a su perro.
¿Por qué considera que ha recibido estas amenazas?, le preguntó la Fiscalía. Tovar respondió: “Por la colaboración que le di a la justicia (…) donde revelé cómo suministré la pistola que se sembró en la escena del crimen donde el patrullero Alarcón le causó la muerte al menor de edad Diego Felipe Becerra”. Hoy, Tovar está a la espera de que una juez decida si avala el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía. De ser así, se convertiría en un testigo clave y tendría que pagar ocho años de prisión por su participación en el intento de ocultar la verdad detrás de la muerte del joven grafitero.
Las últimas movidas en el caso del grafitero
En el último mes se ha movido el proceso por la muerte de Diego Felipe Becerra y el presunto intento de encubrimiento de los hechos ocurridos hace cinco años. Las investigaciones han sido lentas, según la familia de Becerra, por las dilaciones que han promovido los abogados de los procesados.
Ayer, una juez le negó la libertad a Wílmer Alarcón, quien le disparó a Becerra, pese a que la Procuraduría pidió que saliera de prisión por vencimiento de términos. El pasado 30 de junio, la justicia administrativa condenó al Ministerio de Defensa y a la Policía por la muerte del joven de 16 años, que calificó de injustificada. Asimismo ratificó que hubo una alianza entre civiles y policías para desviar las investigaciones. Pese a estas últimas decisiones, el proceso penal sigue estancado, tanto que doce procesados salieron de prisión por vencimiento de términos.