Elección del operador de Transmicable en Bogotá, en la recta final

Si se cumple el cronograma, el contrato de operación se adjudicaría el próximo 17 de mayo./ Cortesía Alcaldía

El Transmicable de Ciudad Bolívar está casi listo y el trámite para elegir al operador se encuentra en la recta final. Sin embargo, siguen los reparos a la licitación: primero fue la petición de revocar el proceso, luego la queja disciplinaria y la denuncia penal por supuestas inconsistencias en los pliegos de condiciones y, ahora, la solicitud de declararla desierta, al considerar que el único oferente no cumplió con los requisitos para quedarse con el negocio. Por ahora, el Distrito analiza tanto las observaciones como los nuevos documentos que presentó el oferente.  (LEA: Piden revocar licitación para elegir operador del Transmicable en Bogotá)

Para comenzar, vale recordar que a la licitación para adjudicar el contrato por $91.000 millones y 66 meses de plazo sólo se presentó el consorcio Cable Móvil, integrado por Transdev de Chile y Fanalca de Colombia, ambas con negocios en el sector transporte, especialmente en Transmilenio y Transantiago (Chile). Su representante legal es Santiago Cucalón, gerente de Conexión Móvil, operador del SITP. (Lea: A la licitación para operar el Transmicable en Bogotá sólo se presentó un proponente)

Si bien a la hora de presentar su propuesta las empresas adjuntaron información para demostrar que cumplían las exigencias de la administración, se rajó en el primer examen. En la evaluación preliminar que hizo Transmilenio (TM), para verificar los requisitos técnicos, financieros y jurídicos, encontró que el oferente no entregó todos los documentos y, por eso, lo inhabilitó. No obstante, le dio plazo hasta el pasado miércoles para adjuntar los certificados que le faltaron y subsanar las observaciones. El consorcio Cable Móvil ya los presentó.  (LEA: Suspenden proceso para elegir al operador del cable aéreo a Ciudad Bolívar)

La evaluación

Al revisar la evaluación preliminar se encuentran las falencias. A la hora de certificar la experiencia en operación y mantenimiento de cables, la firma chilena Transdev relacionó contratos de dos empresas que dijo controlar, las cuales operaron dos líneas en Europa, que entre ambas movilizaban 4.250 pasajeros hora/sentido, es decir, 70 por minuto. Sin embargo, TM no encontró documentos que acreditaran el control sobre las empresas ni certificados del contratante que especificaran fechas de ejecución, ni obligaciones del contrato.  (LEA: Distrito pone a prueba las cabinas del TransMicable)

De otro lado, en la evaluación financiera, pese a que las empresas del consorcio consignaron datos que sugieren tener el capital de trabajo y el patrimonio suficiente para ejecutar el contrato, tampoco entregó todos los papeles. Fanalca, por ejemplo, no presentó los estados financieros certificados ni formatos de su capacidad firmados por contador y revisor fiscal. Transdev, por su parte, no entregó la conversión de sus balances de pesos chilenos a dólares y a pesos colombianos. (LEA: TransMiCable, el sueño de Ciudad Bolívar)

Finalmente, en la evaluación jurídica, Fanalca no presentó certificado de la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), que es el que lo habilita para contratar con el Estado, ni los compromisos de probidad, que consisten en “una manifestación ética de los participantes para evitar hechos contrarios a la ley”. (LEA: Cable aéreo a Ciudad Bolívar: empiezan obras tras ocho años de espera)

Los reparos

Al ser un proceso público, como era de esperarse, las empresas que no pudieron presentarse a la licitación, por no cumplir con los requisitos del pliego de condiciones, presentaron reparos que apuntan a lo mismo: declarar inhabilitado al proponente por incumplir los requisitos de ley. El primero en hacerlo fue el abogado Javier Mayorga, quien representa los intereses de la sociedad Cable Aéreo de Manizales y el mismo que denunció que la licitación excluyó de forma deliberada a las tres empresas nacionales con experiencia en operación de cables aéreos.

En el documento señaló que el consorcio incumplía los requisitos jurídicos, ya que el objeto social de la empresa chilena era la prestación del servicio de transporte público con buses y no la operación de cables. Además, que pretendía invocar la experiencia de dos empresas que, aparentemente, no controla. “En los documentos no hay consistencias que evidencien su control. Además, no presenta el trámite de apostille, lo que no ofrece garantía sobre la actual composición accionaria del grupo”.

Agregó que el hecho de que Fanalca no hubiera presentado sus estados financieros certificados era un error insubsanable. Esto lo sustentó con sentencias del Consejo de Estado que indican que, si bien hay documentos que se pueden presentar en cualquier momento, este plazo no podía servir para subsanar omisiones ni para mejorar, completar, adicionar o modificar la propuesta.

“El no haber presentado los estados financieros no se puede ver como un requisito meramente formal, susceptible de ser subsanado. Hacerlo sería promover una irregularidad en la evaluación a favor del proponente, quien no puede, so pretexto de usar las normas para subsanar los documentos de su oferta, presentar nuevos documentos o completarla, menos aún los financieros”.

La firma Intec fue otra de las que presentaron reparos. Se centró inicialmente a señalar que el proponente no atendió las reglas del proceso para acreditar la experiencia y, por lo tanto, TM no puede tenerla en cuenta. “Hacerlo afectaría la legalidad y la transparencia del mismo, por cuanto fueron reglas claras y precisas, objeto de revisión y verificación previas por cada uno de los interesados, que precisamente no presentaron propuestas, porque este requisito generaba mayor desgaste a la hora de acreditar su idoneidad. No puede ahora TM cambiar las reglas a favor de un proponente que presenta una propuesta incompleta e imprecisa”.

“Estamos revisando”

Tanto las observaciones como los documentos que radicó el consorcio los analiza el personal de Transmilenio. Desde la oficina jurídica explicaron que, si bien en la evaluación preliminar puede considerarse que un proponente no cumple con requisitos habilitantes, la ley establece un plazo adicional para que se dé la subsanación de los mismos. “Para Transmilenio las observaciones que formula la ciudadanía son importantes, pues nos permiten hacer análisis y evaluaciones más críticas de las propuestas. En ese sentido procederemos a responder con el mayor cuidado todas las observaciones que se han presentado en el proceso de Transmicable y en todos nuestros procesos”, dijo Julia Rey, subgerenta jurídica de Transmilenio.

Si se cumple el cronograma, el próximo 16 de mayo se conocerá definitivamente si el consorcio cumple con los requisitos y el 17 le adjudicarían el contrato. En caso contrario, el Distrito tiene dos caminos: hacer un proceso de selección abreviada, que duraría cuatro meses, o firmar un contrato interadministrativo con alguna de las empresas que operan cables aéreos en el país.