Embolatados $29 mil millones por urbanismo ilegal en parque natural

Jalón de orejas de la Contraloría de Bogotá a los alcaldes locales por la falta de control a quienes invaden predios ecológicos.

El tema de las ocupaciones ilegales de vivienda en Bogotá llamó la atención de la Contraloría Distrital, quien se pronunció al respecto por la falta de control de las autoridades distritales que actúan lento para impedir que personas invadan terrenos ecológicos, lo cual no solo genera daño al medioambiente sino también posible pérdida de recursos públicos.

El contralor de Bogotá, Diego Ardila Medina, envió al alcalde Gustavo Petro una advertencia fiscal en la que hace una breve radiografía del panorama del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Desde los años 80 viene siendo objeto de ocupación ilegal y pese a los más de 29 mil millones de pesos que invirtió el Distrito para desalojar a las familias asentadas en el lugar, hace dos años nuevamente el sector está siendo invadido sin que las autoridades ejerzan control.

Para la Contraloría, es preocupante la creciente degradación de la estructura ecológica principal de la ciudad como consecuencia del desarrollo urbanístico ilegal. “En el caso que nos ocupa pone en grave riesgo de pérdida el patrimonio natural de la ciudad como los recursos públicos a que se vio abocado pagar el Distrito Capital, en cuantía superior a los $29.306 millones en la reubicación de aquellas familias que durante los años 80 procedieron a la ocupación de hecho de áreas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes y algunos de sus sectores adyacentes, con el agravante que actualmente son objeto de nuevas invasiones”.

El organismo de control señala que estos hechos corroboran la existencia de serias fallas en el ejercicio del control ambiental y urbano respecto aquellas zonas de especial protección. “Lo cual es seriamente reprochable, máxime el hondo interés público que mundialmente suscita la difícil situación que afronta el planeta por fenómeno del calentamiento global”.

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes, especialmente, el sector declarado como de alto riesgo no mitigable conocido como Nueva Esperanza, ubicado al suroriente de Bogotá, localidad de Rafael Uribe Uribe, ha sido en varias oportunidades ocupado ilegalmente.

El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes hace parte del sistema de áreas protegidas del Distrito. El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias (FOPAE) determinó este parque como un área de amenaza y riesgo no mitigable, que constituye suelo de protección, lo que significa que tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

En el año 2004 la Consultora Geocing LTDA realizó estudios para recuperar y evitar nueva ocupación de esta zona de alta amenaza. En dicho estudio se concluyó que debido a los atributos del sector. Éste no era apto para la conformación de una trama residencial, por lo que se recomendó el reasentamiento total de los habitantes que vivían en dicha zona.

En 2005 las secretarías de Planeación y Ambiente comenzaron la gestión para recuperar la estructura ecológica. En 2006, asumieron altos costos para la reubicación de las 1.127 familias, la cifra superó los 29.306 millones de pesos.

Desde mayo de 2011 el mismo sector está siendo objeto de nuevos reasentamientos (aproximadamente 108 familias) como consecuencia de las reiteradas fallas en el ejercicio del control ambiental urbano, con los riesgos de afectación del patrimonio público distrital que esto representa como la posible pérdida de 29.306 millones de pesos.

“La causa determinante de la afectación que actualmente presenta la Estructura Ecológica Principal la constituye el desarrollo urbanístico ocurrido de manera ilegal debido a la ausencia de control previo, falta de coordinación interinstitucional y no efectividad del ejercicio del control ambiental y urbano normativamente previstos”, dice la advertencia fiscal.

Llama la atención de la Contraloría las constantes fallas de los alcaldes locales en materia de infracciones al régimen urbanístico y de obras, pues el actual proceso de reasentamiento tuvo inicio en mayo de 2011 y solo en agosto de 2012 la alcaldía de Rafael Uribe Uribe hizo presencia en el sector para imponer la medida preventiva de sellamiento en algunas de las viviendas allí levantadas (36), medida que no es efectiva para impedir la ocupación ilegal

El contralor Diego Ardila asegura que la Administración debe acometer acciones concretas en las cuales se involucren todas aquellas entidades responsables del tema para que de manera coordinada ejerzan competencias y se fortalezca el control previo en aras de que los hechos no tomen mayores dimensiones con lo cual se pongan en riesgo intereses patrimoniales.