La encerrona a Natalia de la Vega

La Contraloría Distrital, la Personería y el concejal Javier Palacio han aumentado en los últimos días las investigaciones y cuestionamientos a la gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad.

Camilo Segura Álvarez
31 de julio de 2013 - 09:53 a. m.
Natalia de la Vega, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS). / Archivo
Natalia de la Vega, gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS). / Archivo

La gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS), Natalia de la Vega, está en la mira de los organismos de control. Todo, por un concejal que ha hecho más de 15 denuncias sobre errores administrativos en la entidad en menos de un año. Se trata de Javier Palacio, del partido de la U, quien ha manifestado no tener ningún tipo de interés burocrático, aunque, en los pasillos del Fondo, se dice lo contrario.

De la Vega asumió la gerencia del FVS en septiembre de 2012. La primera piedra en su zapato fue la compra, con serias irregularidades, de 100 motos eléctricas para la Policía. El contrato, si bien lo había firmado su antecesor, César Manrique, fue objeto de polémica durante el mes de febrero. Ahí, se desató una cruzada por la cabeza de la gerente.

Que el FVS tenía funcionarios que fueron representantes legales del contratista, que había sobrecostos, que el vendedor entregó cotizaciones a diestra y siniestra por los despachos del Distrito, entre otras denuncias, hicieron eco en los medios de comunicación. La gerente denunció el contrato. También, advirtió que ella “tuvo” que firmar prorrogas del contrato para “evitar un detrimento patrimonial para el Distrito”. El contrato se ejecutó, finalmente, en junio de este año.

Quien más aprovechó el incidente para señalar la supuesta mala administración de De la Vega fue Javier Palacio. El concejal de la U hizo un debate de control político sobre las motos. Pero, después hizo sendos controles políticos, entre febrero y mayo de este año, en los que señaló por lo menos diez procesos contractuales con presuntas irregularidades. Cada caso fue remitido por el concejal a los organismos de control (Contraloría, Personería y Procuraduría) y, hoy, se conocen los efectos de esas denuncias.

El lunes pasado, el concejal afirmó que el contrato para el mantenimiento de las motos de Policía se terminaba y que, en consecuencia, hasta tanto se firmara otro contrato, los patrulleros de la ciudad se quedarían sin garantías para ejecutar su trabajo regularmente. De la Vega salió al paso de las declaraciones y afirmó que, si bien el contrato sí se vencía, ella firmó una adición para garantizar el mantenimiento del parque automotor hasta el próximo mes de septiembre.

El contralor Diego Ardila no se lo creyó.Y dijo que el monto de la adición ($1.356 millones), no alcanzaría hasta septiembre. “Dentro de 15, o a lo sumo 20 días, no se estará prestando el mantenimiento de las motos”, aseguró.

Además, según conoció este diario, luego de que en abril pasado la Policía tuviera un racionamiento en el suministro de gasolina para patrullas y motos por la falta de previsión en las fechas del contrato, la adición que firmó De la Vega para enmendar la situación está siendo objeto de investigación por la Contraloría Distrital. “Parece que la gerente firmó una adición superior al 50 %, por un monto cercano a los $14 millones. Es poco dinero, pero pasó los topes de ley. Además, se habría dejado meter de parte del contratista siete valores diferentes de gasolina y ACPM”, dijo un funcionario cercano al proceso.

Y a esto se suman las pesquisas que adelanta la Personería. Son dos hechos en particular: el supuesto despido de tres mujeres en estado de embarazo y la falta de soportes y la comisión de errores administrativos en la contratación de un fotógrafo.

“Ellas estaban por prestación de servicios. No se despiden. Se les acabó el contrato y después de eso es que dicen que están embarazadas. Las tres están contratadas ahora. Sólo tuvimos problemas con una que pedía que el nuevo contrato fuera retroactivo, es decir, que quedara fechado antes de su reincorporación a la entidad, cosa que no podíamos hacer pues va en contra de la ley. Pero ya está contratada”, le dijo Natalia de la Vega a este diario. Es decir, que en el momento en que finalizó el contrato la entidad no sabía que estaban en cinta.

En cuanto al fotógrafo, según sabe la Personería, fue Natalia De la Vega “quien acreditó las calidades profesionales de Gerald Bermúdez (el contratado) para luego contratarlo”. Sin embargo, en su momento, en febrero, la gerente afirmó que “los servicios del fotógrafo son necesarios pues estamos cambiando la imagen del fondo y para eso es necesario hacer varias fotografías sobre nuestras actividades. Hicimos el estudio de mercado y Bermúdez fue quien presentó la cotización más barata”.

El Espectador habló con el círculo más cercano a De la Vega. Dos de esos funcionarios afirmaron que esta avalancha de denuncias, que consideran injustificada, se debe a que “el concejal Palacio está manejando el rumbo investigativo de los organismos de control. Sabemos que aquí adentro (en el FVS), él está moviendo sus fichas para que los procesos contractuales fracasen y para hacer ruido con cualquier denuncia falsa que aparezca”. “A él no le gusta que ya no tiene el manejo de la burocracia y, por eso, aprovecha que tiene muchas fichas adentro desde la administración de Samuel Moreno”. Por razones judiciales y políticas estas personas prefirieron reservar sus identidades.

El concejal, quien ha sido cuestionado y denunciado por manejar la burocracia y la contratación durante la administración de Samuel Moreno en el FVS, así como por una supuesta concentración de la contratación con las Fuerzas Militares, ha dicho en repetidas ocasiones que su único interés es “evitar que se juegue con la seguridad de los bogotanos y hacer control político a las entidades del Distrito. Lo que pasa es que la administración ha desplegado la idea de que quien le hace oposición es parte del ‘carrusel de la contratación’ y eso no es así. No tengo ningún manejo de la contratación en el FVS”.

Por Camilo Segura Álvarez

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