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Tras una serie de denuncias que emitieron los habitantes de Usme y Ciudad Bolívar en contra de dos empresas procesadoras de agregados (arena y gravilla) que estaban contaminando el río Tunjuelo con aguas sucias y residuos peligrosos, la Secretaría de Ambiente, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron un operativo para frenar esta irregularidad. (Lea: Freno a la contaminación del río Tunjuelito en Bogotá)
En la visita a las empresas Plantas de Agregados Cantarrana S.A.S. y Gravas del Tunjuelo S.A. las autoridades encontraron que estas compañías estaban vertiendo escombros directamente al río y aguas industriales con sedimentos y material tóxico de forma ilegal. Esta acción produjo la contaminación de la parte alta de dicha fuente acuífera.
Según el Secretario de Ambiente, Francisco Cruz, la corriente fluvial no fue la única afectada por los residuos. Los humedales y lagos de los alrededores que ayudan a evitar inundaciones en días de lluvia también. Pues los sedimentos terminan estancando el agua. De igual forma, la vida de la fauna y flora que habita allí se puso en peligro con las actividades ilegales de minería.
Teniendo en cuenta los daños ambientales, la Policía capturó a siete empleados de las empresas en cuestión, por ser los responsables directos de la contaminación que sufrió el río. Además, cerró las instalaciones en donde se procesaban los agregados, mientras la Fiscalía adelanta investigaciones contra los propietarios.
En definitiva, el balance del operativo dejó cuatro motobombas, tres turbinas y dos impulsores decomisados, el inicio de procesos administrativos para las directivas y empleados de las compañías y el sellamiento definitivo de las captaciones de agua del río y los vertimientos que lo contaminaban. Las medidas se tomaron luego de determinar la ilegalidad de las acciones.
Ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía, quien advirtió que los responsables pueden llegar a pagar multas de $3.500 millones y hasta nueve años de prisión, por operar sin cumplir la normatividad ambiental y desacatar las medidas de suspensión impuestas con anterioridad.
La práctica ilegal de minería en los sectores aledaños al río Tunjuelo terminó afectando alrededor de un millón y medio de personas que viven y trabajan en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.