Estrategia Petro para disputarle hijos a la delincuencia

Tres líderes de barrios populares, que pidieron reserva de su identidad, accedieron a contar las realidades de violencia que viven los jóvenes en la capital y a opinar sobre el último convenio del Distrito. / Cristian Garavito

Sentados en la mesa de una taberna vieja del centro de Bogotá están tres pelaos que saben de fierros, drogas, puñales, ollas y hurto desde que son pequeños. Así es “la vida del barrio” en Bogotá, como se refieren a tres diferentes sectores empobrecidos de la ciudad donde crecieron y siempre será más fácil vivir en la ilegalidad. Están ahí para retratar su mundo, el que les tocó, y hoy tratan de cambiar como tantos otros en el país que nunca recibirán una condecoración por eso. Si alguien puede ufanarse de tener ‘la llave de la paz’, podrían ser ellos y con seguridad no echarían carreta para explicarlo, sino que hablarían de rap.

“El rap se gana el respeto en los guetos. Hay lugares a los que sólo entra él. Uno llega hablando en sus términos y con realidades semejantes y le dan puerta. Acá el parcero fue de una pandilla, yo tuve problemas profundos con la droga, mi pez tuvo problemas de todo. Realidades que ya no vivimos, pero viven muchos. Por eso, cuando uno llega a proponer salidas, lo miran a uno como alguien que sacó la cabeza del pozo para decir ‘hágale que por acá se puede’”, dice uno de ellos.

Difícilmente sin su ayuda el Distrito pueda sacar adelante la aventurada apuesta que firmó esta semana. El 6 de octubre, sin mucho alarde mediático, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) realizaron un convenio millonario para disputarse los jóvenes con las bandas, combos, pandillas y parches de la ciudad.

* El convenio en el papel

Con el Convenio 3373 de 2014 el alcalde Gustavo Petro se juega no sólo $12.000 millones de recursos públicos, sino también el prestigio de una estrategia masiva de seguridad como salida a la delincuencia de la ciudad, diferente a los tradicionales operativos policiacos. Esto en tiempos en que las cárceles y Unidades de Reacción Inmediata no dan abasto y el homicidio, las lesiones y el hurto se han incrementado en al menos la mitad de las localidades de la capital, según estadísticas, al 17 de septiembre, recogidas por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc), de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Se trata de una iniciativa que en principio busca garantizar el acceso educativo de hasta 5.000 jóvenes, entre los 18 a 28 años, que lleven un año descolarizados y estén “en alto riesgo de vincularse a actividades en conflicto con la ley”, dice el documento. Es decir, mujeres y hombres menores de 30 años que ya engrosan redes delincuenciales o podrían hacerlo.

Para asegurar su permanencia en los programas se les ofrecerá un ingreso que puede ser de hasta $720.000 mensuales, alrededor de $35.000 diarios. El dinero está condicionado a que los jóvenes trabajen dos días y estudien tres. Al final, con el reporte en las planillas de asistencia, reclamarían el dinero.

El único requisito que se les pedirá a estos jóvenes para vincularse a este proyecto es que no estén estudiando hace un año, y esto se verificaría cruzando datos con el Sistema de Matrícula del Distrito y se validaría por un comité de focalización, integrado por funcionarios del Idipron y la Secretaría de Gobierno. No tendrán que presentar certificados de antecedentes judiciales o libreta militar. Así terminarían sus estudios. Quienes hayan acabado o llegado a noveno grado podrán escoger una carrera técnica con el Sena relacionada con tecnologías de la información.

El modelo educativo también es distinto, es el que ya utiliza el Idipron con jóvenes con problemas de adicción o en contextos violentos. Un sistema, mal o bien, avalado por el Ministerio de Educación. “A estos muchachos no puedes tenerlos sentados todos los días seis horas en un escritorio. Sabemos que si les pedimos que cumplan con sistemas de educación formal o requisitos complejos el programa se cae”, señala Patricia Buriticá, subsecretaria de Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación.

* En detalle

Para el Convenio 3373 de 2014, la Secretaría de Educación puso casi el 90% de los recursos: $10.207’727.786. Quizás esa sea la razón para que haya decidido desembolsar sólo el 20% del dinero que comprometió una vez sean “perfeccionados y cumplidos los requisitos de legalización, ejecución y presentación del Plan de Trabajo, previa aprobación del comité técnico y la supervisión”. Después hará un segundo desembolso del 30%, otro del 30% y otro del 20%, con informe detallado sobre la ejecución financiera de cada desembolso.

El Idipron, el que tiene la práctica en el terreno, puso $2.354’286.040, pero tiene la gran responsabilidad de identificar y entregar los listados de los posibles beneficiarios, junto a la Secretaría de Gobierno. También serán quienes vinculen al personal que realice las actividades que se requieran para la ejecución de este convenio.

La Secretaría de Gobierno, por su parte, sólo aportó $413’000.000 y estará encargada también de hacer seguimiento a los indicadores de seguridad y su eventual impacto con este convenio.

De acuerdo con Donka Atanassova, la directora de Seguridad de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, este proyecto “es una salida a la inseguridad porque no podemos esperar que sólo a punta de represión se logren resolver los fenómenos sociales que están en la base de gran parte de las problemáticas de inseguridad de la ciudad. Lo que mucha gente joven, que está en las calles, necesita son oportunidades de estudio y un reconocimiento para realizarse como persona”.

* La visión desde el barrio

“Es la primera vez que el Distrito plantea que la seguridad se controle desde la pedagogía y no desde el aumento de los disponibles de seguridad. Esa es plena idea, pero, ¿cómo hacer para que sea real, para que no quede en una línea, para que les llegue a los que son y no se quede en el clientelismo de 5 mil o 10 mil empleos, que podrían generar cargas políticas muy pailas?”, se preguntó uno de los jóvenes entrevistados. “La vaina está en cómo hacer para que las bandas criminales no se apoderen de esos cupos”, señaló otro.

“Todo esto es rebueno, pero se lo deben tomar con la seriedad que significa, porque si no puede ser un fiasco”, agregó otro de ellos. “Si quieren dar seguridad mediante la educación de los jóvenes tienen que entender que esas personas que han estado tan desconfiguradas necesitan un apoyo diverso. Desde el policía, que reconozca que el man vinculado está estudiando y ya no está robando y lo empiece a tratar como tal”, afirma uno de los entrevistados. “El problema de fondo también es que los pelaos están saliendo a la calle, graduados o no, y no consiguen trabajo”, agregó.

* Riesgos y preguntas

Los pelaos de los barrios no son los únicos que reconocen los riesgos y retos que tiene este proyecto. El documento del convenio dejó planteados algunos temores del Distrito: “Las dificultades de salir del barrio y movilizarse a otro punto de la ciudad, estigmatización por formar parte del programa, bajo interés en hacer el programa, falta de compromiso para cumplir los acuerdos, presiones de agentes externos para salir del programa, generación de expectativas que no se pueden cumplir, desinformación, falta de hábitos para seguir y desconfianza en las instituciones públicas”.

Esa es una de las razones para que el plan esté diseñado para atender inicialmente a 5.000 jóvenes, pero son conscientes de que ese número puede variar durante la ejecución. Empezarán vinculando a 1.200 personas y seguirán haciéndolo por fases. Sin embargo, la apuesta es ambiciosa. Se espera que el próximo año el Distrito les destine al Idipron los recursos para garantizar la vinculación de otros 5.000 jóvenes que estén en la delincuencia o puedan fácilmente pertenecer a ella.

El plazo de ejecución del primer convenio es de cuatro meses a partir de la suscripción del acta de inicio. Se espera que los primeros beneficiarios reciban el ingreso por estudiar y trabajar dentro de dos meses y medio. En total, por ocho meses que durarían los convenios de este año y el próximo, se invertirían alrededor de $25.600’000.000.

La estrategia para disputarles jóvenes a las redes mafiosas en la ciudad, así planteada, no tiene antecedentes. Para muchos, bien ejecutada, podría ser un paliativo para la inseguridad que tanto amarga a los capitalinos. Sin embargo, mientras no sea una política pública, cuya sostenibilidad esté garantizada más allá del gobierno de turno, es difícil que pueda desmembrarle definitivamente hijos a la delincuencia. Será importante, también, que el listado de esos beneficiarios se mantenga al margen de los avatares políticos y las elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados y concejales que se realizarán dentro de un año.

Mientras eso sucede, en los barrios populares y marginales de Bogotá los jóvenes la tienen clara: “Los funcionarios son palomas pasajeras. Ese es el problema de las vainas acá. Pero nosotros seguimos firmes, construyendo en el territorio, resistiendo como podemos desde la música, la cultura, la pinta, así hasta que vuelvan a acordarse de que existimos”, concluyó uno de los pelaos entrevistados.

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@Natal1aH