Las estrategias de los involucrados en el carrusel de la contratación

José Juan Rodríguez, Orlando Parada y Andrés Camacho Casado enfrentarán de distintas formas sus líos judiciales. ¿Qué van a hacer con su papel político?

Camilo Segura Álvarez
09 de septiembre de 2013 - 12:33 p. m.
José Juan Rodríguez. /Foto: Andrés Torres
José Juan Rodríguez. /Foto: Andrés Torres
Foto: ANDRÉS TORRES/ EL ESPECTADOR - ANDRÉS TORRES

Hace cuatro meses el partido Verde perdió uno de sus cinco representantes. El envío de José Juan Rodríguez a La Picota le quitó protagonismo al voto de esa bancada en el Concejo de Bogotá. Pero, por el contrario, encendió la polémica por 'las leguleyadas' en las que ha incurrido Rodríguez para aferrarse a su silla y que contarían con el respaldo de sus colegas de bancada.

El pasado 28 de agosto Orlando Parada, del partido de la U, pidió una licencia que comenzaría a contar desde el próximo primero de Octubre por los siguientes seis meses. Además, durante los próximos días, esa bancada podría perder otro de sus concejales, Andrés Camacho Casado, quien renunciaría a su curul.


José Juan Rodríguez

El 23 de mayo, hacia las 4:00 pm, el concejal por el partido verde José Juan Rodríguez fue cobijado con medida de aseguramiento. Investigado por interés indebido en celebración de contratos, la decisión fue tomada preventivamente por un juez de garantías.

Ese mismo día, dos horas más tarde, a las 6:00 pm, cuando ya había pasado por lo menos una hora del cierre de recepción de correspondencia en el Concejo, una carta del concejal llegó a la secretaría del cabildo. Rodríguez solicitaba que le fuera otorgada una licencia de 180 días.

Como el concejal acusado hace parte de la bancada del partido Verde, al igual que la presidenta de la corporación María Clara Name, esta última presentó un impedimento para decidir sobre la petición de Rodríguez el 7 de junio. Lo hizo de forma extemporánea, 15 días después de presentado el recurso, no tres, como lo ordena el reglamento del cabildo.

Justo el 21 de junio, cuando se vencía el plazo para que el Concejo decidiera sobre el recurso de Rodríguez, la plenaria votó que no era el superior jerárquico de la presidenta y, en consecuencia, envió el impedimento a la Procuraduría.

La Procuraduría, el 17 de julio, dijo que la plenaria sí era la encargada de decidir sobre el impedimento de Name y que, luego, debía decidir sobre la suerte de Rodríguez.

La plenaria aceptó el impedimento de Name y nombró al concejal José Arthur Bernal como presidente ad hoc. Él, el pasado 16 de agosto, le negó la licencia a José Juan Rodríguez.

Una vez negada la petición, Lucía Bastidas era la elegida para ocupar la curul. Ella, en las elecciones de 2011, había quedado fuera de la corporación por solo 28 votos, debajo de María Clara Name. El Concejo le envió una notificación para que se posesionara.

Bastidas, actualmente funcionaria del gobierno nacional y muy cercana al ala de Alfonso Prada en el partido Verde, fue al Concejo pero no la pudieron posesionar. José Juan había enviado una carta preguntando qué recursos tenía para apelar la negativa a la licencia.

A través de una de sus abogadas, Rodríguez radicó el pasado 3 de septiembre el recurso de reposición. Por lo tanto, Bastidas tendrá que esperar por lo menos diez días hábiles para ser notificada. Si es que Rodríguez no encuentra otra forma de dilatar la pérdida de su curul.

Bastidas, por su calidad de funcionaria, no ha dado declaraciones a la prensa. Sin embrago, quienes la asesoran, sostienen que la solicitud de licencia “es improcedente desde el mismo momento en que a Rodríguez le imponen la medida de aseguramiento. Además, alrededor de esto han pasado múltiples irregularidades”.

El problema es que, mientras tanto, Rodríguez sigue teniendo a su disposición el dinero que corresponde al pago de la nómina de su UAN (Unidad de Análisis Normativo) y, según cuentan versiones en poder del portal La Silla Vacía, recientemente publicadas, de cuotas en el sector administrativo del Concejo.


Orlando Parada

El concejal de la U ha sido señalado dentro del carrusel de la contratación de ser un beneficiario de la contratación de la Unidad de Mantenimiento Vial y de otras entidades del Distrito.

Desde el mes de julio, ha trascendido que Parada no aceptará cargos, por lo que, según le confirmaron fuentes en Fiscalía a este diario "el concejal está preparando una férrea defensa".

Esa defensa, según constató este diario, es lo que el concejal llama "asuntos personales que requieren de disponibilidad de tiempo completo" en el escrito que radicó en el Concejo, mediante el cual pretende que se le otorgue una licencia de seis meses.

Como al concejal aún no le han sido imputados cargos, la Fiscalía, según comentaron fuentes cercanas al expediente "está acelerando la imputación, que va con medida de aseguramiento" para evitar que el acusado evada la justicia. Esa diligencia ocurriría el próximo 26 de septiembre.

Hoy, en el Concejo se preguntan: si efectivamente la imputación ocurre ese día y termina con la medida de aseguramiento contra Parada, ¿qué pasa si la mesa directiva del Concejo le concede la licencia antes?

No obstante, fuentes de la UAN de Parada dicen que "para el concejal lo importante no es mantener el poder de pago de nosotros. El doctor Parada no tiene cuotas burocráticas en la parte administrativa, así que, pedir la licencia, solo tiene que ver con que está convencido de que demostrará su inocencia antes de que pasen los seis meses".


Andrés Camacho Casado

El pasado miércoles, El Espectador reveló los detalles de la negociación que mantiene Andrés Camacho Casado con la Fiscalía. Según la información en poder de este diario, en la audiencia de imputación de cargos del próximo 25 de septiembre por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, está previsto que Camacho aceptará el primer delito y negociará el segundo.

Según revelaron fuentes cercanas al concejal, Camacho Casado renunciará al Concejo para afrontar su juicio como un particular cualquiera. Sin embargo, estaría esperando que se vote el proyecto del cupo de endeudamiento.

Ese proyecto es de especial trascendencia para la administración de Gustavo Petro pues, con él, pretende financiar grandes obras de movilidad en el Distrito. Camacho, antes de establecer la negociación con Fiscalía, habría adquirido compromisos para votar positivamente la iniciativa y, "hasta tanto no lo haga", no renunciaría.

Por Camilo Segura Álvarez

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