Exsocio de Julio Gómez quiere el contrato de la Santamaría

El socio mayoritario del consorcio mejor calificado tiene antecedentes por incumplir contratos y relaciones con empresas del carrusel de la contratación. Su contrincante tiene miembros que le deben al Estado.

Carlos Hernández Osorio
15 de marzo de 2015 - 01:59 a. m.
A mediados de 2012 el alcalde Gustavo Petro decidió revocar el contrato de arrendamiento que permitía que la plaza de toros de Santamaría fuera usada como escenario para la fiesta brava.  /Archivo - El Espectador
A mediados de 2012 el alcalde Gustavo Petro decidió revocar el contrato de arrendamiento que permitía que la plaza de toros de Santamaría fuera usada como escenario para la fiesta brava. /Archivo - El Espectador

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural decidirá mañana a quién le adjudica la licitación de las obras para reforzar la plaza de toros de Santamaría. Dos consorcios se disputan el contrato, y de ellos no sólo llama la atención que casi todos sus integrantes son deudores morosos del Estado, sino que al que hasta ahora ha obtenido los mejores conceptos preliminares en su oferta económica y financiera lo han sancionado por incumplir contratos y, para completar, ha sido socio de Julio Gómez —contratista condenado por el “carrusel de la contratación”— en contratos que han presentado problemas y generado investigaciones.

La licitación es por $6.500 millones y se la disputan los consorcios Santamaría 2015 y Santamaría 01. El que gane debe ejecutar durante 18 meses los trabajos de refuerzo de la estructura de la plaza para que cumpla, por ejemplo, con normas de sismorresistencia. De seguirse el cronograma, los toros volverían a ese escenario en la temporada de 2017.

Hasta el pasado viernes el Instituto de Patrimonio seguía publicando en la página web de contratos del Estado documentos que daban cuenta de las evaluaciones preliminares que les ha hecho a los interesados. Al consultarlas, puede concluirse, por ejemplo, que a ambos se les dificulta cumplir con ciertos requisitos de experiencia. Son inconvenientes que se pueden subsanar aportando documentos incluso el día de la adjudicación, explica la asesora jurídica del instituto, Diana Zoraida Pérez.

Al consorcio que mejor le ha ido en las evaluaciones es Santamaría 2015. Obtuvo el mayor puntaje en la propuesta económica y, a diferencia de su competidor, sí resultó habilitado tras la evaluación financiera. Lo integran Víctor Armando Cortés Torres, Armando Buitrago Buitrago y las empresas Mavagire S.A. (a la que pertenecen Cortés y Buitrago) y Construcciones Máster y Cia. Lo más llamativo son los antecedentes contractuales del arquitecto Cortés Torres, quien tiene la mayor participación en el consorcio y es su representante legal. Tres veces lo han sancionado por inconvenientes para cumplir contratos: uno con la Gobernación del Cesar, en 2007, y dos con el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, en 2007 y 2009.

Cortés Torres fue socio de la Constructora Arkgo —propiedad de Julio Gómez— en el Consorcio Puente Aranda 2007, que desde 2006 ejecutó el contrato para diseñar y construir la estación de Policía y la UPJ de Puente Aranda. La obra fue entregada en 2010, dos años y cuatro meses después de lo pactado, luego de constantes prórrogas y suspensiones que derivaron en una investigación de la Contraloría. En 2007, además, ganó un contrato de la Gobernación de Cundinamarca como parte del consorcio Obras Educativas 2007, del que también hicieron parte dos empresas: Obras y Diseños, señalada luego por la Contraloría por irregularidades en la obras del hospital de El Tintal en la administración de Samuel Moreno, y Constructora Inca, también de la familia de Julio Gómez e involucrada en contratos de malla vial cuestionados por la Fiscalía en la administración de Moreno.

Dicho contrato sumaba $11.670 millones y, como le dijo en 2013 a Semana el exgobernador de Cundinamarca Andrés González (2008-2011), fue uno de cinco que heredó su administración con inconvenientes y que lo obligaron a acudir a las aseguradoras.

El Espectador se comunicó el miércoles con el arquitecto. Al preguntarle por su relación con empresas vinculadas al carrusel de la contratación, respondió que no se referiría al tema por teléfono y que no podía hacerlo en una entrevista personal, porque saldría de Bogotá y regresaría mañana, justo cuando se adjudicarán las obras de la Santamaría. Negó ser deudor moroso del Estado, como lo indica el Boletín de la Contaduría General, que tiene corte a noviembre de 2014. Ser moroso del Estado es una condición que comparte con las empresas Mavagire y Construcciones Máster, con las que integra el consorcio Santamaría 2015.

Del consorcio competidor, Santamaría 01, conformado por la empresa Urbaniscom y William Castillo Pinilla, este último también está reportado en el Boletín de la Contaduría. Sin embargo, desde 2005 y por decisión de la Corte Constitucional, ese reporte no inhabilita a nadie para participar en un proceso de contratación con el Estado.

La abogada Pérez, asesora jurídica del Instituto de Patrimonio, así lo confirma. Sobre el caso del arquitecto Cortés Torres aclara que durante el proceso han conocido las sanciones que le han impuesto en el pasado por incumplir contratos, pero que ninguna de las inhabilidades que establece el Estatuto Anticorrupción para contratistas multados o incumplidos se aplica en este caso. La directora del Instituto de Patrimonio, María Eugenia Martínez, resume así la posición de esa dependencia: “Claro que eso nos genera inquietudes, pero no podemos hacer nada”. Al consultarles por las relaciones pasadas del proponente con empresas del carrusel, indicaron que esa cercanía tampoco implica inhabilidad.

La audiencia de adjudicación está programada para mañana, tan sólo un día antes del plazo que la Corte Constitucional le dio a la Alcaldía para legalizar el contrato. En febrero pasado el alto tribunal resolvió, ante una solicitud de aclaración que formuló el Distrito, que “a más tardar” el martes 17 de marzo debía surtirse ese trámite, con base en el cronograma que había diseñado el propio Instituto de Patrimonio en el pliego de condiciones. De incumplirse el plazo, el Distrito podría incurrir en un desacato.

En la Alcaldía creen que cumplirán con el plazo y adjudicarán. Sin embargo, la secretaria general, Martha Lucía Zamora, considera que “la Corte ha debido establecer un término razonable”, teniendo en cuenta que son comunes los imprevistos en estos procesos. Si el martes no se puede legalizar el contrato, acudirán de nuevo al alto tribunal para manifestar “que se han presentado circunstancias ajenas a la voluntad de la administración”.

De hecho, el cronograma ha cambiado dos veces, en parte por las observaciones de los interesados y de la Procuraduría. Zamora considera que la Corte podría determinar un desacato sólo si se comprueba que no quieren efectuar el proceso, pero indica que la única pretensión es hacerlo bien. La asesora jurídica del instituto indica que, en caso de que la licitación de nuevo se declare desierta, cabe la posibilidad de abrir un nuevo proceso más corto.

Los taurinos prefieren ser cautos. Hárold Ronderos, secretario técnico de la Corporación Taurina de Bogotá, dice que prefieren esperar hasta el lunes para definir qué harán. Lo cierto es que ese día, bajo la presión del tiempo, se sabrá si la novela del retorno de los toros a la Santamaría dura lo previsto o se aplaza una vez más.

¿Qué obras harán en la Plaza?
 
La Corte Constitucional falló en septiembre pasado una tutela a favor de la Corporación Taurina de Bogotá, que le ordenó al Distrito “disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino” en la Santamaría. Aunque la Alcaldía aceptó la decisión, después de que en 2012 le había revocado el contrato de arrendamiento a la Corporación, indicó que primero se debían contratar y realizar obras de reforzamiento estructural, toda vez que una consultoría determinó la necesidad de las mismas como requisito de seguridad. La primera licitación se declaró desierta en diciembre pasado. En enero abrió una nueva, que se adjudicaría mañana. El ganador se encargará de la primera fase de las obras de reforzamiento durante 18 meses, es decir, hasta agosto de 2016. Las recomendaciones de una consultoría previa fueron hacer más rígidas las columnas, las vigas en mal estado y las losas de la cubierta. También demoler y reconstruir los pórticos del sector de palcos. Las otras dos etapas, que le corresponderán a la siguiente administración, pueden desarrollarse sin impedir el desarrollo de eventos como las corridas. Se calcula que todos los trabajos costarán $19.384 millones.

Petro y los toros

 

Desde que Gustavo Petro llegó a la Alcaldía de Bogotá renunció al palco que en la Plaza de Toros de Santamaría se le reserva al primer mandatario de la ciudad. Su idea era convertirla en un escenario más del sistema de educación distrital. En las conversaciones iniciales con la Corporación Taurina de Bogotá, la administración propuso que se celebraran las corridas, pero sin que mataran los toros, algo a lo que se negaron los taurinos. Por eso Petro decidió finalizar unilateralmente el contrato de arrendamiento. Aunque luego de dos años de litigio perdió la batalla jurídica, alcanzará su cometido de cerrarles el escenario a las corridas mientras él sea mandatario. Una vez finalicen las obras, se espera que los toros retornen en 2017.

El llamado de Transparencia

El Espectador le consultó a Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia, por el hecho de que la mayoría de interesados en la licitación sean deudores morosos del Estado y uno de ellos presenta antecedentes por incumplimientos y a pesar de ello no exista ninguna inhabilidad. Más allá de lo que ha dicho la Corte, indica: “el problema acá es cuáles son las reglas del juego que nos damos como sociedad o, dicho de otro modo, cuáles son las normas que rigen nuestro contrato social como comunidad. Uno de nuestros principales deberes bajo ese contrato es pagar impuestos. Nos parece impresentable que empresas que incumplen sus deberes con el Estado se postulen para contratar con cualquiera de sus entidades”.

Y agrega: “La ley tiene vacíos. A veces es posible cumplir con ella aprovechando sus lagunas, pero eso no quiere decir que se actúe éticamente. Por eso es tan importante que en estos casos la opinión pública esté atenta al comportamiento ético de los sectores público y privado, y que el sector empresarial avance en la adopción de códigos de ética y buen gobierno”.

 

Por Carlos Hernández Osorio

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