El Fondo de Seguridad y Vigilancia (FSV), una de las entidades más cuestionadas del Distrito, ahora sí parece tener los meses contados. En el Concejo avanza un proyecto de acuerdo con el que buscan liquidarlo, para concretar una de las propuestas más sonadas en la campaña a la Alcaldía: la creación de la Secretaría Distrital de Seguridad, que tendría algunas de las funciones de la Secretaría de Gobierno (relacionadas con la convivencia ciudadana) y todo el presupuesto que maneja el FSV.
La propuesta, liderada por la bancada liberal y de autoría del concejal Jorge Durán Silva, señala que este cambio es necesario para que la administración cuente con un despacho “con capacidad para diseñar, construir y ejecutar la política pública de seguridad, así como para coordinar acciones entre la Policía y la comunidad, para enfrentar la criminalidad (…), así como una entidad con más capacidad para articular las acciones interinstitucionales con todas las entidades nacionales y distritales afines al tema de seguridad”.
Y es que, según los concejales, hay una razón de peso para respaldar este revolcón: en la ciudad hay un vacío frente a la política pública de seguridad y de ahí “que sea necesario contar con una secretaría, con autonomía administrativa y financiera, que se dedique de tiempo completo a estos temas, con plena articulación interinstitucional”. Este argumento lo sustentan con cifras de seguridad y en las encuestas de percepción y victimización, que dicen que cada día los bogotanos se sienten más inseguros.
A diferencia de otras veces en las que se intentó impulsar la idea, hoy el ambiente es otro. Por un lado, la mayoría de concejales (actuales y los que asumirán el otro año) ven la necesidad de tener un organismo más autónomo a la hora de manejar la estrategia de seguridad. Por el otro, el alcalde electo, Enrique Peñalosa, viene promoviendo la iniciativa desde la campaña, al punto de contar con secretario (Daniel Mejía), a pesar de que ese despacho es un proyecto.
La nueva secretaría asumiría las funciones que tiene la Secretaría de Gobierno frente a convivencia, derechos humanos, seguridad ciudadana y preservación del orden público, así como el manejo del Número Único de Seguridad y Emergencia (NUSE) o línea 123. “Buscamos mejorar y enriquecer la gestión de la Policía, dotándolas de las herramientas para mejorar su servicio, para combatir la aparición de nuevos fenómenos delictivos”, explica la iniciativa.
Según explican los concejales, el cambio liberaría a Gobierno de un tema (seguridad) que por no ser afín a sus objetivos, ha quedado pésimamente atendido, como es el caso del Fondo de Vigilancia (…) y “esto le permitiría direccionar su capacidad en buscar soluciones a los problemas complejos que representa la gobernabilidad de la ciudad, la relación con los entes políticos y la participación de los ciudadanos en cuestiones políticas”, resalta el documento.
Para concretar este cambio, el acuerdo facultaría al alcalde mayor para liquidar el Fondo de Seguridad, trasladar a los empleados de carrera a la nueva secretaría, y la de crear y manejar la Cuenta Distrital de Seguridad, a donde llegarán los recursos que manejaba el FSV y de donde saldrá el dinero para financiar el Plan de Inversiones y el funcionamiento del nuevo despacho. Finalmente, una vez aprueben el acuerdo, se contempla un período de transición de seis meses y de un año para liquidar el Fondo.
Un cambio necesario
El concejal Miguel Uribe, coautor de la iniciativa, explicó que este es un proyecto que busca revivir la propuesta que hace dos años promovió Rafael Pardo, cuando fue alcalde encargado, y que ahora respalda Peñalosa. “Este es un tema que debe estar en la agenda de Bogotá. La secretaría sería el primer paso para tener una institucionalidad firme y combatir la delincuencia. El sector de seguridad amerita una reforma y más ahora que el Fondo ha sido tan cuestionado por corrupción y negligencia. La seguridad se volvió un problema para los bogotanos”.
Sin embargo, Uribe aclaró que a pesar de que la iniciativa ya se planteó, no cree que se alcance a dejar aprobada, porque para someterla a discusión se requiere del concepto favorable de la administración, algo que Gustavo Petro no ha hecho y seguramente no hará. “Seguro no alcanzaremos a discutirlo. Y a pesar de que hay buen ambiente para dejar la autorización, nada haríamos si la administración no hace su parte”, agregó el concejal Uribe.
A pesar de lo señalado por el concejal Uribe, El Espectador conoció que en la administración se recogen conceptos de la Policía, el Fondo de Vigilancia y las secretarías de Gobierno, Planeación, Hacienda y la General para tener un concepto unificado y presentárselo a los ponentes. En el oficio, firmado por Éric Alberto Orgulloso, director de seguimiento y análisis estratégico del Distrito, les dice a los encargados de cada oficina que tienen siete días para responder. Es decir, de cumplirse el plazo, antes del sábado se podría conocer la posición oficial de la Alcaldía.
Frente a los tiempos para la discusión, el secretario general del Concejo, Dagoberto García, explicó que este sábado habrá Comisión de Gobierno y sólo hasta ese día hay plazo para discutirlo en primer debate, de lo contrario, quedaría archivado. “En caso de que los cabildantes le den el sí este día, la iniciativa pasaría a discusión final en plenaria, que tendría que ser a más tardar el 10 de diciembre”.
A pesar de este panorama, para el concejal Uribe (quien no estará en el próximo período), fracase o no el proyecto en este período, la bancada liberal lo radicará de nuevo el otro año y cree que contará con mejor ambiente, ya que la Secretaría de Seguridad es una idea que respalda el alcalde electo y la mayoría de concejales. De ser aprobado, cambiará la forma del manejo de la seguridad en el Distrito y de paso el Fondo de Seguridad tendrá sus días contados.