Fiscalía investigará a los comités revocatorios que se hayan inscrito con motivos falsos

Un experimento de Azul Bogotá, una fundación creada para hacerle contrapeso político a los opositores del alcalde Enrique Peñalosa, le abrió la puerta a la Fiscalía General de la Nación para que investigue a los comités promotores cuya exposición de motivos esté basada en mentiras o incurran en prácticas indebidas durante la recolección de firmas. La fundación buscaba demostrar que cualquier persona podía iniciar un proceso de revocatoria sin importar la veracidad de las razones, y para ello inscribió un comité falso ante la Registraduría. (Lea aquí: Defensores de Peñalosa inscriben comité para revocarlo)

El director de Azul Bogotá, Andrés Villamizar, confesó en un video publicado en sus redes sociales que todo se trataba de una prueba, y que los resultados dejaban en evidencia la necesidad de reforzar los requisitos a la hora de avalar comités. El experimento no cayó bien al interior de la Registraduría y el registrador Juan Carlos Galindo denunció penalmente ante la Fiscalía a José Fernando Flórez, promotor del comité falso, por el delito de fraude procesal.

Este primer acercamiento del ente acusador a los procesos de revocatoria, que parecía un caso aparte por tratarse de una denuncia puntual, terminó por permearse por completo en este mecanismo de participación. Aunque el anuncio oficial se hará la próxima semana, El Espectador conoció que la Fiscalía General de la Nación les pondrá el ojo a los 107 procesos que avanzan en el país.

Alexánder Vega Rocha, presidente del CNE, informó que la organización iniciará la revisión de motivos de los promotores inscritos y, en caso de encontrar alguna irregularidad, compulsarán copias a la Fiscalía para que inicie las acciones pertinentes. Al igual que con la fundación Azul Bogotá, los comités que hayan mentido en la exposición de motivos podrían responder por el delito de fraude procesal y falsedad en documentos públicos.

“El CNE tiene la potestad de revisar los motivos expuestos por los comités revocatorios de todo el país y velar porque estén sujetos a lo que exige la ley. Más allá de eso, de encontrar falsedad en las razones, nuestro deber es informarle a la Fiscalía para que tome medidas. Lo mismo hará la Registraduría con las firmas que se están recolectando”, dijo Vega. (Lea aquí: ¿En manos de quiénes están los procesos de revocatoria?)

Ante esta información, las críticas no se hicieron esperar. Leonardo Puentes, promotor del comité Revoquemos a Peñalosa, calificó este anuncio como sospechoso, especialmente si se tiene en cuenta que la Fiscalía y el CNE nunca se habían interesado por la figura de la revocatoria, y lo hace ahora cuando es la administración Peñalosa la que está en riesgo.

Según manifiesta, la intervención de la Fiscalía envía un mal mensaje a la ciudadanía y solo busca amedrentar a los promotores de las revocatorias del país. Más allá de esto, Puentes acepta que sí es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que el instrumento de la revocatoria no se convierta en una hermanita de venganza política.

“Nosotros no tenemos problema con que la Fiscalía o cualquier otra institución revise nuestra exposición de motivos porque estamos seguros que estamos sujetos a la ley, sin embargo, es claro que lo que se busca es que los ciudadanos teman ir a la cárcel por usar este mecanismo de participación”, finalizó. (Lea aquí:El complejo camino jurídico de la revocatoria del alcalde Peñalosa)

Ante este panorama, los comités promotores del país tienen un nuevo obstáculo camino a las urnas: con el CNE, el peor escenario era que se frenara el proceso porque no sobrevivieran a la revisión de motivos; con la Registraduría, que no avalaran las firmas suficientes para llamar a un referendo revocatorio (30% de los votos del alcalde); pero en el caso de la Fiscalía, de confirmarse alguna irregularidad, el camino podría transitar por los tribunales y, finalmente, llegar a la cárcel.