La Fiscalía le pedirá este viernes a un juez que le permita reabrir la investigación por el presunto abandono y deterioro de útiles escolares que estaban a cargo de la Alcaldía de Bogotá. El caso se conoció en febrero pasado, luego de que la Contraloría distrital denunció, tras visitar siete bodegas a cargo del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idiprón), “la alarmante situación evidenciada por el mal manejo y destinación de los elementos adquiridos” por esa dependencia, que a su juicio “se encuentran si uso desde años anteriores”.
El ente investigador inició un proceso de indagación preliminar para determinar si había lugar para comenzar un proceso de responsabilidad fiscal en el que se respondiera por cerca de $2 mil millones de pesos que estarían en riesgo. Al tiempo, remitió el caso a la Fiscalía para que determinara las responsabilidades penales. Esta entidad comenzó sus actuaciones de inmediato y el 25 de febrero determinó el archivo de la indagación por considerar que no había delito.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro celebró esa decisión, sobre todo después del despliegue mediático, lo que le dio más argumentos para criticar a la Contraloría, que ha sido muy fuerte en sus conceptos sobre la actual administración.
Sin embargo, dos meses y medio después la propia Fiscalía solicitará reabrir la investigación. Este viernes se darán a conocer las razones en un juzgado de Paloquemao ante el que hará el trámite. Por lo pronto, en el ente investigador le explicaron a este diario que puede deberse a una de dos razones: hay pruebas nuevas o se concluyó que es necesario indagar hechos que no se tuvieron en cuenta inicialmente.
El caso
El 23 de febrero la Contraloría de Bogotá dio a conocer un informe sobre su visita a siete bodegas a cargo del Idiprón en las que este instituto almacenaba un inventario valorado en $2.074 millones “con riesgo de deterioro por inadecuadas medidas de almacenamiento y conservación”, por lo que “existen distintas irregularidades en cuanto a la guarda, cuidado y relación de los bienes del Estado”. En esos lugares había desde impresoras hasta cintas y papel.
La Fiscalía, al conocer la solicitud de la Contraloría para que actuara de inmediato, puso a 100 investigadores del CTI en función de la investigación. Visitaron las siete bodegas y la sorpresa fue que se encontraron con un panorama opuesto. En su reporte, indicó que la mercancía “no se halla abandonada como lo ha pretendido hacer saber el ente controlador del gasto, sino que definitivamente son volúmenes de elementos que se hallan en constante asignación, devolución y movimiento de acuerdo con el consumo de las distintas áreas que se hallan adscritas al Idiprón. Se considera que no es total la organización, pero el 95% de los elementos se hallan almacenados y cuidados al punto que prevalece el buen estado y no lo contrario”.
El ente investigador concluyó en ese momento que había “constancia del deterioro de cajas de cartón, pero no de su mercancía, de unos tarros de pegamento, pero no en la forma como la Contraloría presentó el caso”.
Incluso calificaron a los funcionarios de la Contraloría de inexpertos, pues en el caso de la bodega de San Blas (Carrera 3 este No. 18-51 sur), según la Fiscalía, “por falta de experiencia” confundieron elementos almacenados para darles de baja (instrumentos musicales, baterías de cocina en desuso y otros elementos a los que se les había cumplido su vida útil) con una situación de “destrucción, mal estado y desorganización”.
Esas fueron las principales razones para solicitar el archivo. El caso, entonces, podría revivir si el juez de garantías ante el que se haga la petición este viernes accede a las pretensiones del ente acusador.