En octubre y noviembre del año pasado llegaron al despacho de la entonces alcaldesa encargada, Clara López, dos documentos firmados por Mario Solano, contralor de Bogotá. Las dos comunicaciones tenían como referencia la misma entidad: el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito (FVS). Las dos compartían una misma palabra: “Riesgo”. Una hablaba de un contrato de $13 mil millones; la otra, de $4.400 millones.
Con un presupuesto de $1,2 billones durante los últimos cuatro años, el FVS provee a las entidades de seguridad en la ciudad —tanto militares como policiales— parte de la infraestructura y los recursos necesarios para sus labores.
Los dos contratos auditados —uno para la compra de cámaras de vigilancia a la firma Verytel y el otro para la contratación del mantenimiento de los carros de la entidad con la firma Auto Express Morato— formaban parte de una larga lista de contratos firmados por el FVS, que durante los últimos meses se han convertido en el centro de una exhaustiva investigación por parte de los auditores de la Contraloría, que trabajan desde hace semanas en una pequeña oficina en el interior del lugar, rodeados de carpetas y procesos licitatorios, en donde les es restringida la entrada al resto de funcionarios de la entidad.
La advertencia de noviembre suscitó un crudo cruce de cartas entre el contralor y Mauricio Solano, gerente del Fondo. El segundo le recriminaba al primero la ausencia del sustento técnico de su informe y ponía en duda la legalidad de sus procedimientos; el primero le alegaba el sustento de los operativos y ratificaba que actuaba en la norma. Dentro del Fondo se comenzó a hablar de una guerra política en contra del director de la entidad; dentro de la Contraloría, se hablaba de papeles desaparecidos y obstrucción a los procesos de auditoría.
La pelea por los dos contratos quedó de ese tamaño. Pero las auditorías no cesaron. De hecho, mientras que en el primer semestre de 2011 el entonces contralor Miguel Ángel Moralesrussi —hoy detenido y enjuiciado por el escándalo del cartel de la contratación— realizó sólo una auditoría al Fondo de Vigilancia, la llegada del contralor Mario Solano al ente de control multiplicó el seguimiento, hasta el punto que hoy tiene bajo la lupa más de una decena de contratos firmados en los últimos dos años por una institución que tiene en sus manos la compra y el mantenimiento de los recursos para la seguridad de los bogotanos.
Y ya hay un hallazgo. Uno que, según fuentes del ente de control, le fue entregado hace dos semanas directamente a la fiscal general, Viviane Morales.
El 28 de diciembre de 2010, el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, en el marco de sus proyectos de prevención de conflictos y delitos urbanos, contrató al empresario Mario Pino para que proveyera los servicios de logística de los eventos masivos organizados por el Fondo. Vallas de contención, alquiler de escenarios, luces, personal, camisetas, entre otros elementos, quedaron a cargo de la empresa, en un contrato adjudicado por $1.394 millones.
La carpeta del contrato Pino reposa hoy en la pequeña oficina que ha montado la Contraloría en las entrañas del Fondo. A primera vista, los auditores, según un informe preliminar al que tuvo acceso este diario, encontraron que las propuestas presentadas por las tres empresas licitantes (Fundación Periódico Sxii, Target Medios y Mario Pino Producción y Organización de Eventos) habían incurrido en “valores elevados y duplicidad en el costo de algunas actividades”. En otras palabras, parecía como si, presuntamente, las propuestas allí presentadas se hubieran modificado irregularmente para hacerlas menos competitivas.
Sorprendidos ante este descubrimiento, los investigadores se dirigieron a mediados de diciembre del año pasado a las dos empresas que perdieron la licitación. En Target Medios su gerente, José Antonio Jiménez, admitió haber remitido la cotización “con los respectivos valores para dicha oferta”.
En Sxii, en cambio, los auditores se encontraron con una sorpresa aún mayor. Patricia Cerón, su representante legal, negó haber suscrito las cotizaciones que figuraban en el proceso licitatorio, admitió que esa era su papelería y aseguró que esta “es fácil de copiar”. “Estoy totalmente sorprendida con esta información”, le dijo ese martes 13 de diciembre a los miembros del Comité Técnico de la Contraloría que la visitaron.
¿Direccionó el Fondo de Vigilancia el contrato? ¿Quién y en qué circunstancias tergiversó los precios de las cotizaciones y falsificó la papelería de un licitante? ¿Tenía conocimiento de esta situación el gerente del Fondo, Mauricio Solano?
El Espectador intentó hablar con el funcionario, pero éste se abstuvo de pronunciarse, argumentando que lo hará cuando la Contraloría lo notifique formalmente del hallazgo.
El tema es relevante, pues en manos de los entes de control está determinar si este presunto delito es sólo un caso aislado o un ejemplo de un esquema sistemático como el del cartel de la contratación de la malla vial o como el que recién se comienza a conocer en el caso del sector salud.
Al respecto, el secretario de Gobierno de la nueva administración, Antonio Navarro Wolff, le aseguró a este diario hace una semana que la nueva administración “ejercerá todos los controles sobre el funcionamiento y la contratación (del Fondo de Seguridad y Vigilancia)”.
Entre tanto, el hallazgo de la Contraloría entrará a formar parte, como pudo confirmar El Espectador, del expediente que en la Fiscalía General se ha abierto en contra de los 17 concejales investigados por la contratación en la ciudad.
* Espere mañana: “Los curiosos contratos”
Algunas cifras del Fondo
$170 mil millones es el presupuesto con el que contará la entidad durante 2012, recursos que fueron aprobados por la administración pasada.
$1,2 billones es el presupuesto con el que contó el Fondo durante todo el cuatrenio del exalcalde Samuel Moreno Rojas.
27 es el número de empleados de planta con el que cuenta el Fondo de Vigilancia y Seguridad. Se estima que los contratistas son 445.
19 auditorías ha realizado la Contraloría al Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito en los últimos seis meses, según cifras de esta última entidad.