Con un decreto, Orlando Díaz, alcalde de Cajicá, frenó la construcción de viviendas en el municipio. Afirma que no entregará licencias de construcción en los próximos nueve meses, porque no tiene infraestructura para recibir más habitantes. La decisión le generó tanta molestia al ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, que anunció una denuncia penal en contra del mandatario. Mientras Henao dice que el alcalde prevaricó al tomar una decisión violando el procedimiento regular, para el mandatario su decreto es una necesidad para asegurar el bienestar de los cajiqueños.
El choque por esta decisión empezó a principios de marzo, cuando el alcalde de Cajicá (Cundinamarca) expidió el decreto con el que suspendió la expedición de licencias de construcción, bajo el argumento de que el municipio no tiene la infraestructura para atender las necesidades de los habitantes que llegarían al pueblo, producto de las nuevas construcciones. Por ahora los proyectos con licencias aprobadas o en trámite, de más de diez viviendas, están en veremos.
El documento es una respuesta al rápido crecimiento que ha vivido el municipio desde el año pasado. El DANE tenía previsto que la población de Cajicá para 2015 sería de menos de 70.000 habitantes. Sin embargo, debido al éxodo de los bogotanos hacia municipios de la sabana, actualmente la cifra de habitantes supera los 80.000. Este incremento desbordado se ha traducido en problemas en las redes de acueducto, alcantarillado y vías, según el alcalde municipal.
Y es que Cajicá, como la mayoría de los municipios de Sabana Centro y Norte, no cuenta con una fuente hídrica propia, sino que debe comprar el agua en bloque a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Por eso, afirma el alcalde Díaz, el servicio se quedó corto ante la creciente demanda. A esto se suma que el territorio tampoco tiene un sistema de alcantarillado que llegue a todas las zonas de su casco urbano ni una planta de tratamiento de aguas residuales.
Lo que más preocupación genera hoy entre los habitantes del municipio es que, sin importar los problemas de infraestructura del municipio, la anterior administración y el Concejo aprobaron el Plan de Ordenamiento Territorial, que convirtió 700 de las 1.300 hectáreas con vocación agrícola en suelo suburbano. “Eso nos deja sin identidad, porque somos agricultores”, explica Díaz, quien agrega que la sumatoria de todos estos factores “da como resultado un empeoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio”.
Pero los argumentos del alcalde de Cajicá fueron insuficientes para convencer al ministro de Vivienda, quien anunció que denunciará al mandatario por prevaricato. “El alcalde no puede suspender ninguna licencia a menos de que medie un fallo judicial. Se está saltando el Concejo y desconociendo el hecho de que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es obligatorio y vinculante. Si a él no le gusta, debe hacer una revisión y llevarla al Concejo”, explica el ministro Henao.
La preocupación que tiene Cajicá es solo una muestra del problema que desde hace tiempo han denunciado municipios como Zipaquirá, Chía, Soacha y Mosquera que vienen creciendo a pasos agigantados por su cercanía a Bogotá. Así lo explica la exsecretaria de Planeación, María Mercedes Maldonado, para quien es razonable la suspensión temporal de las licencias si existen problemas de disponibilidad de servicios públicos.
“Espero que no ocurra como en Soacha, donde cayó toda la presión sobre el Alcalde y el Concejo, para que levantara medidas similares, sin tomar decisiones concertadas para evitar los impactos del crecimiento sobre la calidad de vida de la población”, agrega Maldonado.
La clave para resolver el conflicto, según el Minvivienda, es concertar entre municipios, departamentos, la Nación y los privados reglas de juego que beneficien a los territorios, pero que también permitan el crecimiento urbano. Según el viceministro de Vivienda, Guillermo Herrera, “Bogotá crecerá, ordenada o desordenadamente hacia los municipios y para planear y financiar la infraestructura municipal no hace falta suspender licencias sino acordar el pago de cargas con los constructores”.
Aunque la decisión de Cajicá, por ahora no genera un impacto importante sobre el sector de la construcción (representa alrededor del 4% en la región, según el DANE), lo cierto es que sí es el reflejo de una preocupación que tienen los municipios de la sabana por su crecimiento desbordado, sin contar con la infraestructura necesaria. El choque está planteado: la calidad de vida de los municipios frente a la dinámica de la construcción. Es claro que se necesitan decisiones concertadas para seguir creciendo sin afectar a la población.