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El propósito del Distrito de ser el dueño legítimo de los edificios del San Juan de Dios y para lo cual destinó $150.000 millones, tuvo un serio revés. De nada sirvieron el publicitado anuncio de la compra, las pautas en televisión, los conciertos ni las ceremonias públicas con presidente de la República y gobernador de Cundinamarca presentes. Como lo anticipó El Espectador, la negociación enfrentaba vacíos que se confirmaron al conocerse que el registrador de instrumentos públicos de Bogotá zona sur determinó que la extinta Fundación San Juan de Dios en Liquidación no es la dueña y, por lo tanto, no puede vender.
Así lo dejó claro en la resolución 170 del 17 de marzo (que está en notificación), producto de un extenso análisis de la tradición de los predios e inmuebles del hospital, que tenía como objetivo establecer la real situación jurídica del complejo hospitalario. Este trámite lo solicitó la Procuraduría tras el anuncio que hizo la Fundación de la venta de los edificios a la Empresa de Renovación Urbana (de la Alcaldía), en la que solicitó “adoptar las medidas para defender el patrimonio de los colombianos”, haciendo correcciones frente a algunas omisiones en el certificado de tradición.
En el documento de 40 páginas conocido por El Espectador, si bien los errores en el certificado de tradición se encontraron desde la segunda anotación en 1924, cuando de se registró la venta que le hizo el Asilo de locos al Hospital San Juan de Dios, la conclusión más determinante es que los bienes nunca fueron transferidos legalmente a la extinta Fundación y, “por ende, no puede conformar la masa liquidatoria ni puede disponer legalmente de este”. La sorpresa fue que, a pesar de que la Gobernación de Cundinamarca ha señalado en varias oportunidades no ser propietaria del hospital, la resolución dice que el departamento es el dueño y será “quien podrá venderlo conforme a la autorización del Ministerio de Cultura”.
Apelará
Pablo Leal, liquidador de la extinta Fundación, indicó que no le han notificado la decisión. Sin embargo, por los detalles que ha conocido, dijo que tiene la convicción de que hay irregularidades en la decisión y desde ahora anuncia que apelará ante la Superintendencia de Notariado y Registro. “El registrador de instrumentos públicos dejó sin efecto varias anotaciones, en especial la que reconoce a la Fundación como propietaria de los bienes del San Juan de Dios. Eso sólo lo pueden hacer los jueces”.
Leal indicó que el registrador no tuvo en cuenta elementos como actas en las que la Gobernación de Cundinamarca le hizo entrega de los bienes a la Fundación, ni que para desvirtuar la propiedad que tiene la Fundación debe aparecer un tercero que se crea con mejor derecho. “Lo único que dijo fue que la Fundación no es la dueña, pero no ha aparecido un tercero que se diga ser mejor dueño, quien podría pedir la anulación del registro. Aquí hay una vía de hecho grosera”.
Reiteró que la ratificación del título es un instrumento legal en Colombia para sanear un folio y que la Fundación ya lo había hecho. Pronosticó que en caso de quedar en firme la decisión del registrador de instrumentos públicos, se podría interpretar que la Fundación ya no tendría la obligación de pagarles a los trabajadores ni a los acreedores. “El registrador quiso dividir algo con un punto de vista histórico y fue el que creó el vacío que hoy tiene en su análisis jurídico”.
El paso a seguir en este caso es la apelación, que pasará a manos del superintendente de Notariado y Registro, quien analizará el estudio y sus conclusiones. Él podrá confirmar, modificar, adicionar o aclarar la resolución. En caso de confirmar que la Fundación no es la propietaria, le tocará al liquidador demandar el acto administrativo ante la justicia ordinaria, para que tome una decisión definitiva sobre quién es el verdadero dueño del hospital. Actualmente cursa una acción popular en la que un grupo de trabajadores busca proteger los bienes del hospital. El juez ha estado pendiente del proceso sobre la titularidad. La decisión actual, en algo podría incidir en el proceso.
“Seguiremos defendiendo que la Fundación es la propietaria y el negocio con el Distrito lo mantendremos a la espera de poder registrar la transacción. Sin embargo, es claro que yo no podía dejar que la administración ocupara la propiedad gratis y por eso se firmó el contrato de arrendamiento. En caso de que la Fundación no pueda vender, ese dinero entrará a nuestras arcas como arriendo, pero no se le devuelve a la Alcaldía. Frente a las mejoras que ha hecho la administración, lo cierto es que esos edificios deben tener un dueño y será el nuevo dueño quien asumirá el contrato de arrendamiento y quien le pague las mejoras al Distrito”.
Como lo contó este diario, la compra del hospital ha sido seriamente cuestionada. La Procuraduría, por ejemplo, hizo un estudio de la historia jurídica del centro médico y anticipó que, según el certificado de tradición, la Fundación San Juan de Dios no era la propietaria (encargada de sanear financieramente el hospital), pues incorporó los inmuebles en su patrimonio sin documento que soportara el traslado. Aunque el liquidador se ha defendido señalando que “saneó el predio” a través de la figura de “ratificación del título”, la venta sigue sin legalizarse.
Por ahora, el Distrito seguirá como arrendatario del complejo hospitalario, pagando $750 millones mensuales. Entre las cláusulas se establece que el pago mensual es un abono a los $150.000 millones que el Distrito ofreció por la compra de los edificios. En caso de no concretar la compra, sería dinero perdido, ya que tendrá que reiniciar negociaciones con su nuevo propietario: la Gobernación.
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