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Bogotá 3 Jul 2012 - 10:58 pm

¿El gran reto de las 100.000 viviendas?

La furia de un barrio temeroso

Vecinos del lote en el que se construirán casas para los más pobres advierten que no permitirán “desplazados” en su sector.

Por: Laura Ardila Arrieta / Juan Camilo Maldonado T.
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Foto: Los vecinos marcharon contra la construcción de VIP./ Daniel Gómez

El 24 de mayo del 2000 el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue recibido con una lluvia de piedras en el céntrico barrio Eduardo Santos de la capital. ¿La razón? El mandatario había anunciado que llevaría a unos 70 niños, hijos de extrabajadoras sexuales y recicladores de la zona deprimida conocida como El Cartucho, a un jardín infantil del Distrito ubicado en ese sector. Indignados, los vecinos madrugaron a atravesar llantas y palos en los alrededores del edificio de tres pisos en el que funcionaría el centro infantil.

La escena fue vergonzosa y generó el rechazo de las autoridades distritales y de buena parte de la ciudadanía. Los niños insultados fueron acogidos después por otra institución, en la calle 65 con carrera 5A, en donde los recibieron con merienda y un letrero grande que decía: “Bienvenidos niños”.

La situación la recuerda ahora la exdirectora de Bienestar Social durante la segunda alcaldía de Antanas Mockus y representante a la Cámara por Bogotá, Ángela María Robledo. Lo hace para ilustrar el reto al que podrían estar a punto de enfrentarse el Gobierno Nacional y cada uno de los gobiernos locales que pretendan participar en el proyecto de las 100.000 viviendas de interés prioritario que prometió el presidente Juan Manuel Santos.

La iniciativa que lidera el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, ya es ley de la República, cuenta con la aprobación general, voluntad política, recursos y, en el caso de Bogotá, un terreno para construir las primeras 600 viviendas de interés prioritario.

Sin embargo, ya existen indicios para pensar en una escena como la que tuvieron que padecer los niños de El Cartucho.

Este diario visitó el antiguo barrio industrial de Cundinamarca, muy cerca de donde el pasado 20 de junio el presidente Santos sancionó la Ley de Vivienda y anunció con bombos y platillos la construcción de 600 viviendas de interés prioritario para personas desplazadas que viven en la ciudad.

Las nuevas viviendas para los “pobres”, como lo citan en los medios, se construirían en un lote que muchos llaman la Plaza de La Hoja, a pocos metros del barrio Cundinamarca.

Pocas horas después de que se conociera la noticia, una horda de vecinos —ellos aseguran que superaban los cien— salieron marchando en la noche a tomarse la carrera 30 debido a lo que consideran un atropello.

“Nos van a traer desplazados al barrio”, “¿A qué va a venir esa gente acá, a mendigar?”, “Esto va a desvalorizar este sector, el Estado los debería devolver al campo, para que allá hagan lo que sí saben hacer: ¡cultivar!”.

En suma, los vecinos —la gran mayoría pertenecientes al estrato 2 o más humildes, en especial los inquilinos— consideran que traer desplazados reduce el valor de sus viviendas e incrementa la inseguridad.

César Moreno, alcalde de Puente Aranda, localidad donde se encuentra el barrio Cundinamarca, cree que incluso éste, al pertenecer a una zona industrial relativamente abandonada y en un lugar neurálgico de la ciudad, sería un espacio idóneo para implementar un proyecto de revitalización.

Quiso la mala suerte que el día en que Moreno decidió comunicarle por escrito a la comunidad su postura, se desplegaba el evento en La Hoja al que nunca invitaron a dichos vecinos.

Según Betty Castañeda, líder barrial, los vecinos se asociarán con algunos conjuntos residenciales del sector, el Centro Comercial La 14, Carrefour y la Iglesia Carismática Internacional, para evitar que a La Hoja lleguen los desplazados.

Frente a este panorama, ¿será posible la utopía que promete el alcalde Gustavo Petro al proponer una ciudad en la que vivan ricos y pobres sin discriminación?

La nueva secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, cree que sí y de paso negó que se estuviera pensando en expropiar al barrio Cundinamarca.

La representante Robledo propone equipos psicosociales que incluyan antropólogos, para abrir desde el corazón de la sociedad estos espacios de inclusión.

En un sentido parecido, la concejal progresista Angélica Lozano propone mirar el problema como un reto colectivo: “Que un barrio estrato 2 asocie beneficiarios de vivienda con lumpen prueba que el desafío más profundo es el de la actitud pro equidad. Hay que actuar contra la resistencia al cambio”.

Por su parte, el experto en urbanismo Francesco Ambrosi sugiere que el Estado promueva condiciones de integración, como garantizar a todos los habitantes de un barrio el acceso a los servicios.

En Bogotá, el alcalde Petro ha prometido dentro de este programa nacional la construcción de 11.000 viviendas, más otras 40.000 que harán parte de un gran centro ampliado. El mandatario ha sido claro, eso sí, en que no las levantará en los extramuros sino dentro de la ciudad, para fomentar la inclusión.

Actitudes como la que tuvo el barrio Eduardo Santos y la que tiene ahora la comunidad del Cundinamarca demuestran que el reto no será fácil.

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