Futuro de Los Olivos, en manos de la Fiscalía

Distrito denunció al constructor Edmundo Castro por posibles actos ilegales en compra de predios.

Santiago Valenzuela
21 de noviembre de 2014 - 01:55 p. m.
El Distrito denunció penalmente al constructor privado que pretende edificar apartamentos estrato 6 en el barrio Los Olivos. / Archivo - El Espectador
El Distrito denunció penalmente al constructor privado que pretende edificar apartamentos estrato 6 en el barrio Los Olivos. / Archivo - El Espectador

La disputa por los terrenos del barrio Los Olivos, ubicado en Chapinero, llegó a instancias penales. El Espectador conoció el texto de la denuncia que instauró la Secretaría General de la Alcaldía contra los constructores privados, por posibles irregularidades en la compra de inmuebles para su proyecto de apartamentos estratos 6. En el documento se habla de invasión de espacio público, posible lavado de activos, amenazas y constreñimiento contra habitantes para obligarlos a vender. La denuncia se presenta justo después de que los constructores privados pidieron audiencia ante la Personería para acusar al Distrito de violar los límites del centro ampliado para incluir este sector en sus planes de viviendas de interés prioritario.

Los señalamientos que hace el Distrito contra los privados los sustenta inicialmente en un documento que llegó al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) el 16 de octubre, en el que resumen supuestos “hechos ilegales” contra la comunidad, aparentemente promovidos por Edmundo Castro, representante de la compañía Inverbalcones Ltda., empresa detrás del proyecto inmobiliario. Por ejemplo, dicen que al parecer han presionado habitantes para obligarlos a vender, a través de llamadas amenazantes. Según el Dadep, también denunciaron “la llegada al barrio de personas extrañas que aducen ser paramilitares”. Para completar, “una de las líderes del barrio fue objeto de un atentado con artefacto explosivo. Se presume que es por no haber querido vender”.

El Dadep también conoció que en “las compras de las casas una obligación era demolerlas para que el barrio desmejorara”. Con esto, dice el Distrito, los pobladores empezaron a abandonar la zona. De hecho, de 140 casas que había antes del proceso de compra, solo hay 48. Según la administración, esto ha generado otro problema: invasión del espacio público. “El señor Castro compraba, demolía, encerraba con lona y obstaculizaba el paso peatonal. Invadió zonas de cesión con contenedores y escombros, afectando el espacio público”.

Otra supuesta irregularidad tendría que ver con lo que el constructor ha pagado por los inmuebles. Como lo contó este diario, Castro aseguró que pagó casi $3 millones por metro cuadrado, mientras que el Distrito ofrecía (según el avalúo de Catastro) $346.000. Según el Distrito, el constructor reportó ante Metrovivienda que ha invertido $18.000 millones. Sin embargo, la administración dice que “la inversión asciende a $8.698 millones, muy por debajo de la suma reportada”. Al “no declarar las compra por las sumas que efectivamente pagó”, el Distrito considera que podría existir lavado de activos.

Finalmente, los abogados de la Secretaría General dicen que “la empresa Inverbalcones Ltda. (que representa Castro), ubicada en la carrera 7 Nº 85-73, aparentemente es una fachada. Allí no funciona ninguna empresa gestora de negocios inmobiliarios, ya que no tiene aviso que la identifique. Además, han visto ingresar miembros de la JAC de Los Olivos, como el contador y la presidenta”. Según la denuncia, el constructor ha empleado “métodos desleales e ilegales que afectan la comunidad; cuenta con personal de instituciones que le facilitan documentos y acciones para avanzar en las compras; tiene gente que le colabora en lo comunitario y que genera desinformación, zozobra y acciones violentas”. El alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo, ha estado al tanto de todo el proceso, dice la Secretaría General. Para el Distrito es evidente que en este caso hay mucho por investigar.

Frente a la denuncia el abogado Óscar David Acosta, apoderado de los constructores privados, dice que no le ven problema. “Por el contrario, nos fortalece. Para eso están las autoridades, para investigar. Pero es claro que el Distrito oculta una realidad: quiere hacer una expropiación por fuera del centro ampliado, para lo cual no tiene facultad”.

El abogado explicó que frente al posible lavado el proyecto está blindado, ya que es obligación de la fiduciaria investigar a sus clientes. Y si bien hay capital extranjero, todo está legalizado ante autoridades colombianas. “Critican el precio que se les pagó a los propietarios. Pero mientras el Distrito pretende comprar a $300.000 el metro cuadrado, nosotros pagamos lo justo por el potencial y las expectativas de desarrollo de estrato cinco. Hemos comprado 54 predios sin problemas. Acá no pueden hablar de amenazas o expulsión de la gente. Se pagó bien y todo ha sido legítimo. El Distrito quiere generar un conflicto para no pagar el valor real del metro cuadrado”.

Por ahora, tanto la queja que presentaron los privados contra el Distrito por supuestamente violar los límites del centro ampliado y ahora la denuncia penal que radica la administración contra los privados muestran que la lucha por Los Olivos se tendría que resolver en los estrados judiciales. Allí finalmente se podrá definir si este sector de Chapinero se convertirá en apartamentos de interés prioritario o casas estrato seis. 

svalenzuela@elespectador.com

@santiagov72

Por Santiago Valenzuela

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