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El cabildante cuestiona a Natalia de la Vega por el despido de tres mujeres en estado de embarazo, por supuestas irregularidades en la contratación de un fotógrafo y de una firma para el mantenimiento de vehículos oficiales.
Que tres mujeres en estado de embarazo fueron despedidas de la entidad distrital, que se le está pagando una cantidad injusta a un fotógrafo contratado por Natalia de la Vega, la actual gerenta del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), y que la misma empresa que incumplió los términos del contrato para la entrega de vehículos autobalanceados marca Segway a la Policía Metropolitana (Mebog) se quedó con el contrato del mantenimiento de motos y patrullas de los organismos de seguridad, fueron las denuncias que hizo el concejal Javier Palacio en el cabildo distrital.
Durante el primer año de la administración de Gustavo Petro fueron pocas las noticias y escándalos que se produjeron alrededor del fondo, adscrito a la Secretaría de Gobierno. La entidad, que centraliza la contratación y la logística alrededor de los organismos de seguridad del Distrito, fue centro de polémicas durante la administración de Samuel Moreno, e incluso la actual alcaldía había dicho en un comienzo que se crearía una Secretaría de Seguridad para tener mayor control sobre los recursos y la contratación que maneja el FVS.
Sin embargo, el escándalo durante el último mes por la presunta compra “a dedo” de 100 motos para la Policía, acompañado de cotizaciones extemporáneas, presuntos sobrecostos y vínculos entre el contratista y la entidad, puso en entredicho las actuaciones de el exgerente César Manrique y de las actuales directivas. A ese sonado escándalo se suman nuevos cuestionamientos, esta vez provenientes del concejal Palacio, del opositor Partido de la U.
“Diana Herrera, Vivian Figueroa y Olga Beltrán tuvieron que entutelar a la gerenta del FVS para que las contratara después de haber sido despedidas de la entidad a pesar de estar embarazadas. Eso va contra los derechos de la mujer”, declaró Palacio.
“A las dos primeras las reintegró después de la tutela con un contrato a cinco meses, pero a la última se negó a hacerlo, por lo que el Juzgado Sexto Civil Municipal de Descongestión alcanzó a ordenar una detención por desacato a la tutela, y para que no se hiciera efectiva, la recontrataron el pasado jueves”, añadió el cabildante.
El Espectador pudo comprobar que las tres mujeres salieron de la entidad al terminarse su contrato por prestación de servicios, que sí estaban en condición de embarazo entonces y que, efectivamente, hoy las tres están vinculadas.
“Ellas están por prestación de servicios. No se despiden. Se les acabó el contrato y después de eso es que dicen que están embarazadas. Las tres están contratadas ahora. Sólo tuvimos problemas con una que pedía que el nuevo contrato fuera retroactivo, es decir, que quedara fechado antes de su reincorporación a la entidad, cosa que no podíamos hacer pues va en contra de la ley. Pero ya está contratada”, le explicó Natalia de la Vega a este diario.
Otra de las denuncias radica en el contrato 898 del 24 de diciembre de 2012, que el FVS firmó con el fotógrafo Gerald Bermúdez por $12 millones para la producción de 100 fotografías mensuales durante dos meses. Según el concejal, “es imposible que cada foto valga $60.000 mientras que las mujeres despedidas, todas abogadas, no ganaran más de $3’900.000. Además, no sabemos de qué son las fotos, si son de la gerenta o de su familia”.
La gerenta tiene una explicación para el monto y las razones del contrato: “No son fotografías personales, son de la entidad. Estamos cambiando la imagen del fondo y para eso es necesario hacer varias fotografías sobre nuestras actividades. Hicimos el estudio de mercado y Bermúdez fue quien presentó la cotización más barata”.
Pero la denuncia más grave radica en que la misma firma que, según la Contraloría, entregó vehículos autobalanceados marca Segway con serias diferencias técnicas frente a los requeridos por la Policía Metropolitana, se ganó la licitación para el mantenimiento de las motos y vehículos de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Se trata de Autoexpress Morato S.A.
De acuerdo con los pliegos de condiciones, firmados por De la Vega para los contratos 762 y 763, los oferentes debían entregar una copia de los permisos de vertimientos de materiales usados en el mantenimiento de automotores o una copia de la solicitud de los mismos. Sin embargo, en la adenda del pliego, también firmada por la funcionaria cerca de 20 días después, se limitó el condicionamiento a que el permiso ya hubiera sido otorgado por la autoridad ambiental competente. De ese modo, el único de los oferentes que quedó en juego fue Autoexpress Morato.
“Los pliegos ya estaban preparados desde la administración de César Manrique. Yo los publiqué y luego hice la adenda. Pero, pese a que me incomodó que la misma empresa que le había incumplido al Distrito con el contrato de scooters fuera la que se quedara con la licitación, no pude hacer nada. Fueron los únicos que cumplieron los requisitos”, afirma la gerenta.
La funcionaria sostiene que está “poniendo en orden la casa” y que está tratando de corregir lo que su predecesor dejó mal hecho. Sin embargo, “la casa” sigue siendo cuestionada y esculcada hasta la saciedad por los concejales que consideran que el FVS está mal manejado.