Granada: sin basuras, pero con líos políticos

En el casco urbano de Granada se recoge la basura una vez a la semana. En zona rural, una vez cada 15 días. /Fotos: Gobernación de Cundinamarca

En Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes, no recoger las basuras durante tres días provocó la destitución de su alcalde, Gustavo Petro, y su inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años. Granada, a 30 kilómetros de Bogotá por la Autopista Sur, no pasa de los ocho mil residentes, pero éstos quieren que el tema de los residuos se tome tan en serio como en la capital del país. Por eso, la Personería del municipio ya recibió dos quejas formales que describen los 14 días que estuvieron los granadinos soportando los malos olores, mosquitos e insalubridad generados por los residuos sólidos que se dejaron de recoger.

La razón por la cual el año nuevo recibió a Granada con basuras en cada esquina es porque el contrato de recolección se venció el 30 de diciembre y se renovó el 13 de enero de 2014. Tal situación, no sólo fue considerada irregular por algunos ciudadanos, sino por los propios dirigentes políticos del pueblo: así lo denunciaron también el lunes de esta semana, ante el procurador de Fusagasugá, nueve concejales, incluido el presidente de la corporación. No obstante, mas allá de si Granada afrontó o no un caos de basuras en este principio de año, lo que quedó en evidencia es que en este pequeño municipio, fundado en 1995 y conocido como ‘La puerta de oro del Sumapaz’, sus autoridades se ‘entienden’ como perros y gatos.

El tema de las basuras ejemplifica la falta de fluidez en la comunicación entre la Alcaldía y el Concejo municipal. Según la alcaldesa, Ana Yolanda Arias, las dos semanas en las que no se recogieron residuos en el municipio, más que un caos reflejan un asunto de tiempos, porque “cada año las administraciones reciben un nuevo presupuesto y hay una transición para los procesos contractuales”. No obstante, su explicación de fondo sobre lo que ocurrió con las basuras es que el Concejo le quitó las facultades para ejecutar recursos, y así también lo sostiene Alejandro Montoya, jefe de contratación municipal, motivo por el cual —asegura Arias— estaba “maniatada” y sin poder dar solución al inconveniente.

La versión en el Concejo es otra. Según su presidente, Camilo Moreno, a la alcaldesa no se le quitaron las facultades para ejecutar —lo cual sería a todas luces ilegal, pues es su función—, sino que le limitaron la capacidad para hacer traslados y adiciones presupuestales sin la aprobación de los cabildantes, y así se lo dejaron saber cuando se discutían los recursos de 2014. “Las diferencias políticas con la señora Arias no son nuevas ni tienen que ver con las basuras solamente. Desde que ella inició su campaña, tuvimos problemas. Ella quería nombrar a una persona específica como personero, pero como no se lo permitimos, empezó a decir que queríamos sabotear su gestión”.

Otro asunto que ha puesto en tela de juicio a la alcaldesa es su esposo, José Gregorio Hernández, quien fungió como alcalde del municipio dos administraciones atrás. Ahora, en tiempos electorales, Hernández está haciendo campaña para lanzarse como representante a la Cámara de Cundinamarca por el partido Alianza Verde —la colectividad que surgió de la unión entre Progresistas, al que pertenece el alcalde Gustavo Petro, y el Partido Verde—. Las reglas de juego electorales establecen que una persona no puede aspirar a un cargo en el Congreso si un pariente suyo ejerce autoridad en la misma circunscripción, pero no habría problema: Arias confirmó que ella y su esposo se separaron recientemente.

De acuerdo con la alcaldesa, no se trata de un acto postizo para habilitar la candidatura de Hernández, como lo asegura la oposición en Granada, sino de una crisis familiar verdadera que podría conllevar al fin de su matrimonio. “He tenido que afrontar una dura batalla por ser la única mujer que ha llegado a este cargo, por tener un gabinete conformado en un 90% por mujeres. Esas han sido las razones por las cuales se han ensañado contra mí. No quieren admitir que una mujer lidere este municipio. Estar defendiéndome contra los obstáculos que me ponen los funcionarios, ha hecho que descuide, incluso, a mi familia. Por eso me tuve que separar de mi esposo”, afirmó la alcaldesa.

Según Arias, los concejales y funcionarios que dificultan su gestión y que se quejan constantemente porque supuestamente no se recogen basuras, son los mismos que hacen parte de la lista de deudores que tiene Granada por concepto de aseo desde 2011 (cuando se les empezó a cobrar a los granadinos por aseo y alcantarillado), cartera que asciende a los $113’781.565. La alcaldesa denuncia que sus opositores promueven la cultura del no pago: asegura que por ejemplo el personero, Ferney de Guzmán, debe $292 mil y el presidente del Concejo, Camilo Moreno, $112 mil. Aunque señala que, a pesar de los morosos, siempre ha procurado actuar eficazmente para garantizar el servicio.

Para Arias, el tema de la recolección de basuras es particularmente sensible, porque lo considera un proyecto bandera de su gestión. En 2013, la Gobernación de Cundinamarca, junto con el Ministerio de Vivienda ,destinó casi $5.000 millones en camiones compactadores que fueron entregados a 31 de los 116 municipios del departamento. La alcaldesa sostiene que ella “se la guerreó” para que Granada se viera beneficiada con los nuevos vehículos, con los cuales se empezó a tecnificar la colecta de residuos. Antes de esa inversión, las casi 14 toneladas de basuras que en Granada se producen semanalmente eran recogidas en camiones que vertían lixiviados (líquidos contaminantes) por todo el municipio.

Con base en una visita técnica que se realizó hace dos días, la Secretaría Departamental del Medio Ambiente certificó que hoy en Granada las basuras se recogen con normalidad. Sin embargo, como éste no es el único frente de batalla de la alcaldesa Arias, la funcionaria tendrá que seguir lidiando con sus opositores políticos. Tiene por lo menos cuatro denuncias ante la Procuraduría, por temas como un proyecto de vivienda de interés social llamado Villa Paula y por su presunto interés en nombrar en la Personería —organismo que ejerce control sobre la administración— a una persona de su cuerda. Ella insiste en que la oposición no quiere dejarla gobernar, pero en el Concejo reiteran que no le quitarán la lupa de encima.