Grandes empresas deben salir del espacio público de Bogotá

Aunque el registro de vendedores informales alcanza casi las 50.000 personas, la directora dice que la cifra es mayor. Señala que la problemática aumentó en las últimas administraciones.

Alexánder Marín Correa
07 de marzo de 2016 - 02:00 a. m.

La cifra de vendedores informales en la ciudad, al menos la oficial, habla de casi 50.000 personas que se ganan su sustento en las calles. Con el cambio de administración también cambió la política frente al manejo del espacio público. Las labores de recuperación en la calle 72 fueron el primer paso de lo que será una serie de operaciones en las zonas donde están concentrados la mayoría de vendedores. La nueva política ya generó tutelas, marchas y tiene enfrentada a esta población con el Distrito. María Gladys Valero Vivas, directora del Instituto para la Economía Social (IPES), que es la entidad encargada de ofrecer alternativas para que los vendedores ambulantes hagan tránsito a la legalidad, señala que la nueva política no será arbitraria. Dice que ofrecerán oportunidades a los que realmente las necesitan y que empresas o empresarios que están aprovechando el espacio público también tendrán que dejar de invadirlo.

¿Cuál es la radiografía del IPES y cuál es el panorama de los vendedores informales?

Encontramos una problemática institucional complicada, que afecta el quehacer de la entidad. Un ejemplo: no dejaron contratos como el mantenimiento de todos los quioscos. En cuanto a los vendedores, es algo que no es exclusivo de Bogotá, sino del país, por falta de políticas de empleo. Sin embargo, en la ciudad crecieron en número, especialmente en las últimas administraciones. Y aunque existe un registro que debería tener cifras precisas, según parece, la política fue no registrarlos. Lo que sí hicieron fue permitir el fortalecimiento de la informalidad.

Así como el operativo de la calle 72, ¿dónde harán las siguientes intervenciones?

Las principales serán en las zonas de alta movilidad, de alto flujo de transeúntes y que están afectando a la ciudadanía. Serán permanentes, al igual que la oferta para los informales. Eso sí, la oferta no será tan asistencialista, porque esto también implica tocar el bolsillo de todos los ciudadanos.

¿Cuántos informales hay y cómo los atenderán?

En registros hay 49.195 vendedores informales, pero no son datos precisos. Encontramos que decreció la cantidad de personas inscritas, pero en las calles cada día se ven más vendedores. Para recuperar el espacio público, sabemos que tenemos que dar oportunidades, pero realmente a los que sean vulnerables, porque cuando se habla de la ocupación del espacio público, no todos lo son.

¿Un ejemplo?

Hay empresas y empresarios que decidieron consolidarse en el espacio público, sin retribuirle al Estado y aprovechándose de personas vulnerables, obviando una responsabilidad económica y una social con la ciudad en impuestos, que deben ser reinvertidos en solucionar los problemas de Bogotá. Tenemos que trabajar para frenar esa situación. Encontramos el caso de un sujeto dueño de puestos de ventas de jugos de naranja, que les pagaba $20.000 diarios a los que vendían y él, con una bodega en Santa Fe, llegaba todos los días a repartir sus bultos de naranja. Eso no se puede permitir.

¿Qué harán en ese tipo de casos?

Haremos el mismo ejercicio de recuperación de la ciudad y, desde el IPES, atenderemos a la población vulnerable. Ya está en manos de la Secretaría de Gobierno y de la Defensoría del Espacio Público hacer las intervenciones con esas empresas, para recuperar el espacio público, porque tienen que salir o vincular a esos empleados formalmente. Hay que hacer cumplir las normas.

Es decir, ¿si formalizan a esos que venden en los semáforos, podrán seguir vendiendo?

Tampoco eso es así de fácil. Hay un plan maestro del espacio público que fue flexibilizado (no sé si a propósito) en el tema de ocupación. Estamos revisando y eso implica mirar cómo regular la ocupación y dónde se pueden permitir algunos tipos de ventas.

¿Qué tiene el Distrito para ofrecerles a los informales que sí son vulnerables?

Las sentencias dicen que, si bien se debe recuperar el espacio público, debemos asegurarles a los informales un mínimo vital. Es lo que estamos haciendo, en especial en las zonas que intervenimos (calle 72) y en las que intervendremos. Hemos ofrecido reubicación, opciones laborales, formalización a través de quioscos y, pronto tendremos un convenio con el Sena para formación para el trabajo, para que puedan aprender artes y oficios. Entre los informales, el 55 % ni siquiera es bachiller.

¿Hay con qué atender a los 49.000 informales?

Esto es un trabajo permanente, pero hoy no estaríamos atendiéndolos a todos. Vamos a ir de a poco y ofreciéndoles alternativas, en la medida en que se hagan las intervenciones y a los que se acerquen al IPES. Pero eso es un trabajo permanente y no podría decir que voy a solucionarles a los 49.000 de una. Detrás hay algo más profundo, que es la falta de una política de empleo y que es un trabajo que se debe revisar, porque realmente la informalidad no les mejora la vida a los que están en la calle.

La reciente cifra de desempleo muestra que la situación en Bogotá es complicada.

Debe ser un problema muy serio, porque si la gente está prefiriendo trabajar en la calle, es porque hay algo preocupante.

Algunos calificaron la política como un cambio drástico de una administración a otra.

Venimos de doce años en un proceso en el que ha crecido la informalidad y en el que faltó articulación entre entidades del Distrito y la Nación. Tenemos que cambiar esa situación y hay que hacer cumplir las normas ante la ocupación del espacio público.

Pero esa política ya generó la reacción de los vendedores, por ejemplo, con marchas.

En eso vemos que, efectivamente, hay una problemática social por atender. Pero también hay componentes políticos. ¿Qué dirigentes estuvieron acompañando las marchas? Fueron personas que tuvieron por años la oportunidad de hacer algo por los informales y no lo hicieron. Un dato particular: las personas que realmente están en las ventas informales y son vulnerables son las que acuden y aceptan las propuestas del IPES. A otros no les interesa dejar la calle, porque ganan mucho más.

A las marchas también se sumó la tutelatón. ¿Cómo la piensan enfrentar?

Hay que aclarar algo: los jueces no dicen que tenemos que dejar a los informales en la calle, sino brindarles alternativas, y lo estamos haciendo. Hay algunos que no las quieren aceptar y eso se nos sale de las manos. Tenemos un equipo de abogados en las entidades y vamos a trabajar de la mano con la Secretaría General para dar una respuesta oportuna.

En el caso de la calle 72, ¿no era más fácil dialogar antes de la recuperación?

Esa intervención generó un impacto positivo, porque la gente recibe bien que se recupere la ciudad y el espacio público. Hay que aclarar que sí hicimos un acercamiento y vale recordar que la 72 era un espacio recuperado, pero lo dejaron invadir de nuevo. Nosotros, en aras de no atropellar a la gente, hicimos un acercamiento, se hizo la caracterización y se les hicieron las ofertas. Fue un trabajo conjunto entre varias entidades distritales. Hubo una recuperación respetuosa.

¿Qué diagnóstico hay de los grupos que venden pedazos de andenes a los informales?

Eso es un asunto que deben manejar la Secretaría de Gobierno y la de Seguridad. Sé que hay unas denuncias en Fiscalía contra unos líderes de Puente Aranda que supuestamente lo hacían, pero eso está en investigación.

Una de las quejas es que los sitios habilitados para reubicarlos no sirven y no venden…

Las oportunidades que les hemos entregado han sido con mucho esfuerzo, y frente a los sitios, hemos revisado que cumplan con todos los requisitos. Pero también hay que decir que hay muchos quioscos abandonados, que fueron entregados, pero por falta de políticas frente a la atención de la informalidad en Bogotá, ocurrió que los cogieron de bodegas y se lanzaron de nuevo a las calles. Tenemos que seguir trabajando en eso. Lo estamos revisando.

La Contraloría dijo que habían sido doce años de inversiones sin resultados en atención a vendedores informales. ¿Qué opina?

Puede coincidir con lo que hemos encontrado. Pero más allá de eso, creo que es tiempo de hacer un importante trabajo de articulación entre la Nación y el Distrito. Además, no olvide que a Bogotá llega mucha gente de otras regiones cada año, que encuentra en la informalidad una alternativa. Lo realmente importante ahora es atender y brindarles alternativas a los verdaderamente vulnerables.

¿Cuáles serán las metas concretas?

Atender a las personas que decidan dejar la informalidad. Atender otros temas como las plazas de mercado, para que la gente vuelva a ellas; adelantar más procesos de formación y, algo importante, recuperar la cartera que tenemos por los quioscos y los espacios que han recibido los que se formalizaron. Ellos deben pagar una cuota mínima de mantenimiento, pero a la fecha tenemos una cartera de casi $12.000 millones. La idea es recuperarla.

 

Por Alexánder Marín Correa

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