Gremios advierten efectos negativos del POT en vivienda e industria

Mientras la administración del alcalde Gustavo Petro insiste en que uno de sus objetivos con la modificación al Plan de Ordenanamiento Territorial (POT) de la ciudad es aumentar su productividad, entre los gremios no ha sido bien recibido el proyecto, pues perciben más restricciones a actividades como la industria, el comercio y la construcción, que no favorecerían la competitividad de la capital.

“Las cargas que la propuesta del POT impone al proceso de construcción son tan altas, que la vivienda tendría un 25% adicional en su valor”, dice Martha Moreno, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca.

Esta es sólo una de las preocupaciones que advierte la representante del gremio ante las exigencias de la administración, como el porcentaje obligatorio de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) que los constructores tendrían que destinar en sus nuevos proyectos.

Para la administración lo más importante es que los constructores no sigan construyendo grandes proyectos sin dejarle ningún tipo de ganancia a la ciudad, ya sea en términos de espacio público o VIP, como asegura el secretario de Planeación, Gerardo Ardila.

Añade, además, que esta vez la propuesta del POT incluye una simplificación en las normas que facilita los procesos para los empresarios. Un argumento que para Moreno se convierte en un “exceso de poder en manos de los propios secretarios de la Alcaldía”.

Jorge Enrique Gómez, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, señala que no se construirían nuevos proyectos urbanísticos por temas como las limitaciones en parqueaderos y el cobro de plusvalía, que sería más exigente.

Otro de los críticos con las implicaciones económicas del POT es Camilo Llinás, gerente de la seccional Bogotá de la Asociación Nacional de Industriales (Andi). El representante indica que en el sector comercio hay preocupación, porque “la propuesta no les apuesta a las grandes superficies, sino a tiendas de máximo 200 metros cuadrados, lo que ha perjudicado los nuevos proyectos de empresas que nos habían manifestado su interés en este sentido”.

En cuanto al tema de las empresas de manufacturas, Llinás indica que la clasificación que sugiere la administración para la industria designa a la mayoría de empresas como de alto impacto y restringe demasiado las zonas donde éstas se pueden ubicar.

“Hay requisitos que contradicen la política antitrámites que defiende el Distrito en su propuesta, como que las empresas tienen que contabilizar el número de ejes de los camiones o especificar el tipo de maquinaria que utilizarán”.

Pero el subsecretario de Planeación Socioeconómica, Octavio Fajardo, explica que los requisitos exigidos en el caso de la industria ya están previstos en la norma actual y tienen que ver con los impactos ambientales y de movilidad de las empresas.

Incluso, señala que con la propuesta de modificación al POT se “amplían las áreas donde se pueden desarrollar actividades industriales”. Respecto al tema del transporte de logística y carga, el experto en movilidad de la Universidad de los Andes, Juan Pablo Bocarejo, sugiere que el Distrito defina un corredor occidental para atender esta demanda, diferente a la avenida Boyacá, pues ha sido una falla en el diseño del ordenamiento en la ciudad y no hay directrices en este sentido en el POT propuesto.

También indica que éste debe concentrarse en que el metro pesado de la capital tenga un tratamiento especial que permita aprovechar temas como la construcción de centros comerciales a su alrededor. Serán dos retos claves para que la administración fortalezca la competitividad de la ciudad aprovechando las políticas de movilidad.