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Que las decisiones en las altas cortes están tomadas a medias, que aún no hay fallos concretos y que los debates han sido intensos y complejos. Todo eso es cierto. Pero es cierto también que el mandatario de los bogotanos, Gustavo Petro Urrego, tiene un pie y medio por fuera de la Alcaldía. Cuando el Consejo de Estado se sienta a debatir hoy la nueva ponencia de fallo por este caso, se reafirmará lo decidido la semana pasada: que la pretensión de Petro, de lograr a través de una tutela que se suspendiera su destitución, fue rechazada. Y en el Consejo Superior de la Judicatura las cosas no pintan mejor.
Hasta antes de que se conociera el sentido del proyecto de fallo que elaboró el magistrado de la Judicatura Pedro Sanabria, el cual se hizo en contravía de los intereses del alcalde, en los pasillos del Palacio Liévano los asesores del alcalde se referían a ese alto tribunal como el “Plan B”. Lo sucedido ayer, sin embargo, les indica que sus aspiraciones no tienen asidero. Los siete magistrados de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que se encuentran estudiando las 325 tutelas que en primera instancia se resolvieron en favor del alcalde, se sentaron a las 11 a.m. a debatir la ponencia de Sanabria. Una hora después ya se encontraban votando y la postura de Sanabria iba rumbo a ser sentencia.
Así se dio la votación
Este diario conoció en detalle cómo se llevó a cabo la sesión en la Judicatura de ayer. Los magistrados Julia Emma Garzón, Wilson Ruiz y Angelino Lizcano apoyaron con su voto la tesis de Sanabria. Néstor Osuna, no obstante, hizo lo contrario con base en tres argumentos fundamentales: primero, porque Sanabria afirma que no existe relación entre el derecho a elegir y el debido proceso —Osuna señaló que los electores tienen derecho a que sus elegidos enfrenten un proceso justo antes de ser removidos de sus cargos—. Segundo, porque los precedentes que se mencionan de la Corte Constitucional no son tan aplicables a las circunstancias del caso Petro.
El tercer argumento de Osuna, para contradecir el proyecto de fallo, fue la negativa de sus colegas a hacer “control de convencionalidad”, es decir, a estudiar si el proceso está en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho control, ya lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es una obligación para todos los jueces de los países que han firmado el Pacto de San José. En el proyecto de fallo, sin embargo, se lee que ese tema ya había quedado resuelto en la tutela que presentó Piedad Córdoba cuando fue destituida, la cual fue resuelta por la Corte Constitucional en octubre del año pasado y en la que se aseguró que el poder de destitución de la Procuraduría no reñía con el Pacto de San José.
Luego de que el magistrado Osuna expusiera su posición, llegó el turno de Ovidio Claros para votar. Éste, sin embargo, en vez de proceder, pidió el expediente en estudio, como lo confirmaría horas más tarde la presidenta de la Sala, María Mercedes López (quien no alcanzó a votar), en un comunicado en el que ratificaba además que no había aún fallo, como se alcanzó a decir. De acuerdo con el reglamento de la Judicatura, Claros tiene dos días para examinar todo el proceso. Y aunque la Sala Disciplinaria de la Judicatura está citada de nuevo para hoy, Claros bien podría decir que tiene un día más para analizar el expediente y el debate podría quedar aplazado para el jueves.
Este martes se divulgó que los colegas de Sala de Sanabria le habían pedido a éste una ampliación de su proyecto de fallo, el cual supuestamente fue discutido ayer. Esa información, no obstante, no era del todo precisa. Fuentes de la Judicatura le confirmaron a este diario que en realidad Sanabria llegó el lunes, por iniciativa propia, con un proyecto de fallo que tenía casi 10 páginas más que el repartido entre sus compañeros hace una semana. La diferencia con el documento original era que profundizaba el argumento de que el presidente de la República sólo debe ejecutar las sanciones que imponga el Ministerio Público.
En su comunicado, la magistrada María Mercedes López hizo énfasis en que la Sala Disciplinaria de la Judicatura no había tomado ninguna decisión frente al caso Petro. Un magistrado que estuvo en la Sala de ayer, no obstante, le dijo a El Espectador: “La decisión está tomada desde el lunes”. Es decir, que desde hace dos días al caso Petro le impusieron los santos óleos en la Judicatura. Recientemente, su defensa había pedido que se practicaran unas pruebas para demostrar por qué la tutela debía resolverse en favor del alcalde, pero la Judicatura lo rechazó. La razón: según definieron la mayoría de sus magistrados, no hay razón para examinar si el derecho de Petro al debido proceso se había violado o no.
Otros escenarios
El Consejo de Estado se reúne en Sala Plena hoy a las 8:30 de la mañana. Su misión es discutir el proyecto de fallo elaborado por el magistrado Alfonso Vargas, luego de que, la semana pasada, la ponencia de Guillermo Vargas Ayala fuera derrotada. En su documento, Vargas Ayala señalaba que la Procuraduría había violado el derecho del alcalde a la defensa y al debido proceso, que los cargos disciplinarios en su contra no estaban ajustados a la realidad y que sí era función del alcalde expedir decretos para cambiar el modelo de recolección de basuras. Catorce de sus compañeros, sin embargo (esa Sala Plena se compone de 27 personas), pensaron lo contrario. Esa es la posición que debe reflejar la ponencia de Alfonso Vargas.
Aun así, que el Consejo de Estado saque este fallo hoy no es la última palabra. Allí todavía hay 35 tutelas más para estudiar, de las cuales varias en primera instancia se resolvieron en favor del alcalde. Lo que significa: más tiempo para Petro en la Alcaldía. Pero, llegado el caso en que el Consejo de Estado y la Judicatura fallaran todas las tutelas en contra del alcalde, éste no tendrá más remedio que dejar el Palacio Liévano. Las tutelas se enviarán para revisión de la Corte Constitucional y fuentes de ese alto tribunal aseguran que es un hecho que serán revisadas. Sin embargo, esa batalla ya tendría que darla Petro desde afuera.
Los abogados del alcalde fueron citados a las 4 p.m. de ayer a una reunión de urgencia. Sin embargo, de acuerdo con algunos de los presentes, lo único que se decidió fue esperar a lo que pase hoy en las altas cortes para mañana volverse a reunir. En el limbo queda, además, lo que sucederá con la consulta de revocatoria del mandatario de Bogotá. La fecha es el 6 de abril, pero, según fuentes de la Registraduría, si las altas cortes definen pronto que se ratifica el fallo de la Procuraduría, ésta de inmediato se lo enviaría al presidente Juan Manuel Santos para que firme la destitución de Petro y, una vez firmada, la consulta sería cancelada en un abrir y cerrar de ojos.
“La verdad es que con lo que pasó en el Consejo de Estado no veíamos mucha opción en la Judicatura”, le expresó a este diario Guillermo Jaramillo, gerente de la campaña por el NO a la revocatoria de Petro. Y añadió: “Si estas decisiones llegan a quedar en firme, vamos a irnos por el país a promover el voto en blanco para las presidenciales”. Los cálculos de Jaramillo incluyen que el presidente Juan Manuel Santos “le va a dar (a Petro) sólo los 10 días hábiles que corresponden por ley a la ejecución del fallo de la Procuraduría”. “Allá los magistrados y sus conciencias”, respondió Petro ayer al conocer lo ocurrido en la Judicatura. En manos de los jueces está su futuro.