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Fue el más duro revés de la vida política de Gustavo Petro. Él, no obstante, se rehusó a aceptar la derrota. Un fallo fulminante de la Procuraduría le quitó el título de alcalde y, de paso, las posibilidades de aspirar, en los próximos 15 años, a otros cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República. Pero Petro, frente a miles de ciudadanos convocados por él a la Plaza de Bolívar, anunció anoche con grandilocuencia que esta circunstancia adversa era, a la vez, la oportunidad para que en Colombia brotara un verdadero movimiento de los indignados. La decisión va a ser apelada, pero no hay quién crea que el procurador Alejandro Ordóñez va a cambiar el rumbo de la sanción. A Petro le llegó la muerte política. Él, sin embargo, no cree que este sea el momento de poner un punto final sobre su carrera pública.
La determinación de la Procuraduría abrió un debate que va más allá del rifirrafe político: la facultad que tiene el jefe del Ministerio Público para destituir a funcionarios elegidos mediante el voto popular. Ayer mismo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, planteó la necesidad de reformar los alcances sancionatorios de la Procuraduría. “Creo que hay que revisar la ley constitucional que le permite a un funcionario inhabilitar a personas que han sido elegidas por el voto popular”, señaló el jefe de la cartera de Justicia durante un foro en el que se encontraba, justamente, junto a Petro cuando éste se enteró del fallo disciplinario en su contra emitido por la Procuraduría (ver página 5).
Las fallas, según la Procuraduría
En una sede custodiada por escuadrones antidisturbios (Esmad), hacia el mediodía de ayer, Alejandro Ordóñez dio la noticia que desde julio aguardaba la gente del Palacio Liévano: la decisión sobre el proceso disciplinario contra el alcalde por el cambio del esquema de recolección de basuras. En la rueda de prensa, Ordóñez argumentó que Petro había sido destituido por “la evidente crisis que sufrió la ciudad de Bogotá los días 18, 19 y 20 de diciembre (de 2012) por la absoluta incapacidad del Distrito en la prestación del servicio público de aseo”. Según la Procuraduría, Petro les entregó el servicio de aseo “a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. Razón para ser sancionado, señaló el organismo de control.
Para la Procuraduría, fue tal la “deliberada improvisación”, que la Alcaldía tuvo que comprar y alquilar compactadores nuevos y usados “con evidentes detrimentos al patrimonio público”. Según el Ministerio Público, “lo más incomprensible (fue) que el Distrito volvió a contratar a los operadores privados de quienes, según lo dicho por el señor alcalde en su momento, pretendía ‘descartelizar’”. La versión de la Alcaldía al respecto fue que la ciudad sí se saneó, pues los cuatro operadores de aseo que tenía Bogotá (Lime, Aseo Capital , Atesa y Ciudad Limpia) pasaron de operadores a contratistas y dejaron de recibir directamente las tarifas cobradas a los ciudadanos.
Según Petro, con base en información de la Contraloría, esos operadores cobraron $500 mil millones de más en la última década, y por eso hablaba de la “cartelización” del aseo en Bogotá. No obstante, para la Procuraduría, “se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia”. Ordóñez agregó que Petro era consciente del daño que estaba causando, pues así se lo habían advertido la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente, entre otros. De igual forma, Ordóñez sostuvo que el argumento de que la Corte Constitucional había ordenado la inclusión de los recicladores en el esquema de recolección de basuras no era suficiente para haber establecido el modelo que se empezó a implementar hace un año.
¿Nace un movimiento?
Desde el momento en que la Procuraduría formuló cargos contra Petro los progresistas lo advirtieron: su principal arma política iba a ser “meterle pueblo al debate”. Ayer, frente a miles de ciudadanos que atendieron el llamado del alcalde para “defender la Bogotá Humana”, Petro lo formalizó. Llamó a quienes rechazaron la decisión del Ministerio Público “la vanguardia de la democracia colombiana” y puso a su disposición la Plaza de Bolívar para que, desde allí, naciera un movimiento de los indignados no sólo en Bogotá, sino en todo el país. Una fuerza ciudadana que “defienda la paz y la democracia” y que frene “sin violencia” las pretensiones de “el fascismo (que) quiere volver a despedazarnos”.
“Esta es la plaza Tahrir de Colombia. Aquí debe comenzar una revolución democrática y pacífica”, arengó el alcalde de Bogotá. Se refería al escenario donde emergió la Primavera Árabe en enero de 2011, la plaza de El Cairo donde miles de egipcios se reunieron para exigir la caída de quien había sido su dictador por casi 30 años, Hosni Mubarak. Se trata de una apuesta radical que no admite tonos grises: o Petro logra sacudir los cimientos del país institucional para que se reforme el poder del procurador, o en Colombia no hay tanta gente dispuesta a demostrar la indignación que él quiere materializar y su convocatoria pasaría a formar parte del inventario de esas anécdotas políticas que abundan en Colombia.
‘No se paren de la mesa’
En el discurso de Petro, que comenzó a las 6:22 p.m. y duró casi una hora, las conversaciones del Gobierno con las Farc no pasaron inadvertidas. “Que sepan en La Habana: el mensaje que quiere lanzar el procurador no es solamente la repetición del discurso dogmático y sectario que elimina la diferencia. Es también una trampa. Lo que quieren eliminando la Bogotá Humana es lanzar un mensaje de guerra sobre La Habana (...) Les decimos a quienes están de parte del Gobierno y las Farc: no retrocedan, que lo quieren hacer aquí es una trampa para prevenir la paz en Colombia (...) Les decimos a los negociadores de la guerrilla: ni se les ocurra bajar la bandera de la paz”.
La razón por la cual Petro hizo esta referencia es porque, como lo ha dicho en repetidas ocasiones, él siente que su gobierno simboliza que en la democracia también hay campo para quienes alguna vez desafiaron al Estado a través de las armas y ahora creen que no hay otra salida que la legalidad y la democracia. “Le recuerdo, Antonio, sus palabras ante Carlos Pizarro en su tumba —le dijo Petro a Navarro Wolff, quien llegó al Palacio Liévano y se paró junto al mandatario local—: nosotros somos la generación de la paz. No podemos dejar esa esperanza, no vamos a caer en sus guerras. Nos quieren llevar a la violencia y no señores, los tristes son ellos, nosotros somos la alegría y la democracia”. Lo que los opositores de Petro se cuestionan es si su vigencia como figura política representa realmente la vocación del país por la paz.
Guiño presidencial
Hasta hace pocos días los progresistas daban por descontado que su representante en la consulta interna de la Alianza Verde para definir candidato a la Presidencia de la República iba a ser Antonio Navarro. Ayer, no obstante, el exdirigente del M-19 ratificó que haría campaña para ir de nuevo al Senado. En ese panorama, la aparición y el discurso de Aída Abella —candidata presidencial por la Unión Patriótica— en el balcón del Palacio Liévano junto a Petro podría leerse también como una movida en el ajedrez político de gran relevancia: progresistas y la UP podrían ser parte de una misma apuesta electoral.
Lo que se viene
“Esperaremos aquí la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Gustavo Petro. Hace un mes se pidió en el sistema interamericano una medida cautelar en favor de Petro, arguyendo que Ordóñez lo perseguía por razones ideológicas. Sin embargo, no es claro cómo un pronunciamiento de la CIDH podría evitar los efectos de la sanción contra Petro. Éste mencionó además que estaba a la espera de la decisión de la Corte Constitucional, tribunal que acaba de admitir una demanda contra la facultad del procurador para destituir a funcionarios elegidos por voto popular. Por ese lado, sin embargo, tampoco se ve luz al final del túnel, si se tiene en cuenta que Piedad Córdoba —inhabilitada por el procurador por 18 años— presentó una demanda similar hace unos meses y la Corte se la negó.
“Yo creí en las buenas maneras. En los discursos y hasta por convicción propia voté por el procurador para demostrar que la diferencia podía dar buenos resultados. Pero ellos no nos tratan de la misma manera. Ellos negocian con la democracia. Ellos manipulan la Constitución”, resaltó Petro. En las entrevistas que dio a diferentes medios a lo largo de su período, él siempre afirmó que no había hallado el reto de la Alcaldía tan complejo como lo creía antes de ser elegido en octubre de 2011 con 721.308 sufragios. En privado, sin embargo, más de una vez les dejó saber a sus asesores y allegados el mal sabor que le dejaba en la boca el momento que estaba atravesando y que a partir de ayer se puso más crítico que nunca: “Yo sabía que iba a ser difícil. Pero no tanto”.
¿Una destitución anunciada?
En diálogo con este diario, el exmilitante del M–19 y exconstituyente Otty Patiño afirmó que Francisco Santos conocía de antemano la decisión que iba a tomar la Procuraduría de destituir al alcalde Gustavo Petro. Según el funcionario de la Alcaldía, él estuvo presente en una reunión en la que Santos le pidió a un miembro de la Alianza Social Independiente (ASI) su ayuda para obtener el aval de ese partido y poder presentarse a la Alcaldía de Bogotá en unas eventuales elecciones atípicas.
De acuerdo con Patiño, quien es director del Observatorio de la Secretaría Distrital de Cultura, esa reunión se habría dado a mediados de noviembre, es decir, un mes antes de que se conociera públicamente la decisión del Ministerio Público. La certeza de Santos habría sido tal que éste habría estado dispuesto a no cerrar la casa desde donde impulsaba su campaña para ser el candidato presidencial del partido Uribe Centro Democrático y convertirla en la sede de su campaña a la Alcaldía.