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Bogotá despertó ayer con una nueva explosión, que se suma a la seguidilla de detonaciones que se vienen registrando en la ciudad desde mediados del año pasado, pero con más frecuencia desde el pasado 6 de febrero. A diferencia de las anteriores, en esta oportunidad fue un atentado directo contra la policía. El hecho ocurrió a las 6:20 de la mañana, en la calle 28 Sur con carrera 29 del barrio Quiroga, donde los delincuentes activaron a control remoto el artefacto al paso de una caravana de la institución que iba rumbo a Ciudad Bolívar.
Producto de la explosión, cinco uniformados y dos civiles resultaron heridos y fueron remitidos al Policlínico del Olaya y los hospitales del Tunal y San Rafael. Los civiles son Maritza Rodríguez, de 40 años, y el taxista Nilson Moreno, de 45. Los uniformados son Miguel Puentes, de 30; Elkin Chávez, de 27; Juan Ignacio Romero, de 33; Cristian Aguirre Peña, de 27, y Johnatan Hernández, de 27. La mayoría sufrió traumas acústicos en tejidos blandos y extremidades.
De acuerdo con el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el explosivo que usaron fue de alto poder y se usó metralla. Además sería similar al que encontraron el 6 de febrero en el barrio La Macarena, descubierto a tiempo y activado de manera controlada. Con este hecho, ya son siete las explosiones en mes y medio.
Hasta ayer habían sido petardos de bajo poder y en su mayoría sólo habían dejado pérdidas materiales, excepto el del pasado 2 de marzo en Villa Gladys, que dejó cinco heridos. Las autoridades hablaban de hechos sin relación o de grupos de microtraficantes incómodos con la presión de la Policía. Con el atentado de ayer empezó a cobrar más fuerza la hipótesis de que se trata de algo escalonado y que detrás estarían el Eln, que busca desestabilizar la tranquilidad en la capital.
Pero ¿quién es realmente responsable de los atentados? Según analistas consultados por El Espectador, las hipótesis apuntan a que, por un lado, se considera la posibilidad de que efectivamente sea el Eln, que adelanta una campaña para llamar la atención del Gobierno y para lograrlo se concentró en la capital. Por el otro, se cree que detrás de al menos tres de los siete casos registrados en las últimas semanas están grupos de derecha que “pescan en río revuelto” para generar ambiente de inseguridad y así desestabilizar el proceso de paz.
Según Ariel Ávila, investigador de la fundación Paz y Reconciliación, hay asuntos que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la seguridad de Bogotá. “La gran conclusión es que, más allá de quién lo hizo, hay que resaltar que Bogotá tiene cuatro problemas que afectan la seguridad. Por ejemplo, ya no funciona tan bien lo que se conocía como el plan candado, que era una estrategia para asegurar la capital, y parece que ahora estuvieran entrando explosivos a Bogotá con más facilidad que antes. También, que hay un serio problema con la frontera con Soacha, donde se ha bajado la guardia y el límite no lo controla nadie. Y finalmente la evidente desarticulación que hay entre el Distrito y la Fuerza Pública para fortalecer una única política de seguridad”.
“Esto no es un problema exclusivo de Petro. Hay fenómenos muy delicados que están afectando la capital, que van más allá de lo político y ameritan que el Gobierno Nacional les preste atención. No es para que las autoridades se estén tirando la pelota. Nadie puede negar que la inseguridad asociada a la intolerancia ha disminuido. Sin embargo, parece que el crimen organizado se está fortaleciendo, como queda en evidencia con el atentado de ayer, en el que se nota una logística para atacar a la patrulla de la Policía. No es para entrar en pánico, pero sí es de cuidado”.
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