Tras 16 años de ires y venires que no han llegado a buen término, esta semana el proyecto de ampliación de la carrera 11, desde la calle 100 hasta la calle 106, podría por fin convertirse en realidad.
El lunes, a las seis de la tarde, comisiones técnicas del Instituto de Desarrollo Urbano y el Ministerio de Defensa se reunieron a puerta cerrada en la Alcaldía de Bogotá para revisar los últimos detalles de la conciliación entre ambas partes, para zanjar un pleito jurídico que tiene paralizada una vital obra de infraestructura para la movilidad del norte de la capital.
“Mi mayor aspiración es que dejemos ese tema, que ha demorado más de ocho años, resuelto para la ciudad. Es un asunto estratégico desde el punto de vista de movilidad”, aseguró a este diario la alcaldesa Clara López, quien se mostró optimista y agregó que, de llegar a un acuerdo, las obras de ampliación se desarrollarían en 2012.
En 1995, el Concejo de Bogotá ordenó la ampliación de la carrera once, entre la calle 100 y la calle 106. Para hacerlo se requería la expropiación de 20 mil metros cuadrados de propiedad militar, entre ellos parte del Cantón Norte y la Universidad Militar Nueva Granada —vital centro logístico, administrativo y pedagógico del Ejército—.
El Distrito, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, ordenó la expropiación de los predios en 2004 y ese mismo año les pagó a los militares poco más de $11.648 millones como indemnización por la adquisición del predio.
Desde entonces, el Ministerio de Defensa y la Escuela Militar Nueva Granada entablaron un pleito jurídico en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, argumentando que los predios expropiados eran de un alto valor estratégico y que el precio pagado por la indemnización no se correspondía con el perjuicio causado a la Fuerzas Militares.
El pasado 26 de mayo, mientras el IDU adelantaba a marcha apresurada la construcción del puente de la 109 que lleva a la Once, por encima de la avenida NQS, hasta los límites del Cantón Norte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones del Ministerio de Defensa y aseguró que “la indemnización establecida por el IDU resulta completa”.
Acto seguido, los militares apelaron la decisión del Tribunal, lo que condujo al IDU a interponer una acción de cumplimiento que ahora tiene a las dos partes en un proceso de conciliación.
La alcaldesa mayor de Bogotá, Clara López Obregón, y la viceministra para la Estrategia y la Planeación, Diana Quintero, liderarán las reuniones de conciliación.
Según fuentes en la Alcaldía, todo se zanjará una vez las partes lleguen a un acuerdo sobre el monto de indemnización que debe pagar el Distrito. El monto total del acuerdo ha sido mantenido bajo absoluta reserva.