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El desespero que sintió Dora Elena Gutiérrez cuando escribió su primera petición de auxilio quedó escrito en letra despegada, en palabras tachadas y en la ausencia de comas que delataban su afán, su preocupación: “Solicito colaboración porque me encontraba en proceso de protección para testigos junto con mi familia por haber testificado en contra de la banda de Ciudad Bolívar conocida como Los Negros, por los delitos de homicidio en contra de un funcionario del CTI y venta de sustancias psicoactivas en el sector Mirador de la Estancia pero me sacaron del programa porque tuve la necesidad de incumplir las normas de seguridad porque mi mamá sufrió un accidente y mi hermanita tiene un retardo cognitivo del 75%... Soy madre de tres hijos y estoy siendo amenazada y vivo en el sector que ellos aún dominan y temo por mi vida, la de mis hijos y la de mi madre”.
Dora Elena Gutiérrez escribió esta petición el 10 de mayo de 2013 en el centro de atención ciudadana de la Personería. Cinco meses después envió otra carta a la Procuraduría pidiendo auxilio. Las respuestas no garantizaron su protección y fue asesinada el 12 de diciembre de 2013 en su casa, frente a su familia. En mayo de 2012 había presenciado el asesinato de Alberto Escobar Pinzón, un funcionario del CTI que fue víctima de la banda los Costeños, también conocida como los Negros. Fue esta pandilla la que planeó y ejecutó su asesinato. Sabían, desde un principio, que ella había visto y denunciado su modo de actuar en la localidad, especialmente en el barrio Mirador de la Estancia.
En su momento los diarios locales registraron la muerte de Gutiérrez por un hecho que llamó la atención: un miembro de la banda los Costeños sedujo a su hija de 15 años, se ganó la confianza de Dora y una noche, dentro de la casa, ejecutó la venganza con un arma de fuego. No alcanzó a recibir su recompensa por “colaborar con la investigación” en la muerte del funcionario del CTI. Tampoco pudo reubicar a sus dos hijas, de 16 y 17 años, ni a su hijo menor, de ocho años. Su esposo quedó a cargo, y desde entonces el caso de su familia pasó a ser uno más de desplazamiento intraurbano.
Casos que, como lo contó El Espectador en su edición de domingo, no han sido estudiados a fondo por las autoridades. Hasta el momento, el desplazamiento intraurbano es sinónimo de traslado obligatorio por las secuelas del conflicto armado en el país o por problemas de microtráfico, relacionados con la diáspora de expendedores de droga en localidades como Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, Engativá y Tunjuelito.
La historia del esposo de Dora Elena Gutiérrez demuestra que el problema va más allá: “La gravedad de los hechos ocurridos ha generado una especial situación de riesgo contra mis hijos/as y el mío propio. Las amenazas de las que somos víctimas provienen del hecho de que mis hijas fueron testigo de la muerte de un agente del CTI. Sujetos desconocidos han llamado en varias ocasiones a mi celular preguntando por mi hija. En otras ocasiones me llaman y no hablan, se hacen en un intervalo de ocho días”, escribió Mauricio*, como lo llamaremos en este artículo por cuestión de seguridad, el 27 de diciembre de 2013 a la Fiscalía General.
Su representación legal la asumió el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH), entidad que le ha solicitado a la Fiscalía prontitud en las investigaciones: “No queremos que se repita lo que sucedió con la señora Gutiérrez: una crónica de una muerte anunciada. Mauricio ha tenido que desplazarse, enviar a sus hijas a otra ciudad, por miedo a que los Costeños les hagan daño, a él y a sus allegados”, le dijeron voceros del CPDH a este diario.
Aunque Mauricio hoy hace parte del programa de protección de testigos de la Fiscalía, durante los primeros seis meses de este año tuvo que esconderse en diferentes barrios de Bogotá, mientras buscaba a alguien que pudiera recibir a sus hijos en otra ciudad. Como lo hizo su esposa, acudió a la Unidad Nacional de Protección, a la Procuraduría, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. En esta última no lo aceptaron porque, como consta en una respuesta enviada el 2 de abril de este año, “no es posible constatar que el hecho de homicidio (de Dora Gutiérrez) se haya generado con ocasión al conflicto armado interno (...). No serán considerados víctimas quienes hayan sufrido un daño en sus derechos como consecuencia de actos de delincuencia común”.
Tampoco fue suficiente cuando Mauricio demostró que sus hijas mayores aparecen en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), por un desplazamiento forzado que sufrieron el primero de diciembre en Istmina, Chocó. “Que me reubiquen, por favor, que me reubiquen”, es lo que este padre de familia ha pedido constantemente ante el CPDH. Un anhelo que no ha podido hacerse realidad. Como testigo por el caso del agente del CTI recibió protección. Nada más.
El Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc) ha recibido casos similares: “Un niño de 10 años denunció a un abusador sexual y traficante de estupefacientes en la localidad de Usme. Esta persona salió de la cárcel después de dos años y lo primero que hizo fue amenazar a la familia del joven que lo delató. Esta familia, muy seguramente, tendrá que desplazarse. Estamos comenzando a analizar estos casos”, explica Rubén Darío Ramírez, director de la entidad. Otro caso que conoció el Ceacsc es el de una persona que grabó en video un expendio de drogas en Ciudad Bolívar y lo mostró ante las autoridades. Fue amenazada, junto con sus vecinos, por las pandillas que controlan el negocio de microtráfico.
Para Ramírez, el desplazamiento interno está relacionado con estructuras de microtráfico, “que muchas veces se escudan en las barras bravas para desplazar a los jíbaros que operan en el barrio”. Las fronteras invisibles que han creado las barras en localidades como Bosa y Engativá son consideradas por el Ceacsc como límites que han establecido jíbaros y estructuras de tráfico de drogas. En el radar de este tipo de desplazamiento no aparecen, hasta ahora, casos de racismo, homofobia o tribus urbanas.
Alerta de la Defensoría del Pueblo
En junio pasado, la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo sobre Bogotá. Allí se dice que en Bosa y Ciudad Bolívar existe un peligro inminente que puede generar desplazamiento interno. En particular, los barrios San Antonio, Chico Sur, Escocia, Brasilia, Bosa Nova, San Diego, José Antonio Galán, San Pablo, Villa Anny II, Santa Fe, el Porvenir y Cañaveralejo (ubicados en la localidad de Bosa) y Las Brisas, Arborizadora Alta, Bellavista, Verona, Caracolí, Tres Esquinas, Ismael Perdomo y Sierra Morena (en Ciudad Bolívar) son vulnerables a la acción de grupos ilegales.
Además, de los 1.257 homicidios que se registraron en Bogotá durante 2013, 357 (el 28%) se presentaron en Ciudad Bolívar, zona en la que, según la Defensoría, operan “ grupos armados posdesmovilización, como las Águilas Negras, los Urabeños y los Rastrojos”. La organización social Coordinadora Cívico-Popular de Ciudad Bolívar denunció ante la Defensoría que “en conversaciones con algunos jóvenes se ha identificado la presencia de hombres en el barrio Sierra Morena, que al parecer han salido del Bronx, y se menciona que ellos vienen por el negocio de la venta de sustancia psicoactivas”.
Preocupa, además, que en Bogotá aumentaron los casos de amenazas y extorsión, claves en las causas del desplazamiento interno: mientras que en 2012 se presentaron 239 casos de extorsión, en 2013 fueron 351. En cuanto a las amenazas, pasaron de 1.057 a 1.227. La última amenaza que registró la Defensoría fue firmada en enero de este año por las Águilas Negras contra la Asociación de Desplazados por Nuestro Futuro: “En este documento se les ordena abandonar la ciudad y el país so pena de dirigir contra ellos homicidios selectivos”.
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