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El Concejo lo aprobó la semana pasada y se prevé que el mandatario le dará el visto bueno con su firma, si se tiene en cuenta que durante el debate en el cabildo los representantes del Distrito consideraron que el proyecto es viable.
El uso de esos medidores es muy similar al de los planes prepago para celular: el usuario paga por lo que quiere y puede consumir, así que, en caso de que se le agote la energía eléctrica, debe recargar para seguir consumiendo. Las normas en Colombia contemplan esta posibilidad desde 1997 y la primera ciudad que la implementó fue Medellín, por medio de EPM. Lo que se pretende con el acuerdo ya aprobado por el Concejo es contar con una norma distrital que garantice la promoción de la instalación de esos dispositivos, explica Miguel Uribe Turbay, concejal liberal autor de la propuesta.
La población objetivo son familias de estratos 1, 2 y 3 con dificultades para cumplir con el pago mensual de la factura, así como aquellas que ni siquiera disfrutan de una conexión, están en lugares de difícil acceso y quieren gozar del servicio según su capacidad de pago. Codensa reporta que, del 1’900.000 usuarios que tiene en Bogotá, unos 28.000, pertenecientes a esos estratos, no pagan a tiempo y están en riesgo de que les suspendan o corten el servicio, de acuerdo con datos que la empresa le suministró a Uribe Turbay en respuesta a un derecho de petición.
El concejal asegura, por eso, que los medidores prepago fomentan la equidad en el acceso al servicio y así mejoran la calidad de vida de los usuarios, algo en lo que coincide la Secretaría Distrital de Hábitat. Ambos consideran también que se trata de una política efectiva para desincentivar las conexiones piratas. Cabe aclarar, no obstante, que las normas nacionales no excluyen los hogares de estratos altos, que pueden escoger esta opción para racionalizar su consumo.
En el texto del acuerdo se estipula que los comercializadores de energía, en este caso Codensa, serán los encargados de promover la instalación de los medidores. El concejal Uribe plantea que, de todas formas, a la Secretaría de Hábitat le compete también la responsabilidad de promover la racionalización del uso de la energía, y en esa medida tendrá la posibilidad de plantear el uso de esos aparatos como opción para consumir y gastar menos en ese servicio.
Codensa indicó que en las pruebas que ha hecho “en principio los clientes manifiestan que les gusta la tecnología, pero no muestran interés en invertir en ella”.
Incluso, en su respuesta a este diario indicó que la tecnología eléctrica ha avanzado hacia medidores inteligentes, “que tienen muchas más funcionalidades que los medidores prepago y que están siendo utilizados en las ciudades que se preparan para el desarrollo de redes inteligentes”. Por eso, antes que enfocarse en los prepago, estructura un plan piloto con los inteligentes, para evaluar su comportamiento.
Detrás de todo, sin embargo, hay un fuerte debate que se reflejó en la votación con la que el proyecto pasó en el Concejo: 17 votos a favor y 10 en contra. La bancada del Polo Democrático (de cuatro integrantes) puso a circular un documento con las razones por las que votó en contra. Cuestiona que el espíritu de esta política es solucionar los problemas de las empresas de energía por falta de pago en vez de, por ejemplo, promover las mejoras de los ingresos de los habitantes de estratos bajos, o de buscar la eliminación del cargo fijo, o, aún mejor, promover la implementación del mínimo vital de energía, como se ha hecho con el agua.
Aseguran que “con el sistema prepago habrá un nuevo cargo por comercialización prepago, que incrementará la tarifa”. Uribe responde que no y la Secretaría de Hábitat asegura que, al contrario, la aplicación de esta política “debe reflejar una disminución en la tarifa”, pues la empresa dejará de invertir en lectura de medidores, envío de facturas, avisos de corte, cortes por no pago y reconexiones.
Se promueva o no su funcionamiento, lo cierto es que se abre más la posibilidad de usar esta alternativa.